En Tiripetío no protestan bonito
Operativo de la Policía Federal en la Normal Rural Vasco de Quiroga en Tiripetío, en 2012. Foto: Enrique Castro.
Las imágenes difundidas sobre los hechos del sábado 14 muestran decenas de jóvenes sangrando y uso excesivo de la fuerza policiaca que inició el ataque. Pero la mayoría de las noticias destacan que hubo cuatro policías heridos. Ayotzinapa no enseñó nada al gobierno de Silvano Aureoles, el perredista con calentura presidencial.
Desde hace años, los normalistas rurales son noticia. Una y otra vez, son exhibidos como violentos, facinerosos, transgresores de la ley, tan perversos que, cada ocasión en que son golpeados, detenidos, desaparecidos o asesinados, se destaca en los partes informativos gubernamentales, los policías heridos y estimados de daños materiales.
Los mismos informes gubernamentales, de manera oficial o por la consabida filtración –esa perversa manipulación–, hacen entroncar las protestas de los normalistas con la presencia de delincuencia organizada: fue el hampa –según el gobierno—responsable de la desaparición hace tres años de los 43 normalistas de Ayotzinapa; es el hampa, han sugerido, quien se encuentra detrás de los normalistas michoacanos.
En el mejor de los casos, suele informarse que, detrás de los normalistas rurales en protesta, hay intereses políticos por afectar la imagen de un buen gobernador, un político honrado que se apega a la legalidad y, en respeto al estado de derecho, hace uso legítimo de la fuerza pública para aplacar disturbios. Políticos buenazos… así como Ángel Aguirre y Fausto Vallejo, ambos defenestrados, acusados e impunes, por ahí sí, presuntos vínculos con el hampa y desfalcos millonarios en sus breves administraciones (37 mil millones irregulares del primero, desfalco de 4 mil millones del segundo).
¿Qué piden los normalistas? No tanto como lo desviado por esos exmandatarios ni como lo que acumularán los actuales. Generalmente piden becas y mejoras en sus planteles; ampliar matrícula; mantener planes de estudio como los que había cuando entraron; adaptación de contenidos a condiciones sociales, culturales y económicas de las zonas donde se desempeñarán; asegurar una plaza laboral, o bien, apoyar una causa con la que simpatizan.
Lo anterior significa que exigen que el Estado cumpla con su obligación de subsidiar la educación de los pobres y que sus planteles cuenten con condiciones dignas; que se mantenga abierta la única oportunidad de educación superior para los hijos de campesinos e indígenas; que el gobierno tome en cuenta que serán destinados a zonas en las que la educación cumple una función nucleadora de la sociedad y no de la competitividad; conseguir un empleo conforme a lo que estudiaron y, conscientes de la función del ciudadano en una sociedad democrática, apoyar causas que consideran justas y que se relacionan con derechos fundamentales e igualitarios.
Esas posiciones de los normalistas –legítimas a la luz de perspectiva de cualquier noción democrática—, para las que emplean la marcha, el paro, el bloqueo y la toma de edificios públicos, son utilizadas para proyectarlos como criminales. La clase política y empresarial prefiere una noción de ciudadanía distinta, como la que forma el Tec de Monterrey: aquella fábrica de líderes que “protesta bonito”, marchando por la banqueta del campus cuando le matan estudiantes –como ocurrió en Monterrey en 2010–, o del estudiantado aguerrido en redes sociales que defiende las irregularidades en la construcción del campus que arrojó 5 muertos y 40 heridos en el sismo del 19 de septiembre.
Naturalmente, las protestas son molestas para muchos ciudadanos, que inclusive, llegan a ver afectado su patrimonio, su tiempo o su tranquilidad. Pero no debe culpar a los normalistas. Hay una forma de evitarlas y es que el gobierno cumpla su función y atienda los reclamos de justicia social.
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