La nueva generación priista que hundió a Peña Nieto
El nuevo libro del periodista Jenaro Villamil
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En su toma de protesta como presidente de México –el 1 de diciembre de 2012–, Enrique Peña Nieto se tomó una foto en Palacio Nacional con 19 gobernadores que lo acompañaron. La mayoría son priistas. Y gran parte de ellos apostaron, apoyaron e invirtieron en su campaña desde 2010. De aquellos 19 mandatarios estatales, 11 enfrentan ahora cargos por peculado, lavado de dinero o desvío de fondos, están prófugos o han ganado amparos para protegerse. El panorama de esa “nueva generación” de priistas en el poder cambió radicalmente en seis años. Veamos los principales casos:
1. El cuestionado gobierno de Rodrigo Medina Mora en Nuevo León tuvo como consecuencia que el PRI perdiera la gubernatura en 2015; Medina ha sido señalado por su sucesor, el “independiente” Jaime Rodríguez, El Bronco, quien lo acusó por desvío de millones de pesos durante su administración. Sin embargo, la Operación Tornado del gobierno neoleonés –que investiga a 60 exfuncionarios– generó más expectativas que resultados concretos. Medina estuvo recluido 18 horas en el penal de Topo Chico, en enero de 2017, y salió gracias a un amparo tramitado por sus abogados. Se le acusó de manipular 3 mil 600 millones de pesos, pero su sucesor no lo pudo comprobar. Se le siguió un proceso judicial por ejercicio indebido de funciones.
2. Andrés Granier, exgobernador priista de Tabasco cuya gestión en la gubernatura provocó que en 2012 el candidato del PRI fuera derrotado en las urnas por Arturo Núñez, del PRD. Granier fue detenido en 2013, acusado de desviar 2 mil 604 millones de pesos, proceso contra el cual se amparó. Desde junio de 2013 se encuentra preso en la Torre Médica del penal de Tepepan (Ciudad de México).
Andrés Granier se volvió un ejemplo de excesos y frivolidades dentro de los gobiernos tabasqueños. Desde sus 400 pares de zapatos, sus mil camisas presumidas en un audio, hasta las fiestas en la casa de gobierno, el mandatario priista superó por mucho la herencia de cleptocracia de Roberto Madrazo. Extendió sus tentáculos de corrupción hasta Yucatán.
3. César Duarte Jáquez, exgobernador priista de Chihuahua cuya mala administración provocó la derrota del tricolor ante la oposición en 2016. Sobre él pesan más de 11 órdenes de aprehensión y varios cargos por peculado electoral, que suman alrededor de 250 millones de pesos; además enfrenta acusaciones por otros casos de lavado de dinero a través de banco Unión Progreso y desvío de recursos por mil 200 millones de pesos. Actualmente se encuentra prófugo. Se presume que está en Estados Unidos.
Duarte Jáquez llegó a la gubernatura de Chihuahua apoyado por su principal padrino político, el senador Emilio Gamboa Patrón. Hizo y deshizo en su entidad durante seis años sin que nadie lo frenara. Su gasto intensivo en comprar medios de comunicación formó parte de sus excesos. En 2012 destinó 808 millones de pesos en gastos para medios, 772 millones en 2013, 602 millones en 2014, 602 millones en 2015 y en 2016, año en que el PRI perdió la gubernatura, destinó 328 millones de pesos a ese rubro, según los datos oficiales de la Oficina de Comunicación Social.
4. Javier Duarte de Ochoa, exgobernador priista de Veracruz; tampoco logró que el PRI refrendara la gubernatura en 2016. Ese año triunfó su acérrimo adversario, el expriista Miguel Ángel Yunes. A Duarte se le considera uno de los casos más escandalosos de corrupción en los últimos años.
Acusado por la Auditoría Superior de la Federación de desvío por más de 36 mil millones de pesos del presupuesto público, ha sido señalado de encabezar una red de más de 400 empresas fantasma que le sirvieron para el lavado de dinero y presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Huyó del país en octubre de 2016, en vísperas de dejar el gobierno. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, cuando salía de un hotel, y en julio del mismo año fue extraditado a México. Se le sigue un largo y complejo proceso jurídico, del cual se excluyen los delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno y denunciados por activistas, ciudadanos, medios locales e incluso organismos internacionales.
El desastre que dejó en Veracruz no se refiere sólo a la bancarrota del erario. La bancarrota moral fue incluso más grave: miles de desaparecidos, un enfrentamiento constante con los periodistas, hasta lograr el triste récord del estado con más reporteros asesinados, secuestrados o desplazados; un secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que se convirtió en el jefe del crimen organizado en la entidad; una colección de excesos autoritarios y de casos tan graves como Los Porkys –que alcanzó notoriedad nacional–, gracias al apoyo de una red empresarial corrupta.
5. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien también ocasionó la derrota del PRI en la contienda electoral por la gubernatura en 2016. Se le acusa de presunto “lavado de dinero” y desfalco al erario estatal por 900 millones 99 mil pesos, derivados de la venta irregular de 22 predios de 7 millones 118 mil metros cuadrados. También tiene investigaciones pendientes por presunto peculado electoral, que sumaría unos 200 millones. Una más: supuestamente está asociado, junto con César y Javier Duarte, a una red de empresas fantasma para desviar recursos a las campañas. Huyó del país, pero fue detenido en Panamá y extraditado a principios de 2018. Borge fue protegido y apadrinado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, con quien presumió no sólo su amistad, sino sus excesos. Gastó del erario más de 500 millones de pesos tan sólo en rentar aviones para sus viajes personales.
6. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, que dejó el gobierno en 2016. Primero fue acusado de encubrir al narcofiscal Édgar Veytia, señalado por la DEA de ser el principal operador en la distribución y producción de drogas en su propia entidad; Sandoval insistió una y otra vez que él “ignoraba” lo que su propio exfiscal hizo.
En enero de este año el Congreso de la entidad comenzó una investigación en su contra por presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos. Su red de corrupción la encabezaron parientes que formaron parte también de una red de empresas fantasma.
7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también de desviar 170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso del estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.
8. Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es señalado por participar también en una presunta red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI) ante Francisco García Cabeza de Vaca.
Torre Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo, el cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.
9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torre Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red de lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila (2011).
Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin duda, los ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo analizaremos).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriista).
Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas, lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los grupos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles que dominaron las principales zonas de trasiego de la droga.
11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.
En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona, España, pero unos días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se confrontó públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila –Rubén Moreira– y aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su impronta.
A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.
El informe señala que desde 2004 Los Zetas apoyaron con 10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI, corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.
El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.
12. La administración del exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral para que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos involucran a su administración con la compañía española OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno –Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María Zarza–con operaciones ilegales a favor de la constructora.
Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de seguridad pública en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI en la Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y es quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.
13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores priistas. Está el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por defraudación fiscal.
14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también aparece el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en medio del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte presencia del Ejército.
Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca como en este periodo toda una generación de exgobernadores priistas había sido acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario En la mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber alertado del enorme daño que causarían en las entidades.
En este periodo se agudizó una tendencia marcada en 2000, con la llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor grado, PRD: a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas de peculado y triangulación de fondos.
Un recuento publicado por el periódico Reforma el 11 de febrero de 2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los “virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores” formado desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la Presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el país: el Grupo Atlacomulco.
Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría de estos casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto de impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.
Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con su tutor y pariente en lejano grado.
Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros exgobernadores priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que llegaron junto con él. La complicidad fue muy básica: a cambio del desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero público o triangulado) en las operaciones político-electorales de varias entidades. Una operación que se realizó frente a las narices del gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de los comicios estatales de 2010.
Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de cada entidad que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la Presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus derrotas electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al país y a cada una de las entidades más de una década para que sean resarcidas.
Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por Jenaro Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.
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