Iniciará gobierno de AMLO en Sonora y B.C. la reducción de tarifas eléctricas
DOSSIER POLÍTICO
Se deja sentir en Sonora la mano del próximo director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, pues se ha formado grupo ciudadano responsable de elaborar un análisis a fondo del sistema eléctrico en el noroeste mexicano, como punto de partida para proponer cambios en el paradigma de los servicios que presta la paraestatal, entre ellos, la reducción de tarifas eléctricas para uso doméstico y la producción social del campo.Con ello, se busca definir el comportamiento del mercado eléctrico mayorista y su impacto social en la región noroeste de México y que la CFE visibilice los beneficios y perjuicios que ha traído la indiscriminada participación de capital privado nacional, extranjero y mixto en la generación, suministro y venta de electricidad en Sonora y Baja California, estados punteros en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, eólicos y de ciclo combinado, paradójicamente las plazas con las tarifas más caras del mundo.
Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico
Dia de publicación: 2018-08-13
El próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador
contempla que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de Sonora y
Baja California sean los primeros en gozar de una nueva tarifa social que
incluye una reducción en el costo del kilowatt hora para uso doméstico y
agrícola, en una primera etapa; posteriormente, los beneficios alcanzarían la
facturación comercial e industrial en el noroeste y el resto del país.
En colaboración con quien dirigirá la Comisión Federal de Electricidad
en el próximo gobierno de la república, Manuel Bartlett Díaz, Sonora ha sido el
primero en conformar un grupo denominado "Despacho Ciudadano"
responsable de canalizar las propuestas sociales, financieras y técnicas que
aporte la sociedad civil tendiente a eficiente los servicios de la Comisión
Federal de Electricidad.
Esto incluye los análisis cualitativo y cuantitativo de los servicios de
la paraestatal y su papel social en la región noroeste del país; el
costo-beneficio de los servicios que presta y el comportamiento de la
oferta-demanda del fluido en esta área geográfica del país, la disponibilidad
del recurso y los beneficios para el usuario final y las utilidades que deja en
la cadena de intermediación o exportación del fluido.
El despacho ciudadano trabaja ya en la elaboración de un análisis
financiero, técnico y de impacto social cuyas conclusiones serán dadas a
conocer después del primero de diciembre del año en curso, cuando
constitucionalmente el gabinete encabezado por AMLO asuma responsabilidades
plenas, según informó a Dossier un integrante de la agrupación ciudadana con la
reserva de su identidad y la del resto del grupo.
"Se nos pidió trabajar con mucho sigilo y discreción para evitar
que se politice el tema de las nuevas tarifas de la electricidad, que desde su
campaña propuso nuestro hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que puedo adelantar es que la sociedad sonorense puede tener la
garantía de que, después de muchos años de luchas infructuosas y la apatía de
los gobiernos por hacer suyo este clamor ciudadano, hoy la reducción del costo
del servicio eléctrico será una realidad en Sonora y el resto del país.
Tenemos que ser discretos en lo
que hacemos y propondremos para evitar que surjan falsos redentores de esta
histórica lucha social en el noroeste de México. No deseamos que alguna
persona, grupo, partido político o entidad de gobierno busquen dar otro sesgo a
lo que fue un compromiso de campaña de quien hoy es nuestro presidente electo.
Lo hizo en campaña con los sonorenses y con los mexicanos en general",
dijo el informante.
Un documento mostrado por la fuente plasma las directrices a seguir para
establecer las nuevas tarifas eléctricas en el noroeste de México y que se estima
queden definidas al transcurso del primer trimestre de la nueva administración
de López Obrador.
El documento Indica que el próximo gobierno está muy interesado en clarificar
las reglas sobre las que se rige el mercado eléctrico nacional luego de la
reforma energética impulsada por el actual régimen.
Tambien, añade, en visibilizar el grado de legalidad, transparencia,
sustentabilidad social y criterios de elegibilidad sobre las que el gobierno de
Peña Nieto sustentó su decisión de otorgar miles de títulos de permisos a
consorcios privados de capital nacional, extranjero o mixto, lo que legalmente
les permite participar en el mercado eléctrico mayorista nacional y de exportación.
Ya sea mediante la generación de energía limpia o de ciclo combinado,
transportación, suministro, comercialización o como usuario calificado y en
toda la gama de actividades de lucro que permite la nueva configuración legal
de la actividad relacionada al recurso eléctrico nacional.
Sonora y Baja California son punteros en la participación de empresas
privadas en la generación, suministro, distribución, transportación y toda la
cadena de valor que incluyó la reforma peñanietista al abrir el mercado
eléctrico mayorista. Como paradoja, tambien estos estados siguen manteniendo
una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.
Para el año 2030 Sonora y Baja California estarán aportando el 50 por
ciento de la demanda nacional de la electricidad y los "excedentes"
las empresas privadas estarán en posibilidades de exportar a Estados Unidos y
Centro y Sud-América.
Actualmente el 25 por ciento de la energía que se produce en el noroeste
de México proviene de fuentes renovables, actividad que de cinco años a la
fecha ha experimentado un crecimiento exorbitante en la región donde los
gobiernos han esforzado sus políticas públicas en facilitarles sus operaciones.
Sonora ha experimentado un crecimiento histórico a partir de la reforma
al marco legal del mercado eléctrico en el 2013; a partir de ahí los sonorenses
han sido testigos de la apertura de muchas empresas dedicadas a la generación
de energía mediante la operación de inmensos parques fotovoltaicos localizados
en diversos puntos de la región costa-centro y noroeste de Sonora.
También la generación de energía eólica ha crecido, aunque en menor
escala que se suma a las reconvertidas plantas de carbón a generación por ciclo
combinado (gas-combustóleo) de Puerto Libertad y Empalme, bajo operación del
sector público (CFE) y las tradicionales hidroeléctricas también bajo este
régimen.
La participación de capital privado en el mercado eléctrico de Sonora
compite únicamente en la venta de electricidad destinada al alumbrado público
de cinco municipios sonorenses, pero el próximo año las compañías privadas
podrán ofertar el servicio a cualquier usuario en general, aun cuando no sean
generadoras del recursos, solo participando en la compraventa y solo obligándose
a utilizar la Red Nacional de Distribución bajo administración de la CFE y los
centros de distribución previo pago por el usufructo.
Pese al boom en el mercado eléctrico mayorista que experimenta Sonora y
Baja California, los costos de las tarifas siguen siendo insultantes y
exageradamente onerosas para el bolsillo del ciudadano común, aun con el
subsidio que aportan los gobierno federal y estatal sobre la facturación real
del servicio doméstico.
Con sobrada razón permea la percepción social en el noroeste de México
que la apertura al sector privado del mercado eléctrico mayorista no ha
generado beneficio alguno a las familias sonorenses, en especial las de menores
ingresos. Antes, al contrario, el costo por kilowatt hora sigue en aumento.
El haber permitido al capital privado participar de la cadena de valor
del mercado mayorista en su faceta de generación, distribución y venta de
electricidad o para exportación solo ha beneficiado a las mismas empresas
participantes y sus propietarios o asociados.
Por cierto, no pocas de las compañías participantes son propiedad
familiar o en sociedad de políticos, funcionarios y personajes allegados a los
círculos gubernamentales de los regímenes preponderantemente priistas de los
gobiernos estatal y federal, aunque también políticos o exfuncionarios del PAN
se han beneficiado de la repartición de títulos de permiso.
Aunado a lo anterior, los consorcios de capital extranjero, nacional o
mixto participantes del mercado eléctrico mayorista en el noroeste y el resto
de México paulatinamente están convirtiendo a la CFE en su cliente cautivo, de
tal suerte que la paraestatal está siendo desplazada de “empresa estratégica
del estado mexicano" a simple comprador y revendedor del recurso, por
cierto, en términos muy onerosos y para el usuario final de hogares, comercios,
industrias o del sector agropecuario.
Mayor suspicacia genera sobre la verdadera razón de la reforma
energética del régimen que fenece, al quedar evidenciado que, lejos están las
empresas privadas participantes del mercado eléctrico mayorista de generar la
riqueza deseada en las regiones donde desarrollan exponencialmente sus
inversiones, ya sea a través de sus parques fotovoltaicos, bosques eólicos y
plantas de ciclo combinado.
La mano de obra mayoritaria que generan estas empresas es temporal, es
decir, solo durante la etapa de instalación de su infraestructura, pero una vez
en operación la demanda de trabajadores se reduce a su mínima expresión, esto,
por la naturaleza misma de la actividad y el alto grado de automatización de
parques fotovoltaicos, los aerogeneradores, igual en las plantas base
gas-combustóleo.
Agregue a lo anterior que estos consorcios reciben atractivos incentivos
fiscales de los gobiernos de los tres niveles y sus contribuciones al erario
estatal o federal son ínfimos; en cambio, la autoridad le ofrece todas las
facilidades para su instalación, entre ellas alta disponibilidad de suelo para
operar, además de obviarles la tramitología del marco regulatorio exigible.
No son pocos los estímulos crediticios que la banca de desarrollo ofrece
a las empresas nacionales asociadas al mercado eléctrico y los subsidios
gubernamentales para el fomento de proyectos están a su disposición libremente
y que cuestan al presupuesto federal miles de millones de pesos, principalmente
en apoyos destinados a estudios de mercado y programas de capacitación para el
personal gerencial.
En Sonora como en el resto del país los
consorcios privados participantes del mercado mayorista, en especial los
permisionarios para el suministro eléctrico operan sobre el riesgo de
convertirse en una red de especulación financiera disfrazada de "bolsa de
electricidad".
El mismo fenómeno sucederá por una eventual
tenencia indiscriminada de Certificados de Energías Limpias (CEL), que el
gobierno de México emite a través de la Tesorería de la Federación como valores
intercambiables, asociados al vaivén de la oferta y demanda mundial del
recurso.
Estos y muchos otros elementos de duda están siendo tomados en cuenta
por el "despacho ciudadano" de Sonora en el análisis sobre los beneficios
o perjuicios que ha traído para la sociedad sonorense y en especial para el
usuario del servicio doméstico la apertura del mercado eléctrico mayorista.
Paralelamente se busca definir el papel que desempeña la Comisión Federal de
Electricidad como empresa estratégica del Estado mexicano y de cara a la
función social para la que fue creada años ha.
La asociación ciudadana aclara que colabora con la próxima dirección de
la CFE desde Sonora como organismo independiente multidisciplinario y que sus
integrantes participan sin devengar emolumento alguno de ningún gobierno,
además que no forman parte de algún partido político como organización, aunque
sus integrantes están en libertad de tal pertenencia.
El despacho ciudadano agrupa a empresarios, académicos, líderes de la
sociedad civil, luchadores históricos contra altas tarifas de la CFE, ex
servidores públicos y ciudadanos comunes en general con representatividad en
las principales ciudades de Sonora.
Nace como voz del colectivo sonorense con el compromiso de ser escuchado
por la alta autoridad del próximo gabinete federal, en particular, por quien
será director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y sus principales colaboradores.
Será a esta instancia a quien hará llegar las propuestas definitivas a efecto
de enriquecer las de la paraestatal y que Sonora y México cuenten en lo
sucesivo con tarifas eléctricas con sentido social en beneficio principalmente
de familias de menos ingresos y en general, a todo el usuario doméstico del
país.
Entre sus objetivos, la agrupación también contempla elaborar un padrón
de usuarios morosos del servicio de la CFE en Sonora para incluirlos como
candidatos a beneficiarse del programa de condonación de adeudos que -por
instrucciones del presidente electo- emprenderá la próxima administración de la
paraestatal para aquellos que demuestren incapacidad económica para cubrir
facturaciones históricas.
Fuente
Comentarios