Sin debate, aprueban los cuatro dictámenes sobre energía
mar, 15 jul 2014 15:52
Las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado dictaminaron las leyes secundarias en materia energética sin la presencia del PRD y PT. Foto: Roberto García Ortiz
México, DF. En
poco más de dos horas, las comisiones de Energía y de Estudios
Legislativos del Senado aprobaron en lo general y lo particular los
cuatro dictámenes de las leyes secundarias de la reforma energética, con
más de 250 modificaciones al articulado propuestas por el PAN, que se
avalaron sin discusión.
Entre los cambios del blanquiazul están la
desaparición del término “expropiación”, el cual será sustituido por
“ocupación temporal” de predios, y otras disposiciones en torno al pago a
campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas por la afectación de
sus tierras para la explotación del petróleo y la construcción de
instalaciones eléctricas.
Una vez aprobados los cuatro dictámenes, que
aglutinan las 17 leyes reglamentarias de la reforma a los artículos 25,
27 y 28 constitucionales, la Permanente citará hoy a un periodo
extraordinario en el Senado a partir del jueves, comentó el coordinador
del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Los cambios en materia de ocupación de tierras –lo
que senadores perredistas han calificado de “despojo”– estuvieron entre
los pocos artículos reservados que el PAN argumentó en tribuna. La
mayoría sólo se enunciaron y aprobaron en bloque. “Acción Nacional no
iba a permitir que los campesinos fueran abusados (sic) por los
contratistas, por empresas petroleras o gaseras”, sostuvo el panista
Salvador Vega Casillas. Dijo que propusieron eliminar el término
“expropiación” para que los propietarios rurales no pierdan sus tierras.
Habrá, dijo, una “recompensa justa por las molestias,
por el daño” e incluso “una ganancia si se encuentran en sus tierras
hidrocarburos y son explotados comercialmente”.
Frente a ese discurso, se mantuvieron en las leyes de
hidrocarburos y en la de la industria eléctrica disposiciones que
permiten a las petroleras extranjeras disponer de tierras, bosques y
aguas, las que podrán comprar o rentar. Se establece la obligación de
ejidatarios, comuneros y productores privados de entregar sus tierras y
bosques a trasnacionales a través de la figura denominada “servidumbre
legal”, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) tramitará ante el Ejecutivo, en caso de que en un plazo de 10
días, luego de la contraprestación sugerida por la dependencia, los
afectados no acepten.
Vega Casillas sostuvo que bajo ese modelo, “los
campesinos y los propietarios de la tierra serán enormemente
beneficiados por toda la riqueza que encuentren en sus propiedades”. Sin
embargo, ni siquiera se fija el porcentaje de la ganancia que
corresponderá al afectado por sus tierras, y se deja a la Secretaría de
Energía (Sener) “elaborar las metodologías, parámetros y lineamientos
que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje”, cita el
inciso C del numeral V del artículo101 de la Ley de Hidrocarburos.
En entrevista, el panista Francisco García Cabeza de
Vaca sostuvo que en la discusión ante el pleno lo anterior se modificará
para establecer que las empresas petroleras están obligadas a dar de
0.5 a 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio en cuyo
subsuelo se exploten crudo o gas.
Ente las modificaciones aprobadas está que ese
porcentaje no deberá “inhibir la competitividad ni representar una carga
desproporcionada a las actividades” de la petrolera extranjera.
El panista detalló que, para evitar abusos de las
trasnacionales, los pagos a los propietarios de la tierra deberán
constar en un contrato por escrito, que será revisado por el propio
Ejecutivo federal. Se les deberá pagar de manera adicional, dijo, por
las actividades que ya no podrán llevar a cabo, como son la siembra y la
ganadería.
Se mantiene la posibilidad de que a cambio de su
tierra los ejidatarios, comuneros o particulares puedan ser contratados
por la empresa trasnacional como “empleados”, al igual que a familiares o
miembros de la comunidad en que se establezca la explotación de
petróleo o gas.
Finalmente se suavizaron parte de las disposiciones
que el PRD ha calificado de “abusivas”. Se indica, por ejemplo, que “el
ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la
asesoría y en su caso representación de la Procuraduría Agraria en las
negociaciones”.
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