Aquel 18 de marzo de 1938…

La Jornada, Opinión

20 de Marzo del 2018

 

Adolfo Gilly

Amalia Solórzano, el general Lázaro Cárdenas del Río y su hijo Cuauhtémoc, en la residencia oficial de Los Pinos en 1935Foto tomada del libro Era otra cosa la vida, de Amalia
Solórzano (Nueva Era Editores)

E

n un alucinante y preciso reportaje publicado en su edición del domingo 18 de marzo pasado, firmado por Jesusa Cervantes y titulado La desnacionalización petrolera, la revista Proceso documentó, a lo largo de siete páginas (páginas 6-12), el desmantelamiento de Pemex sexenio tras sexenio, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto. Ese mismo día el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, leyó la siguiente declaración:

En el 80 aniversario de la expropiación petrolera
Se cumplen hoy 80 años de la fecha en la que Lázaro Cárdenas decretó, en favor de la nación, la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, rebeldes al fallo de la justicia nacional.
De manera vergonzante, escabulléndose de la fecha y rogando que los sucesos de 1938 desaparezcan de la memoria colectiva, la administración actual se reunió en falsa conmemoración en torno al hecho que más le escuece: la Expropiación Petrolera. Los voceros oficiales señalaron ese día que gracias a la reforma estructural en energía, los mexicanos ya podemos libremente comprar petróleo o gas natural recién salidos del pozo, así como olefinas y aromáticos que se obtienen en la petroquímica y otros petrolíferos a quien nos plazca, ya no sólo a Petróleos Mexicanos sino también a Shell, Exxon, etcétera. Supuestamente un gran logro.
Señalaron también que uno de los principales problemas de Pemex lo constituye el huachicol, una de las formas de robo a la empresa del gobierno, olvidándose de otras, tan graves o quizá más que aquella, como los sobornos de Odebrecht; las comisiones que ocultamente se están cobrando por la importación de gasolinas –millones de litros diarios–, los altos precios que éstas, así como el gas, han alcanzado; los desvíos del Pemexgate; o las contabilidades oscuras de las subsidiarias de Pemex creadas en el extranjero, que operan en países en los que el derecho mexicano no es aplicable, por lo que sus cuentas no se auditan por autoridad mexicana y el destino de sus utilidades no se hace público.
En esa ceremonia se ignoró y ninguna mención se hizo de la declinación de la producción y las reservas probadas; el abandono y la caída de la producción petroquímica; los recortes presupuestales a Pemex, las deficiencias de mantenimiento y el incremento de accidentes. Se dijo, sí, que gracias a la reforma, los consorcios petroleros privados han comprometido una inversión del orden de 200 mil millones de dólares, a realizarse en el futuro, sin precisar horizonte. Pero no se dijo que en cuatro años transcurridos de las contrarreformas constitucionales, se han invertido solamente poco más de 3 mil millones, esto es, escasamente el 1.5 por ciento de lo ofrecido, y a ese ritmo la cifra total se alcanzaría en unos 60 años, mientras que antes de esa reforma Pemex venía invirtiendo de tres a cinco veces más anualmente que el total invertido en los años de reforma.
Tampoco se mencionó la enajenación de la quinta parte de los territorios submarinos del país, concesionados principalmente a consorcios extranjeros para la explotación de los ricos yacimientos de hidrocarburos que contienen; ni el deterioro intencionado de las refinerías, la importación de más del 70 por ciento de los combustibles que se consumen en México, la balanza comercial petrolera con un déficit de más de 18 mil millones de dólares el año pasado y el riesgo que esto representa para la seguridad energética, y más allá, a nuestra seguridad nacional.

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Estas son algunas de las graves consecuencias de la contrarreforma energética, que culminó en su instrumentación legal con las reformas de diciembre de 2013 a los artículos 27, 25 y 28 de la Constitución y que el gobierno está llevando atropelladamente a la práctica. Atropelladamente, pero con objetivos muy claros: entregar lo más pronto posible el presente y sobre todo el futuro petrolero de México y los mexicanos a intereses ajenos, aquellos que aprovechan la corrupción y el entreguismo de las altas autoridades, aquellos mismos que fueron expropiados en 1938, junto con otros que les acompañan y con los que comparten el expolio de recursos y riquezas en territorios que no son los suyos.

Este gobierno y aquellos intereses que desde fuera lo conducen quieren hacernos creer que la reforma energética es irreversible, que llegó para quedarse, que se han suscrito contratos e instrumentos legales que impiden cualquier cambio a la situación impuesta. Ese fue el discurso de la Colonia frente a la demanda de independencia. Que lo que está ya es imposible cambiarlo, si no es a un altísimo costo, aunque no se precisa cuál sería éste.
Ese ha sido y es el primer argumento que traen a colación quienes defienden la obligada y ya impuesta inamovilidad. Así argumentan quienes quieren de nuevo dar valor al derecho de conquista. De manera similar se argumentó para impedir que se plasmara y reconociera la libertad de conciencia en nuestras leyes. Son palabras de las dictaduras de todos los tiempos que se han escuchado en los cinco continentes. Es lo que hoy nos dice y repite el neoliberalismo. Y sin embargo se mueve, cuentan que dijo Galileo.

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¿Que el costo de un cambio sería sumamente alto? ¿Qué tanto? No creo que más alto que haber arrojado a más de la mitad de los mexicanos a la pobreza. No más alto que haber forzado a 10 o 15 millones de mexicanos a emigrar en busca de cómo ganarse la vida. No más que mantener los salarios más bajos que los de todos aquellos países con los que se comercia. ¿Más de lo que han costado Pemexgate, OHL, Oceanografía, Higa, Odebrecht, Fobaproa, sumados o por separado? No más que el deterioro de la calidad educativa o las carencias de los servicios de salud.

¿Más alto el costo que los costos de la corrupción y la impunidad? ¿Más elevado que los dineros públicos que los medios señalan se desviaron de los gobiernos de Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, etcétera? ¿Más costoso que lo erogado en el ineficaz combate a la delincuencia? Seguramente mucho menos que el costo de la inseguridad que priva por todos los rincones del país y muchísimo menos que el de las vidas perdidas en el ineficaz combate a la delincuencia, o en Acteal, Tanhuato, Tlatlaya, o las de quienes se descubrieron en las fosas clandestinas de Tetelcingo y muchas más, o las de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Todo esto ha sido y es más costoso para México que cualquier cambio de rumbo político, social o económico que pueda llevarse a cabo. Y todo esto ha sucedido por el modelo de desarrollo entreguista y excluyente o de estancamiento estabilizador como algunos le llaman, que se nos ha impuesto en las cuatro últimas décadas.
Acabar con la corrupción y la impunidad; romper ataduras de dependencia; crecer económicamente; reconocer los valores del trabajo; repartir la riqueza pública de modo equitativo, no sólo es una demanda generalizada, no sólo es necesario, sino que es posible. Posible, a condición de hacer las cosas de manera distinta a como se vienen haciendo en los últimos 40 años de vida de nuestro país. Posible con un pueblo consciente y constructivamente rebelde.
Llevar a la práctica un proyecto de crecimiento con equidad es posible. Se requiere fundamentalmente la voluntad y el tesón de un pueblo que así lo quiera y que se organice para ello.
Para alcanzar este objetivo no se parte de cero. Amplios sectores de la población tienen conciencia clara del cambio que buscan. Saben también que es necesario construir una mayoría social que lo impulse, estructure y respalde políticamente, y empiezan a caminar en este sentido.

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Está definido el proyecto de cambio en lo esencial; y al mismo tiempo que se le construye la fuerza social que lo conduzca y respalde, se tiene que considerar la forma de llevar a cabo el desmantelamiento de las estructuras institucionales, económicas, políticas y sociales creadas en las décadas de subordinación política y económica y de exclusión social, y su sustitución por las nuevas, creadas democráticamente en ejercicio de la soberanía popular y con sentido de equidad.

Paso prioritario e inicial, sin duda, es la reversión de las reformas estructurales: la laboral, que se ha aprobado afectando gravemente los derechos de los trabajadores; la laboral-administrativa en materia educativa, que lesiona derechos del magisterio, que ignoró los contenidos y la modernización de la tarea educativa, la indispensable universalización de los ciclos obligatorios, así como la elevación de los niveles de vida y preparación profesional de los educadores, y, desde luego, la energética, que desvirtúa el espíritu reivindicador de 1917 al dejar al Estado sin facultades para orientar el aprovechamiento de los recursos naturales del país en función del interés general y cede nuestro presente y nuestro futuro a los grandes consorcios multinacionales del expolio.
Revertir las reformas de los artículos 27, 25 y 28 constitucionales significará que los sectores de los hidrocarburos y el servicio público de electricidad vuelvan a considerarse estratégicos y de gestión exclusiva por el Estado; que el Estado cuente con facultades para determinar la utilización y manejo que deba darse a los hidrocarburos, no sólo los que se encuentran dentro del subsuelo, como ha establecido la reforma, sino de nuevo también los que ya estén fuera del subsuelo, es decir, ya en condiciones de utilización.
¿Que habrá juicios que enfrentar, adecuaciones y ajustes técnicos, financieros, económicos, legales, que realizar? ¿Que todo ello será complejo? Ciertamente. Habrá que lidiar con ello, como en su momento lo hicieron los gobiernos de la Revolución cuando se elevaron los impuestos petroleros o al imponer nuevas reglas a las concesiones, y como se hizo desde el 18 de marzo de 1938 hasta que se saldaron las indemnizaciones de la Expropiación. Se pudo en el pasado y no tiene por qué no poderse ahora.
Esta es la lucha hoy, para todos aquellos que aspiramos a un México soberano, libre y equitativo. Lo queremos, es necesario y es posible.
18 de marzo de 2018

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En este 80 aniversario de la expropiación petrolera, encabezada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas y el general Francisco J. Múgica me permito, en estas nuestras páginas de La Jornada, manifestar mi acuerdo con el reportaje de Jesusa Rodríguez y con la convocatoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

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