Pobladores echan de su comunidad a personal de la Sener que buscaba negociar el paso de gasoducto
El Consejo Regional de Pueblos Originarios Puebla-Hidalgo en Defensa del Territorio informó que, encabezados por Carmen Álvarez, la gente de la Sener utilizó dos patrullas de la policía estatal para tratar de intimidar a la población.
“La comunidad se organizó, los esperó con pancartas y mantas en muestra del rechazo del paso del gasoducto. La representante de la Sener insistía en querer negociar diciendo a las personas que protestaban que si no lo permitían les iban a quitar el servicio de la Luz”, relató la agrupación en un comunicado.
Al grito de “fuera, fuera, fuera”, “no queremos consulta” y “no al gasoducto”, los pobladores obligaron a los trabajadores de la dependencia federal a salir de la comunidad, escoltados por elementos de la policía estatal.
Entre gritos, aseguran que al arrancar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esa obra será detenida. Una de las vecinas toma la palabra y en náhuatl habla del rechazo de la comunidad al gasoducto.
El Consejo Regional aseguró que una vez que corrieron a los representantes de la dependencia federal, las patrullas trataron de intimidar a los manifestantes, por lo que la comunidad organizó guardias para vigilar los caminos y “evitar que personas extrañas entren a su territorio por la noche, y también evitar que la policía arremeta contra los compañeros que estuvieron presentes en la protesta”.
De igual manera, señaló que el presidente auxiliar de la comunidad, Andrés Diego, es quien convoca a esas reuniones, pese a que en varias ocasiones se le ha pedido que no actúe como trabajador de la empresa.
“Anteriormente él ha estado invitando a la población a que vayan a ver la construcción del gasoducto; en realidad los llevan a pasear y a comer, y a las personas que llegan a ir también les hacen firmar documentos”, apuntó.
El gasoducto Tuxpan-Tula, construido por la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca (TGNH), filial de la canadiense TransCanada, inicia en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y pasa por los estados de Puebla, México e Hidalgo.
Supuestamente comenzaría a operar en enero de 2018, pero a finales del año pasado las comunidades de Cuautepec y San Pablito, en la Sierra Norte –agrupadas en el Consejo de Pueblos Originarios–, lograron que juzgados de distrito ordenaran la suspensión definitiva de la obra, además de que echaron abajo la vigencia de la manifestación de impacto ambiental y la evaluación de impacto social.
Por su lado, las comunidades de San Antonio El Grande, San Nicolás, Chila de Juárez, Montellano, Zoyatla, Ahuacatitla, Tlalcruz de Libres, Cuauneutla, Cruzanta, San Andrés y Tlacuilotepec lograron el reconocimiento judicial de sus autoridades tradicionales, punto de partida de la estrategia jurídica para la defensa de sus territorios.
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