Los insaciables ministros y exministros de la Corte
Los 11 ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le han dejado claro al
presidente electo André Manuel López Obrador que no cederán ante su
pretensión de reducir el millonario salario (7.2 millones de pesos
anuales) que perciben, por lo que ya preparan su defensa ante lo que se
pronostica como una dura batalla legal entre esos dos Poderes de la
Unión.
A esos 11 togados se agregan también los
exministros de la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de
austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una directriz
imperante de su gobierno, se inclina por defender los intereses de sus
colegas ministros y los de ella misma, pues ha dicho que ya le explicó
al presidente electo que no se puede reducir el salario de los ministros
porque es un derecho constitucional.
Pero por qué Sánchez Cordero defiende
con tanta pasión el ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada
miembro de la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos
los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las
prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes dicen
defender la legalidad y la constitucionalidad del país.
Es decir, que Sánchez Cordero también
recibe una jugosa pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta
exministra ganará además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los
108 mil pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.
Por lo pronto ésta es la primera
contradicción que el próximo gobierno va a enfrentar, cuando la
encargada de atender la política interna del país rechaza desde ahora
las disposiciones del próximo presidente de la República para reducir
los cuantiosos salarios y pensiones de la burocracia.
Es momento de considerar si tiene
sentido mantener en un puesto clave del próximo gobierno a una persona
convencida de que debe existir una élite política que obtengan del
erario sueldos individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras
que millones de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario
mínimo anual de 32 mil 233 pesos.
En esta confrontación legal que ya
vislumbra el propio López Obrador, destaca que es precisamente la
Suprema Corte de Justicia la responsable de analizar y decidir sobre la
constitucionalidad de los artículos que refieren sobre el salario.
Eso convierte a los 11 ministros en juez
y parte, pues por un lado ellos alegan que el salario no debe reducirse
porque es un derecho constitucional, mientras que López Obrador buscará
también que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor
público puede ganar más que el presidente de la República, y como él
bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales, entonces
nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto.
Como seguramente los ministros
determinarán mantener su voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo
inmoral y grotesco que resulta que un grupo de burócratas que se dicen
“servidores públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación
de pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia.
La corrupción del Poder Judicial
Sin embargo, este tema salarial no es,
por mucho, el principal problema al que se enfrentarán los dos Poderes
de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como
también lo ha mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos,
es también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la Corte.
Ha sido sumamente doloroso y grotesco
observar cómo la burocracia de los tres Poderes se llena de dinero las
alforjas cada 6 años y con cada cambio de gobierno siempre aparece una
nueva clase política enriquecida ilícitamente.
En ese sentido observamos como miembros
del Poder Ejecutivo roban literalmente dinero público: son muchos los
casos y ejemplos ya mencionados en medios de comunicación. Lo mismo
sucede con el Poder Legislativo, en donde diputados y senadores tienen
elevados salarios y múltiples canonjías y privilegios que no se obtienen
ni en países desarrollados.
Pero sin duda que el mayor agravio para
la población es la corrupción del Poder Judicial, porque cada juez,
magistrado o ministro que se corrompe pone en juego la vida, la libertad
y el patrimonio familiar de acusados y víctimas. Pero el máximo
tribunal de justicia del país no hace nada por combatir la corrupción.
Así que los elevados salarios que
defienden hoy los ministros de la Corte son totalmente contrarios a la
impartición de justicia, la cual sigue siendo una aspiración y una
exigencia de la población. Entonces, por qué pagarles esas fortunas
cuando han sido incapaces de proporcionarnos justicia.
Puntos suspensivos… Hace unos días se
llevaron a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que López
Obrador y miembros del que será su gabinete escucharan las demandas y
denuncias de familias de decenas de miles de víctimas de asesinato,
secuestro y desaparición. Con todo el dolor y desesperanza de familiares
que han perdido a padres, hermanos, hijos, cónyuges, quienes integrarán
la nueva burocracia gubernamental el próximo sexenio escucharon
atónitos las terribles narraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo
previsto hasta que a López Obrador se le ocurrió hablar de “perdón” ante
esas víctimas. Aunque entiendo el interés del presidente electo por
pacificar de alguna forma el país, la exigencia de justicia para esas
víctimas que han vivido el homicidio en sus familias, la desaparición o
el secuestro de algunos de sus miembros, no puede ser negociable. Mucho
menos se les puede pedir que otorguen perdón a los victimarios. ¿O a
quién se refiere López Obrador cuando les dice a estas víctimas ni
olvido pero sí perdón? Si revisamos la estructura de esos crímenes
tenemos que el asesinato, secuestro o desaparición la cometió uno o
varios sicarios; arriba de él está quien los contrata y les paga, lo que
lo hace responsable directo, y en la punta de la cúspide criminal
aparece el autor intelectual, que bien pueden ser narcotraficantes,
políticos, autoridades de los tres niveles de gobierno, jefes policiacos
o militares. ¿A quién de éstos propone López Obrador perdonar? Por
supuesto que a nadie de éstos se puede perdonar; entonces, ¿para qué
escuchar a estas familias de víctimas si lo que se les va a pedir es
algo que con justicia no están dispuestos a aceptar? Urge que le
expliquen cuándo y dónde puede emplear esas palabras que lejos de dar
esperanza de justicia causan más dolor, desconfianza e indignación.
Miguel Badillo
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