Aun sin permiso seguiremos escarbando; bajo tierra podrían estar nuestros muertos

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Integrantes del comité, durante una jornada de búsqueda en fosas clandestinas en un cerro cercano al municipio de Iguala, GuerreroFoto Pablo Ramos
Blanche Petrich
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 13 de febrero de 2015, p. 10
Iguala, Gro.
Una madrugada, el veterano taxista vislumbró, al dar vuelta en una esquina, algo que le hizo pensar: Ah, qué muchachos, qué broma tan rara, poner máscaras en las pelotas. Se horrorizó cuando se acercó y vio que las pelotas chorreaban sangre. Eran cabezas humanas. Era una señal del terror que se había apoderado de Iguala, la ciudad que gobernaba José Luis Abarca. Al poco tiempo le tocó sufrirlo en carne propia. “A mis dos hijas me las levantaron como a 20 metros de donde yo estaba. De una camioneta se bajaron dos individuos con armas largas y sólo les dijeron: “¡…ámonos, cabronas, súbanse!” Tenían 31 y 21 años. Nunca las volví a ver”. La mayor tiene dos hijas pequeñas. Eran las 9.30 de la mañana del 3 de julio de 2013. A esa hora la vida de su familia se detuvo.
No... pues es que aquí en Iguala estaba delgado el mecate, dice el hombre de su ciudad, rica no sólo por el oro de su minería y por el comercio de productos agropecuarios, sino por ser la puerta de salida de productos de la adormidera (amapola), cuyas plantaciones se extienden hacia los altos de la Sierra Madre, hasta los Filos, una región que es la segunda productora de opio del mundo, después de Afganistán. Hace dos años Guerrero desplazó, como país productor de opiáceos a Laos, Myanmar y Colombia.
El taxista envejecido camina ahora con un bastón, afectado por una embolia. Decide dejar en reserva su nombre. Cada domingo se une al grupo de búsqueda del Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, que se integró en noviembre del año pasado, a raíz de las primeras búsquedas, en los cerros circundantes, de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron emboscados por una fuerza conjunta de policías y bandas criminales.
Los primeros cuerpos encontrados en fosas abandonadas, a principios de octubre, no eran de los estudiantes desaparecidos. Entonces, ¿quiénes eran? Ahora les dicen los otros. Y según la lista del comité, que ya cuenta con 478 familiares de desaparecidos asociados, pueden ser centenares. Por lo pronto buscan los cuerpos de 236, los nombres que tienen apuntados en su lista. Los buscan en las fosas clandestinas que abundan en los cerros de los alrededores, sin esperanza de que estén vivos, sin pretender señalar a los culpables de su tragedia. Con tanto muerto, ¿qué otra nos queda?, dicen.
Desde el momento en que se encontró la primera fosa, a principios de octubre, con 28 cuerpos, Óscar Mauricio Prudenciano González, párroco de la iglesia de San Gerardo, hizo la asociación de ideas obligada. Este cura diocesano llegó hace año y medio a Iguala procedente de la parroquia de la cercana Apaxtla. En San Gerardo, un barrio popular, empezó a atender a feligreses que casi en secreto iban a pedir misas y rosarios por la liberación de algún familiar secuestrado, por la aparición de un desaparecido, por el alma de alguien a quien presumían difunto.
Con la aparición de tanta fosa pensé que esos muertos anónimos deben ser recuperados por sus familiares. Y así empezamos.
El primer paso lo dio la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg), que llegó la noche del 6 de octubre a pedir posada a la parroquia. Varios de sus elementos iban a salir al día siguiente en expedición de búsqueda y no tenían donde pernoctar. Les abrí la puerta, porque una iglesia no sólo es para rezar. También está para dar atención a los necesitados, en particular a las familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada, dice el clérigo.
Considera que San Gerardo, con su torre de imitación gótica y sus modestas instalaciones, debe ser un modelo para las demás iglesias en Guerrero. En estos tiempos tan violentos, me gustaría que todas las parroquias abrieran su puertas a las víctimas, como lo hemos hecho aquí.
Catorce domingos, 45 cuerpos
Este domingo los familiares empiezan a congregarse a las 10 de la mañana. Vienen de Cocula, Teloloapan, Huitzuco, Mezcala, Santa Teresa… hasta de las entidades vecinas de Morelos, Puebla, Tabasco y el estado de México. La desaparición más antigua que tienen registrada es de 2008. Se reparte pan y café. Antes de que siga apretando el sol se organiza el convoy. El cura bendice la misión. Los seis jóvenes oficiales de la Gendarmería que los acompañan desde el domingo pasado también se quitan el casco de su uniforme de campaña; inclinan la cabeza para orar y recibir el rocío del agua bendita. Arrancan y se encaminan hacia el destino acordado para esta semana, un paraje conocido como monte Ored. Los militares despliegan de inmediato un anillo de seguridad alrededor del área que va a ser rastreada.
Hace 14 domingos empezaron las expediciones de búsqueda. La Upoeg abandonó la aventura la primera semana. Pero ellos han desarrollado sus propios métodos. Llevan picos, palas y varillas, sombreros y camisas de manga larga. Ya están familiarizados con las espinas de los huizaches y las insolaciones. También con la amenaza sorda que adivinan en las esquinas y tras las ventanas de las últimas casas de la localidad. “Siempre hay halcones que nos espían”, cuenta Claro Raúl Canaan, un veracruzano radicado en Mezcala. Y los va señalando. Aquel semioculto detrás de un tronco; otro asomado a la puerta de un tendajón, con un celular pegado a la oreja; uno más que descorre apenas la cortina de una ventana.
El padre Óscar recuerda que un domingo varias camionetas con hombres armados empezaron a seguir la caravana. Por prudencia suspendieron la búsqueda. También están las amenazas. Y la burla cruel. Hace poco nos dejaron un mensajito, recuerda Claro Raúl. “Por ahí, en la maleza, dejaron, así en hilerita, ropa de mujer: vestidos, faldas, blusas… después zapatos, medias, sostenes, tangas.”
Los perpetradores de los crímenes siguen ahí, en los barrios de las orillas, en las casuchas dispersas en el monte, en las oficinas de la policía ministerial, de la municipal, entre los dueños de los negocios más prósperos.
Conviven con sus víctimas
Los primeros fines de semana los familiares de desaparecidos subieron al monte acompañados por forenses de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ellos dieron por terminada la búsqueda casi inmediatamente. Y además nos dijeron que nosotros no podíamos escarbar por nuestra cuenta. Pero, aunque sin permiso, vamos a continuar porque somos mayoría, porque estamos dolidos y porque los que están ahí, bajo tierra, quizá sean los nuestros.
A los hijos de Canaan, Omar e Hiram, de 21 y 24 años, los levantaron en 2008. Los bajaron de su camioneta a balazos. Sí siento miedo, dice Canaan. Pero más miedo me va a dar cuando mis nietos crezcan y me pregunten qué hice para encontrar a su padre. Su hermano Juan Jesús, militar en activo, organiza e imparte instrucciones: el grupo puede dispersarse hasta los límites del terreno de búsqueda determinado, pero sin perderse de vista. Donde se vea una hondonada, quizá cubierta de piedras, se debe revisar con cuidado. Un tronco tronchado, desechos y restos de comida y papeles, ropa o zapatos pueden ser una señal. Ahí debe probarse si la tierra está floja. Si lo está, hunden una varilla hasta el fondo. Al sacarla la olfatean con cuidado. Aseguran que aunque hayan pasado años, un resto humano sigue preservando un olor penetrante, singular.
Si encuentran fundadas sospechas de haber encontrado una fosa la marcan con un montículo de piedras y clavan unos banderines anaranjados. Otro equipo de búsqueda y excavación que trabaja de lunes a jueves subirá para verificar si es un positivo. Si encuentran un cuerpo, las autoridades de la PGR y forenses regresan el viernes y trasladan el o los restos. Del Servicio Médico Forense local son enviados de inmediato al Distrito Federal, ya que en Iguala no hay cupo para un cuerpo más. Después vienen los estudios forenses, la comprobación genética con las muestras de ADN que ya se han recopilado y la espera de resultados.
El grupo sabe que su esfuerzo no es inútil. En menos de tres meses han recuperado 45 cuerpos. Los equipos de la PGR sólo llevan tres, a pesar de sus caninos y su georradar, dicen con cierto desdén. De estos 45 ya fueron identificados tres. Uno fue reintegrado a su familia.
Ese fue un hito para todos ellos. Se trata de Carlos Sánchez, de Teloloapan. El viernes pasado casi todo el comité viajó a Tierra Caliente para acompañar a sus deudos en el sepelio. Fue como una luz para todas nosotras, dice Juana Miranda, que busca a su esposo, un humilde hojalatero, Alejandro Saavedra, secuestrado y desaparecido en 2013. Demostramos que sí podemos, al menos, traer de regreso a nuestra gente para darle cristiana sepultura. Y así fue. Desaparecido, enterrado en el monte, su esqueleto casi desintegrado después de tantos años, Carlos, de Teloloapan, recibió los santos óleos y ahora tiene una tumba con cruz.

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