El reto de Bartlett en CFE
Para rescatar a la CFE y PEMEX, frenar descapitalización y desmantelamiento cuyos únicos beneficiados han sido las grandes trasnacionales
Por José Antonio Almazán González
Regeneración, 8 de agosto del 2018. Incluso sin modificar el actual marco constitucional y legal de la industria eléctrica en México, el solo anuncio de la designación de Manuel Bartlett Díaz como próximo Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado un revuelo en los medios semi oficiales de comunicación y en las redes sociales. ¿Cuál es el mar de fondo de estos cuestionamientos?
Por supuesto nada tienen que ver con el pasado de Bartlett y menos aún con una supuesta incompetencia técnica y administrativa.
Pero vale la pena recordar que desde septiembre de 2000, siendo Senador de la República por parte del PRI y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Manuel Bartlett ha sido un firme defensor de la industria eléctrica nacionalizada y de sus fundamentos constitucionales, que le otorgaban la “exclusividad nacional“ en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Recordemos que enfebrero de 1999 se dió el primer intento de privatización de la industria eléctrica promovida por Ernesto Zedillo y un año y medio después por Vicente Fox que buscaron entregar el patrimonio nacional eléctrico mediante sendas contrarreformas al marco constitucional.
En esa desigual lucha, siendo Senador del PRI, cuando a su interior todavía existía una corriente nacionalista, encabezó una fuerte oposición en el Congreso de la Unión y junto con una amplia movilización nacional y popular al frente de la cual se encontraba el SME, dieron al traste con esas intentonas,desechando ambas iniciativas presidenciales.Hoy, ese pasado nacionalista es el que está atrás del alboroto mediático.
Pero como lo ha dicho repetidamente Bartlett su tarea al frente de la CFE no contempla modificar ese marco constitucional.
Las instrucciones de AMLO han sido claras y precisas: rescatar a la CFE del desastre y la quiebra técnica a que fue conducida después de 26 años de haberse iniciado el proceso privatizador eléctrico.
Recordemos que en 1992 mediante una iniciativa en ley secundaria, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, promovida por Carlos Salinas de Gortari, se abrieron las puertas al capital privado para invertir en la generación de electricidad.
Lo que siguió después fue el crecimiento vertiginoso de la inversión privada en el sector eléctrico.
En tan solo 25 años lograron aposentarse en todo el territorio nacionala través de permisos de generación lo mismo como Productores Independientes de Energía (PIE´s), Autoabastecimiento, Cogeneración, Importación y Exportación de energía, quienes conforme a datos del último Informe Anual de la CFE de diciembre de 2017 controlan ya el 48% de la generación eléctrica nacional.
El mecanismo utilizado para ese acelerado crecimiento de las empresas eléctricas privadas consistió en disminuir el crecimiento de la inversión productiva en la CFE; sacar de operación a cientos de plantas de generación de la CFE, que contaban todavía con vida útil; incrementar desproporcionadamente el margen de reserva de generación eléctrica y, por supuesto, otorgar todas las facilidades para la inversión privada mediante los Proyectos de Inversión de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) y los Productores independientes de energía.
De esos mecanismos privatizadores vienen las actuales pérdidas de CFE por más de 39 mil millones de pesos y una deuda que asciende ya a más de 17,603 millones de dólares, a junio de 2018.
Asimismo, para valorar lo que está en juego es pertinente resaltar el monto de la inversión eléctrica para los próximos años, calculada en alrededor de 2 billones de pesos, repartidos de la siguiente forma: 1, 692 mil millones en generación, de los cuales el 33% se daría para los próximos 5 años; 173 mil millones de pesos en Transmisión y 138 mil millones de pesos en Distribución. Este el botín eléctrico que busca apropiarse el capital privado.
Esto es lo que los intereses privatizadores en el sector eléctrico no quieren que se cambie. Pues, por supuesto, rescatar a la CFE, aún bajo el marco legal de “empresas productivas de estado“ implica modificar radicalmente ese modelo descapitalizador y privatizador desarrollado desde 1992 y consolidado con la contrarreforma constitucional y legal de 2014-2015.
Rescatar a la CFE implica frenar de tajo el plan de retiro de115 plantas de generación con una capacidad de generación de 11,821 MW, como puede leerse en el PRODESEN 2018-2032.
El dato es alarmante, pero lo es más si consideramos lo ocurrido en los años anteriores en que fueron dadas de baja decenas de plantas de generación con vida útil.Ahí están por ejemplo las pequeñas plantas de generación hidroeléctrica de Necaxa, Puebla, que estaban colocadas en la lista de plantas que serían dadas de baja, por obsoletas y que finalmente fueron entregadas en concesión a la empresa electrica Generadora Fenix, subsidiaria de la trasnacional Mota Engil, mismas que siguen funcionando.
Recuperar a la CFE pasa por dotarle de una partida de inversión productiva, suficiente y necesaria, para incrementar sustancialmente su capacidad de generación propia y los mantenimientos en sus redes de transmisión distribución.
Priorizando un programa de rehabilitación de su parque de generación hidroeléctrica, así como de fuentes de energía limpias y renovables, con recursos propios y sin favoritismo alguno a las trasnacionales eléctricas.
Todo ello está al alcance de la mano y debe reflejarse en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 que será enviado para su discusión y aprobación a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de este año.
Este es el fondo del problema, lo demás son cortinas de humo y pretextos para confundir a la opinión pública.
El punto es, para rescatar a la CFE pero también a PEMEX, se requiere frenar el proceso de descapitalización y desmantelamiento técnico y operativo, cuyos únicos beneficiados han sido las grandes trasnacionales energéticas.
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