El SAE negociará con más de 100 acreedores de Oceanografía

Alfredo Méndez

 

Periódico La Jornada
Viernes 18 de julio de 2014, p. 19

El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), encargado de coadyuvar con el juez federal Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil de Oceanografía, designó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) como conciliador en ese procedimiento mercantil, por lo que tendrá el doble papel de administrar la compañía y negociar con sus más de cien acreedores.

En un acuerdo publicado por el juez Consuelo Soto se dio a conocer que el pasado 15 de julio el Ifecom designó al SAE como responsable de la conciliación, procedimiento indispensable en todo concurso mercantil que tiene como fin buscar un acuerdo entre acreedores y la empresa deudora para evitar su quiebra.
El SAE tendrá un año para llevar a los acreedores a firmar un convenio concursal, que no es otra cosa que conseguir un acuerdo de restructura para que los acreedores puedan determinar los tiempos y recibir los más de 17 mil 800 millones de pesos que adeuda Oceanografía.
El SAE está facultado para nombrar a su vez a un profesionista independiente a ese organismo, a fin de que se haga cargo de las tareas inherentes a un conciliador.

Hasta el momento y de manera provisional se tiene registrada una lista de 149 acreedores de Oceanografía.
Entre los más importantes se encuentra Banamex y los dueños de una emisión de bonos que se efectuó en Estados Unidos en 2008, a los que en conjunto se adeudan 11 mil millones de pesos, lo que representa 64 por ciento de los pasivos de Oceanografía.
Antes de que el juez Consuelo Soto aceptara iniciar el concurso mercantil de Oceanografía, el SAE había nombrado un visitador, cuya figura fue encabezada por el profesionista José Antonio de Anda Turati, quien ya le entregó al juzgador un dictamen en el cual se determinó la insolvencia de Oceanografía, que sólo tiene activos líquidos por 75 millones de pesos.
Al admitir el inicio del concurso mercantil el juez ordenó a la Secretaría de la Función Pública levantar la inhabilitación para recibir contratos públicos que había sido impuesta por esa dependencia, con la finalidad de que Oceanografía sea atractiva para posibles inversionistas que deseen adquirirla y evitar su quiebra.

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