Iniciará gobierno de AMLO en Sonora y B.C. la reducción de tarifas eléctricas

 
DOSSIER POLÍTICO
 

Se deja sentir en Sonora la mano del próximo director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, pues se ha formado grupo ciudadano responsable de elaborar un análisis a fondo del sistema eléctrico en el noroeste mexicano, como punto de partida para proponer cambios en el paradigma de los servicios que presta la paraestatal, entre ellos, la reducción de tarifas eléctricas para uso doméstico y la producción social del campo.Con ello, se busca definir el comportamiento del mercado eléctrico mayorista y su impacto social en la región noroeste de México y que la CFE visibilice los beneficios y perjuicios que ha traído la indiscriminada  participación de capital privado nacional, extranjero y mixto en la generación, suministro y venta de electricidad en Sonora y Baja California, estados punteros en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, eólicos y de ciclo combinado, paradójicamente las plazas con las tarifas más caras del mundo.

Fernando Gutiérrez R. Dossier Politico

Dia de publicación: 2018-08-13



El próximo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador contempla que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad de Sonora y Baja California sean los primeros en gozar de una nueva tarifa social que incluye una reducción en el costo del kilowatt hora para uso doméstico y agrícola, en una primera etapa; posteriormente, los beneficios alcanzarían la facturación comercial e industrial en el noroeste y el resto del país.
En colaboración con quien dirigirá la Comisión Federal de Electricidad en el próximo gobierno de la república, Manuel Bartlett Díaz, Sonora ha sido el primero en conformar un grupo denominado "Despacho Ciudadano" responsable de canalizar las propuestas sociales, financieras y técnicas que aporte la sociedad civil tendiente a eficiente los servicios de la Comisión Federal de Electricidad.
Esto incluye los análisis cualitativo y cuantitativo de los servicios de la paraestatal y su papel social en la región noroeste del país; el costo-beneficio de los servicios que presta y el comportamiento de la oferta-demanda del fluido en esta área geográfica del país, la disponibilidad del recurso y los beneficios para el usuario final y las utilidades que deja en la cadena de intermediación o exportación del fluido.
El despacho ciudadano trabaja ya en la elaboración de un análisis financiero, técnico y de impacto social cuyas conclusiones serán dadas a conocer después del primero de diciembre del año en curso, cuando constitucionalmente el gabinete encabezado por AMLO asuma responsabilidades plenas, según informó a Dossier un integrante de la agrupación ciudadana con la reserva de su identidad y la del resto del grupo.
"Se nos pidió trabajar con mucho sigilo y discreción para evitar que se politice el tema de las nuevas tarifas de la electricidad, que desde su campaña propuso nuestro hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que puedo adelantar es que la sociedad sonorense puede tener la garantía de que, después de muchos años de luchas infructuosas y la apatía de los gobiernos por hacer suyo este clamor ciudadano, hoy la reducción del costo del servicio eléctrico será una realidad en Sonora y el resto del país.
 Tenemos que ser discretos en lo que hacemos y propondremos para evitar que surjan falsos redentores de esta histórica lucha social en el noroeste de México. No deseamos que alguna persona, grupo, partido político o entidad de gobierno busquen dar otro sesgo a lo que fue un compromiso de campaña de quien hoy es nuestro presidente electo. Lo hizo en campaña con los sonorenses y con los mexicanos en general", dijo el informante.
Un documento mostrado por la fuente plasma las directrices a seguir para establecer las nuevas tarifas eléctricas en el noroeste de México y que se estima queden definidas al transcurso del primer trimestre de la nueva administración de López Obrador.
El documento Indica que el próximo gobierno está muy interesado en clarificar las reglas sobre las que se rige el mercado eléctrico nacional luego de la reforma energética impulsada por el actual régimen.
Tambien, añade, en visibilizar el grado de legalidad, transparencia, sustentabilidad social y criterios de elegibilidad sobre las que el gobierno de Peña Nieto sustentó su decisión de otorgar miles de títulos de permisos a consorcios privados de capital nacional, extranjero o mixto, lo que legalmente les permite participar en el mercado eléctrico mayorista nacional y de exportación.
Ya sea mediante la generación de energía limpia o de ciclo combinado, transportación, suministro, comercialización o como usuario calificado y en toda la gama de actividades de lucro que permite la nueva configuración legal de la actividad relacionada al recurso eléctrico nacional.
Sonora y Baja California son punteros en la participación de empresas privadas en la generación, suministro, distribución, transportación y toda la cadena de valor que incluyó la reforma peñanietista al abrir el mercado eléctrico mayorista. Como paradoja, tambien estos estados siguen manteniendo una de las tarifas eléctricas más caras del mundo.
Para el año 2030 Sonora y Baja California estarán aportando el 50 por ciento de la demanda nacional de la electricidad y los "excedentes" las empresas privadas estarán en posibilidades de exportar a Estados Unidos y Centro y Sud-América.
Actualmente el 25 por ciento de la energía que se produce en el noroeste de México proviene de fuentes renovables, actividad que de cinco años a la fecha ha experimentado un crecimiento exorbitante en la región donde los gobiernos han esforzado sus políticas públicas en facilitarles sus operaciones.
Sonora ha experimentado un crecimiento histórico a partir de la reforma al marco legal del mercado eléctrico en el 2013; a partir de ahí los sonorenses han sido testigos de la apertura de muchas empresas dedicadas a la generación de energía mediante la operación de inmensos parques fotovoltaicos localizados en diversos puntos de la región costa-centro y noroeste de Sonora.
También la generación de energía eólica ha crecido, aunque en menor escala que se suma a las reconvertidas plantas de carbón a generación por ciclo combinado (gas-combustóleo) de Puerto Libertad y Empalme, bajo operación del sector público (CFE) y las tradicionales hidroeléctricas también bajo este régimen.
La participación de capital privado en el mercado eléctrico de Sonora compite únicamente en la venta de electricidad destinada al alumbrado público de cinco municipios sonorenses, pero el próximo año las compañías privadas podrán ofertar el servicio a cualquier usuario en general, aun cuando no sean generadoras del recursos, solo participando en la compraventa y solo obligándose a utilizar la Red Nacional de Distribución bajo administración de la CFE y los centros de distribución previo pago por el usufructo.
Pese al boom en el mercado eléctrico mayorista que experimenta Sonora y Baja California, los costos de las tarifas siguen siendo insultantes y exageradamente onerosas para el bolsillo del ciudadano común, aun con el subsidio que aportan los gobierno federal y estatal sobre la facturación real del servicio doméstico.
Con sobrada razón permea la percepción social en el noroeste de México que la apertura al sector privado del mercado eléctrico mayorista no ha generado beneficio alguno a las familias sonorenses, en especial las de menores ingresos. Antes, al contrario, el costo por kilowatt hora sigue en aumento.
El haber permitido al capital privado participar de la cadena de valor del mercado mayorista en su faceta de generación, distribución y venta de electricidad o para exportación solo ha beneficiado a las mismas empresas participantes y sus propietarios o asociados.
Por cierto, no pocas de las compañías participantes son propiedad familiar o en sociedad de políticos, funcionarios y personajes allegados a los círculos gubernamentales de los regímenes preponderantemente priistas de los gobiernos estatal y federal, aunque también políticos o exfuncionarios del PAN se han beneficiado de la repartición de títulos de permiso.
Aunado a lo anterior, los consorcios de capital extranjero, nacional o mixto participantes del mercado eléctrico mayorista en el noroeste y el resto de México paulatinamente están convirtiendo a la CFE en su cliente cautivo, de tal suerte que la paraestatal está siendo desplazada de “empresa estratégica del estado mexicano" a simple comprador y revendedor del recurso, por cierto, en términos muy onerosos y para el usuario final de hogares, comercios, industrias o del sector agropecuario.
Mayor suspicacia genera sobre la verdadera razón de la reforma energética del régimen que fenece, al quedar evidenciado que, lejos están las empresas privadas participantes del mercado eléctrico mayorista de generar la riqueza deseada en las regiones donde desarrollan exponencialmente sus inversiones, ya sea a través de sus parques fotovoltaicos, bosques eólicos y plantas de ciclo combinado.
La mano de obra mayoritaria que generan estas empresas es temporal, es decir, solo durante la etapa de instalación de su infraestructura, pero una vez en operación la demanda de trabajadores se reduce a su mínima expresión, esto, por la naturaleza misma de la actividad y el alto grado de automatización de parques fotovoltaicos, los aerogeneradores, igual en las plantas base gas-combustóleo.
Agregue a lo anterior que estos consorcios reciben atractivos incentivos fiscales de los gobiernos de los tres niveles y sus contribuciones al erario estatal o federal son ínfimos; en cambio, la autoridad le ofrece todas las facilidades para su instalación, entre ellas alta disponibilidad de suelo para operar, además de obviarles la tramitología del marco regulatorio exigible.
No son pocos los estímulos crediticios que la banca de desarrollo ofrece a las empresas nacionales asociadas al mercado eléctrico y los subsidios gubernamentales para el fomento de proyectos están a su disposición libremente y que cuestan al presupuesto federal miles de millones de pesos, principalmente en apoyos destinados a estudios de mercado y programas de capacitación para el personal gerencial.
En Sonora como en el resto del país los consorcios privados participantes del mercado mayorista, en especial los permisionarios para el suministro eléctrico operan sobre el riesgo de convertirse en una red de especulación financiera disfrazada de "bolsa de electricidad".
El mismo fenómeno sucederá por una eventual tenencia indiscriminada de Certificados de Energías Limpias (CEL), que el gobierno de México emite a través de la Tesorería de la Federación como valores intercambiables, asociados al vaivén de la oferta y demanda mundial del recurso.
Estos y muchos otros elementos de duda están siendo tomados en cuenta por el "despacho ciudadano" de Sonora en el análisis sobre los beneficios o perjuicios que ha traído para la sociedad sonorense y en especial para el usuario del servicio doméstico la apertura del mercado eléctrico mayorista. Paralelamente se busca definir el papel que desempeña la Comisión Federal de Electricidad como empresa estratégica del Estado mexicano y de cara a la función social para la que fue creada años ha.
La asociación ciudadana aclara que colabora con la próxima dirección de la CFE desde Sonora como organismo independiente multidisciplinario y que sus integrantes participan sin devengar emolumento alguno de ningún gobierno, además que no forman parte de algún partido político como organización, aunque sus integrantes están en libertad de tal pertenencia.
El despacho ciudadano agrupa a empresarios, académicos, líderes de la sociedad civil, luchadores históricos contra altas tarifas de la CFE, ex servidores públicos y ciudadanos comunes en general con representatividad en las principales ciudades de Sonora.
Nace como voz del colectivo sonorense con el compromiso de ser escuchado por la alta autoridad del próximo gabinete federal, en particular, por quien será director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz y sus principales colaboradores. Será a esta instancia a quien hará llegar las propuestas definitivas a efecto de enriquecer las de la paraestatal y que Sonora y México cuenten en lo sucesivo con tarifas eléctricas con sentido social en beneficio principalmente de familias de menos ingresos y en general, a todo el usuario doméstico del país.
Entre sus objetivos, la agrupación también contempla elaborar un padrón de usuarios morosos del servicio de la CFE en Sonora para incluirlos como candidatos a beneficiarse del programa de condonación de adeudos que -por instrucciones del presidente electo- emprenderá la próxima administración de la paraestatal para aquellos que demuestren incapacidad económica para cubrir facturaciones históricas.

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