Desde el crimen de Pasta de Conchos, los derechos de mineros "son letra muerta"

Patricia Muñoz Ríos

 

Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2014, p. 18

Al recordar que hoy 11 de agosto se cumplen siete años del asesinato del minero Reynaldo Hernández González, en una emboscada que tendió contra sus trabajadores la empresa Mexicana de Cobre, unidad La Caridad, en Nacozari, Sonora, el Sindicato Nacional de Mineros enumeró diversos ataques y violaciones laborales que han cometido empresas del Grupo México contra los trabajadores.

En un comunicado, el sindicato, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, indicó que en el referido asesinato la empresa Mexicana de Cobre, que pertenece a Grupo México, pagó a sicarios fuertemente armados para reprimir a los trabajadores de la sección 298 que habían sido injustificadamente despedidos y que acudían pacíficamente a pedir su reinstalación, cuando fueron baleados.
Resaltó que desde el crimen industrial de Pasta de Conchos en febrero de 2006, las zonas mineras de las empresas de Grupo México, que pertenecen a Germán Larrea, se convirtieron en  territorios donde los derechos laborales y humanos son letra muerta, con la complacencia de las autoridades federales y estatales, así como de las secretarías de Gobernación y del Trabajo, encabezada la segunda por el nefasto Javier Lozano Alarcón en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En el documento señaló también que desde esa fecha, además de que Grupo México ha buscado destruir al Sindicato Nacional de Mineros mediante diversos métodos, se ha continuado con una persecución política, judicial, militar y laboral contra el dirigente de la organización, Napoleón Gómez Urrutia.

Acoso que hoy en día presenta otras variantes de lo mismo, aunque el gobierno ya no es del PAN, sino del PRI.
Según el sindicato, otros empresarios mineros también han violentado los derechos de los trabajadores, como los hermanos Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, de la empresa Villacero, cuando ordenaron el intento de desalojo y represión de los trabajadores de la sección 271, del puerto industrial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, acción en la que resultaron muertos Mario Alberto González y Héctor Álvarez Gómez, y heridos un centenar de empleados.
A su vez, Alonso Ancira del Grupo Acerero del Norte, quiso operar para quitarle el contrato colectivo de trabajo al Sindicato Nacional de Mineros, mediante presiones, golpes por grupos de porros y hasta el incendio del local sindical de la sección 288 de Monclova, Coahuila.
En tanto que en junio de 2009 fue asesinado a  batazos y golpes, en Fresnillo, Zacatecas, Juventino Flores Salas, de la sección 201, por acción de golpeadores pagados por la empresa Peñoles de Alberto Bailleres González.
El sindicato señaló que el  hecho de que en ninguno de esos episodios hayan sido castigados penalmente los responsables, indica que hace ya bastante tiempo que en el país no están vigentes a plenitud las leyes protectoras de los trabajadores, sino que se cobija y encubre a sus agresores empresariales, quienes andan por el mundo gozando de una total impunidad.

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