#SeguridadSinGuerra urge a la Corte declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior
Un hombre protesta contra la Ley de Seguridad Interior. Foto: Hugo Cruz
Compuesto por más de un centenar de organizaciones civiles, familiares de víctimas y académicos, el colectivo consideró que la SCJN “tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional”.
Al afirmar que la permanencia del Ejército en las calles en los últimos 12 años “ha resultado un fracaso” en el combate a la violencia, los activistas sostuvieron que la LSI promulgada por Enrique Peña Nieto “agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país”.
En un comunicado, el colectivo resaltó que hasta ahora no hay pruebas fehacientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen haya disminuido los índices de delitos de alto impacto. Por el contrario, “se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes”.
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Para los activistas, la LSI “es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia”.
Ante esa amenaza, la LSI se ha convertido en la legislación más impugnada en los últimos tiempos, al ser objeto de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo por instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), las minorías parlamentarias de las cámaras de Diputados y Senadores, el gobierno de Chihuahua, las comisiones estatales de derechos humanos, así como, al menos tres municipios del Estado de México (Nezahualcóyotl, Ocuilán y Cocotitlán), tres de Yucatán (Oxkutczab, Tepekan y Hoctun), tres de Puebla (Ahuatacán, San Pedro Cholula y Tepeyahualco) y uno de Chihuahua (Hidalgo del Parral).
A estas acciones se suma un amparo interpuesto por personas defensoras de derechos humanos y periodistas contra dicha Ley, al considerar que “su aplicación obstaculiza e inhibe” su labor al generar condiciones adversas a su seguridad.
“Compartimos la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas”, consideraron los firmantes del comunicado.
Además, explicaron que su oposición a la LSI radica en que “contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y trasgreden el orden federal”, que la hacen incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales firmados por México.
El colectivo #SeguridadSinGuerra enlistó cinco de los principales riesgos que representa la legislación. El primero es la falta de claridad en los términos de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional, atribuyéndole “a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles”. Le sigue el hecho de que no se fijan plazos de las intervenciones federales.
A decir de los inconformes, en la ley “no se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas”, ni tampoco se contemplan mecanismos de control y rendición de cuentas para quienes comenta abusos; la ley viola el derecho a la información y el principio de máxima publicidad, en tanto que “aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos”.
Los integrantes del colectivo consideraron que para “para vivir en un contexto de paz” y sentirse seguros, lo que se requiere son “estrategias integrales que no generen más violencia”.
Según su consideración, continuar dependiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, “debilita la formación y debilita la formación y el fortalecimiento de un Estado democrático”, tareas que “corresponden a las autoridades civiles”.
Por ello, insistieron en llamar a los ministros de la SCJN “a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública”.
También convocaron a los ministros a “corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos”, por lo que llamaron a los integrantes de la SCHN a defender “la Constitución y declaren inconstitucional la LSI”.
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