La autopista Durango-Mazatlán, obra plagada de irregularidades

El Carrizo, uno de los puentes de la autopista Durango-Mazatlán, que conecta el Golfo de México con el océano PacíficoFoto Saúl Maldonado

Saúl Maldonado

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 18 de julio de 2014, p. 33

Durango, Dgo., 17 de julio.

La Unidad de Enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció que sólo emitió dos de los tres permisos de impacto ambiental requeridos para la autopista Durango-Mazatlán de los tres solicitados. La vía mide 230 kilómetros, desde la ciudad de Durango hasta el municipio de Villa Unión, en Sinaloa, y sólo 130 kilómetros tienen autorizacción.
El primero de estos documentos, emitido en diciembre de 1997, avala los trabajos que se realizaron del kilómetro cero (en la ciudad de Durango) hasta el 104, en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, en la misma entidad.
El segundo documento, otorgado en 2002, autoriza las obras realizadas en los municipios de Villa Unión hasta Concordia (ambos en Sinaloa).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó en 2003 permiso de impacto ambiental para el tramo de El Salto, Durango, a Concordia, Sinaloa (del kilómetro 104 al 204), que incluye 53 túneles: sin embargo, la dependencia solo presentó en la solicitud la ubicación de 49.
El documento también señalaba la construcción de 25 puentes, pero no aparecía la ubicación de El Baluarte, que las autoridades estatales y federales consideran la joya de la corona de la autopista, por ser el puente colgante más alto del mundo y el segundo más largo de América Latina, con casi dos kilómetros.
Tampoco señaló dónde depositaría el material extraído de la excavación de los túneles (700 mil metros cúbicos de tierra y piedras) ni dio a conocer un proyecto para proteger la fauna de la zona, que incluye cuatro especies de mamíferos, siete de aves y una de anfibios en riesgo de extinción.
El documento no presentaba información sobre posibles daños a los recursos hídricos superficiales y subterráneos: embalses, manantiales y el río Baluarte. Por estas anomalías la Semarnat negó el permiso de impacto ambiental.

Sin embargo, esto no detuvo la construcción, que concluyó en octubre de 2013 y fue entregada por Enrique Peña Nieto.
Ernesto Pérez Virgen, representante legal de los ejidatarios dueños de la tierra por donde pasa la autopista, dijo que esta información revela corrupción e impunidad de las dependencias federales, que violaron la ley al realizar el proyecto.
Explicó que la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hubo se hicieron de la vista gorda y permitieron que la SCT construyera la autopista. Anunció los ejidatarios afectados –a quienes no les han pagado sus tierras– demandarán a la Presidencia de la República y a la SCT la reparación de los daños ambientales, que no son pocos: manantiales tapados y destrozados, el río Baluarte obstruido con piedras y tierra en algunas partes de su cauce, donde dejaban caer los desechos de los túneles, la tala de miles de árboles, destrucción de caminos y del santuario de la guacamaya verde, comentó.
Aclaró que la demanda incluirá a los ex presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa ambos permitieron que se realizaran los trabajos a pesar de que violaban la Ley de Protección Ambiental.
Pérez Virgen dijo que el año pasado la tormenta tropical Manuel inundó varias comunidades en la Sierra Madre Occidental y algunos ejidos de Sinaloa, sobre todo los asentados a orillas del río Baluarte.
Nunca se habían inundado, pero como ahora el río tiene muchos tapones, se desborda. El año pasado más de 15 casas quedaron inundadas y destrozadas en Sinaloa y más de 10 vehículos fueron arrastrados por la corriente. También por esos daños hacemos responsables a la SCT y a los ex presidentes, finalizó.

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