Hoy, el Senado votará la Ley de Hidrocarburos
jue, 17 jul 2014 08:31
Sesión ayer de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, realizada en el Senado. Foto Roberto García Ortiz
México, DF.
El Senado de la República abrirá hoy el cuarto período extraordinario
de sesiones, para aprobar las leyes secundarias que permitirán echar a
andar la reforma energética, una serie de modificaciones a la
Constitución para privatizar el petróleo y la electricidad.
De hecho, los 22 senadores del PRD van a presentar
votos particulares contra cada uno de los cuatro díctámenes en los que
se agrupan las 17 leyes secundarias energéticas en los que el Senado es
cámara de origen. Aunado a ello, los perredistas tienen reservado todo
el articuado, por lo que se prevé que cada sesión se prolongará por
varias horas.
La sesión de hoy será para discutir y votar el primer
dictamen, que incluye la parte toral de la legislación, la Ley de
Hidrocarburos, donde se establecen las normas sobre los contratos que se
darán a las trasnacionales para explotar los energéticos, así como las
controvertidas disposiciones para la ocupación de terrenos, ejidales,
comunales y privados, en los que llevarán a cabo los proyectos y
desarrollos petroleros y energéticos.
“Los grandes consorcios nacionales y extranjeros van a
entrar a una disputa de la riqueza nacional, de ese tamaño es el
agravio al país que podría concretarse con la expedición de la
legislación secundaria en materia energética, advierte el PRD, a través
del voto particular que presentará ante el pleno el coordinador
perredista, Miguel Barbosa.
Apelará, incluso, al nacionalismo y verticalidad de
los senadores del PRI y el PAN, para votar a conciencia. “Lo que se
decida hoy y la forma en que cada quien vote perdurará en la memoria de
los mexicanos de ahora y del futuro y sólo podrá ser en dos vertientes, o
se defiende a México desechando la privatización de los hidrocarburos o
será éste el momento de mayor traición a los intereses nacionales”.
La decisión de privatizar los hidrocarburos, que han
tomado priístas y panistas, sin consultar a los mexicanos y sin haber
hecho abiertamente ante el electorado planteamientos de esa índole,
repercutirá sin duda alguna en el futuro y viabilidad de nuestro país,
insistió.
Recalcó que la esencia de las iniciativas contraviene
el Estado Nacional y la salvaguarda de las riquezas nacionales y además
es contraria a los compromisos anunciados por el gobierno federal, ya
que no se contemplan mecanismos para reducir el precio de gasolinas y
diésel, sino que se indexa a la inflación y, entre 2015 y 2019, si los
precios internacionales del petróleo suben drásticamente, la Secretaría
de Hacienda, puede incrementar el precio más allá de la inflación.
La apertura del mercado de las gasolinas y de su
comercialización, más que la reducción en sus precios, implica la
desaparición total de los subsidios. El aumento de precios de la
gasolina tiene repercusiones inflacionarias fuertes, insiste.
Barbosa destacó asimismo que es grave que se
establezca en la Ley de Hidrocarburos que los contratos que se darán a
consorcios nacionales y extranjeros se celebran directamente con el
Estado, y no con Pemex, que es la petrolera estatal, ya que ello
significa “ que el Estado responde por el contrato con todo su
patrimonio”, sino que adquiere el carácter de deuda soberana.
Los contratos de riesgo que se proponen en la Ley de
Hidrocarburos ignoran las malas experiencias que este tipo de fórmulas
la han representado a Estados petroleros que las han aplicado en el
pasado, como son el caso de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Kazajistán,
recalcó el perredista.
Puso como ejemplo a Bolivia, que en la década de los
noventas concesionó la explotación de sus yacimientos petroleros. Para
2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados
había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82 por ciento
de la producción y el estado Boliviano una regalía del 18 por ciento.
La situación se convirtió en insostenible, por lo que el gobierno
boliviano renacionalizó la industria en 2006.
“La reforma constitucional y la legislación
secundaria ponen en riesgo la seguridad energética nacional y la
soberanía del país sobre los recursos naturales al no establecer plazos
para las concesiones petroleras disfrazadas de contratos, lo que
prácticamente perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el
petróleo mexicano.”
Insiste: La posibilidad de dejar en manos privadas no
sólo la infraestructura energética, sino también los canales de
comercialización de nuestro crudo, implica un riesgo de política
energética, así como para la política económica y de seguridad
nacional”.
Resaltó que es importante tener en cuenta que las
controversias bajo los “contratos” que prevén las iniciativas muy
probablemente no se dirimirán ante los tribunales federales sino que se
someterán a arbitraje internacional.
A nombre del PRD, Barbosa pedirá que no se aprueben los dictámenes.
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