México y su inviable ruta económica
CONTRALÍNEA
16. agosto, 2015
Autor: Martin Esparza
La reiterada exigencia que el propio
sector empresarial del país viene haciendo desde hace un par de meses a
la actual administración, para que se ejecute un cambio en la actual
política económica con el objetivo inmediato de crear más empleos y
reducir la pobreza, es la prueba indiscutible de que el modelo
neoliberal ha llegado a las puertas de un callejón sin salida al que le condujo la aprobación de las reformas estructurales.
La caída en los precios internacionales del petróleo y al deslizamiento del peso frente al dólar han terminado por dar la puntilla
a los objetivos de crecimiento económico trazados al inicio del
sexenio, y que con la puesta en marcha de reformas, como la energética y
la laboral, supuestamente detonaría la bonanza y la creación de miles
de puestos de trabajo en el país. Todo indica que los buenos deseos de
la tecnocracia han tomado cartas de naturalización en el país del nunca jamás.
Ahora, en medio de una severa crisis
económica –aún no aceptada por la parte oficial– y el anuncio de la
aplicación de un presupuesto base cero para 2016 que, de acuerdo con lo
anunciado, implicará una reingeniería financiera que optimice los magros
recursos públicos evitando duplicidad de funciones y logrando
significativos ahorros, el gobierno federal deberá mostrar un poco de
congruencia si no desea que el país se le vaya de las manos.
Si de optimizar y economizar recursos se
trata, llegó el momento de restringir privilegios en las altas esferas
del poder público donde habita, muy alejada de la palabra crisis, la
burocracia dorada que por décadas ha sido solapada por el Estado
mexicano y su clase política. Si en cada uno de los órdenes de gobierno,
municipal, estatal y federal, se reducen los sueldos de sus altos
funcionarios, lo mismo que en organismos caros e inservibles como el
Instituto Nacional Electoral; el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde sus consejeros
perciben ingresos millonarios, lo mismo que en otras instituciones como
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o hasta la propia Suprema
Corte de Justicia de la Nación, las economías a las finanzas públicas
serían considerables.
No es válido, ni moralmente aceptable,
bajo ninguna óptica, que mientras, como lo informó el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, uno de cada dos
mexicanos se encuentra en un rango de pobreza –55.3 millones de
habitantes–, un reducido grupo de privilegiados goce de canonjías a las
que ni siquiera sus homólogos en los países del primer mundo acceden. La
misma clase empresarial está consciente de que ya no puede cargársele la mano a quienes desde hace 30 años vienen soportando sobre sus espaldas
el peso de repetidos errores económicos proyectados desde las oficinas
del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde
despachan los funcionarios que se han equivocado una y otra vez por
obedecer las políticas financieras de los organismos internacionales sin
tomar en consideración el bienestar social de las mayorías. Los
resultados negativos están a la vista de todos.
En esta dosis de sentido común, el
gobierno en turno debe llevar a la realidad la aplicación de la Ley de
Disciplina Financiera, en cuyo contenido se establece la prohibición a
los gobiernos estatales y municipales a contratar de manera
irresponsable deuda pública, y la publicación de la totalidad de sus
empréstitos y obligaciones de pago que deberán quedar saldados 3 meses
antes de concluir sus periodos.
El compromiso por disminuir los montos de
endeudamiento tanto en las entidades federativas como en el gobierno
federal es sin duda un inaplazable asunto de supervivencia para la
presente administración que ya ha establecido un récord histórico en el
ámbito de la deuda pública. En el renglón del crecimiento de la deuda de
las 32 entidades federativas, se registró, de 2012 al presente año, un
incremento del 20 por ciento, al pasar de 432 mil millones de pesos a
510 mil millones.
En el ámbito federal, las cifras son aún
más alarmantes, pues de 2012 a 2015 la deuda pública creció en 2
billones 150 mil 322 millones de pesos; es decir, casi 1 billón por año,
para alcanzar un endeudamiento total del sector público de 7 billones
503 mil 117 millones. Lo preocupante es que los multimillonarios
empréstitos no se han visto reflejados en el atrofiado crecimiento
económico y mucho menos en el lacerado nivel de vida de millones de
mexicanos.
La clase política debe asumir los costos
de haber llevado a los extremos su modelo de privatización de más de 1
mil empresas públicas e infraestructuras carreteras que culminaron en su
itinerario antinacionalista con sus impuestas reformas que –como la
energética– buscan entregar el petróleo, la electricidad, el gas, los
minerales y demás riquezas naturales, de forma preferente, al capital
extranjero.
Reformas como la laboral han despojado de
sus derechos a millones de trabajadores, sobre todo a los jóvenes que
inician su vida productiva, negándoles el acceso a la seguridad social, a
la estabilidad laboral y un salario remunerador; otras, como la
educativa, conducen a la inminente privatización de la escuela pública y
al despido de miles de maestros en el país, asomando en el horizonte de
las agresiones sociales la intención de privatizar los servicios de
salud, el abasto de agua y la aplicación del IVA en alimentos y
medicinas.
Y por si estas calamidades no bastaran,
la devaluación de nuestra moneda incidirá directamente en el alza de
todos los productos de importación que se adquieren a tipo dólar, sobre
todo los alimentos que dejamos de producir por seguir al pie de la letra
las desventajosas obligaciones mercantiles del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte. Nuevamente quienes habrán de pagar el
costo de la incorrecta estrategia económica serán los que menos tienen.
De nada vale que los responsables de la
planeación económica se escuden en argumentos tales como que el país
está blindado para resistir embates macroeconómicos, aduciendo que los
cambios en la paridad cambiaria no tendrán efectos inflacionarios. La
recesión que enfrenta el país ha terminado por paralizar el crecimiento
económico ubicándolo en un círculo vicioso del que la tecnocracia
neoliberal no quiere salir.
Pero a pesar de que las evidencias sobre
la errática política económica son abrumadoras se insiste en vivir en el
error. El fracaso de la Ronda Uno, que debía ser la piedra angular
de la esperada bonanza nacional, ahora busca ser reeditado, en su
segunda etapa, flexibilizando los requisitos para los inversionistas,
según lo anunció la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No quiere
aceptarse que el derrumbe del mercado petrolero ha devaluado a nuestros
recursos petroleros que ahora ni a precio de ganga son adquiridos por
los consorcios internacionales. Y cabe preguntarse: ¿por qué insistir en
seguirlos privatizando?
Ahora más que nunca está bien clara la
urgencia de un cambio de dirección en la política económica antes de que
la nación quede hecha trizas; sin embargo, el reclamo
generalizado que obligue a rectificar el rumbo deberá surgir desde los
movimientos sociales, porque está comprobado que desde las esferas del
poder no existe el menor asomo por salvar a la nación. Treinta años de
desaciertos y crisis cíclicas ahora tienen a la mitad de los mexicanos
en la pobreza. Es hora de rectificar.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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