Agroclúster, 385 millones para los “agroempresarios”
Más de 40 agroparques fueron beneficiados con recursos públicos por arriba de los 385 millones. Este modelo de negocio no impactó en los eslabones más bajos de la cadena productiva. Todo se quedó en manos de los agroempresarios
Del presupuesto destinado al “agotado”
campo mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó 385 millones
420 mil 240 pesos a conglomerados agroindustriales, a través de Programa
de Fomento a la Agricultura, Componente Desarrollo de Clúster
Agroalimentario, operado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Entre los beneficiados figuran
agroempresarios priístas como Jesús Viscarra, al que se le dotaron 50
millones para el Agroparque SuKarne Lucero (Contralínea 525),
ejemplo de lo que significó incrementar la brecha entre aquellos que no
tienen ni siquiera para producir sus propios alimentos y los más
beneficiados por esta administración.
“Se ha vivido un sexenio más de abandono
al campo y de resistencia para los campesinos, con un bajo índice de
apoyos, contrario a los beneficios para los grandes empresarios”, dice
Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo
(FAC), integrado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y
Campesinas, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Movimiento
Social por la Tierra.ç
Los proyectos han evidenciado la
deficiente administración en este sector, el modelo de negocio no ha
repuntado y ha presentado daños en su manejo económico, revelan dos
evaluaciones oficiales. Además, se han detectado irregularidades en su
operación, por lo que la Auditoría Superior de la Federación ha
fiscalizado los recursos.
Estas irregularidades se han
desarrollado en el contexto de un campo mexicano en el abandono y con
una la brecha de desigualdad económica creciente; mientras que menos del
10 por ciento de las unidades rurales tienen ingresos superiores a los
562 mil pesos anuales, las más desfavorecidas sobreviven con menos de 17
mil pesos al año y representan más del 72 por ciento de las unidades
rurales.
Por ello, en el país es un tema
pendiente observar los resultados que ha generado el desarrollo de estos
proyectos. “Se considera que para los pequeños productores será
complicado incursionar en un agroparque, dada la cantidad de recursos y
experiencia que se requiere. Es importante considerar la identidad
cultural y territorial sobre el agroparque, para que los procesos y el
normal funcionamiento no se vea amenazado en un futuro”, dice el estudio
Cadenas de valor, agroclusters y agroparques, elaborado los
investigadores Sergio Roberto Márquez Berber, Alma Velia Ayala Garay,
Isabel Mamani Oño, Mary Kimberly Miranda Reyes y Reyna Azucena Luna
Olea, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la
Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.
Del compendio de listas publicadas por
la Sagarpa se desprende que hay 47 proyectos, con recursos del erario
por más de 385 millones de pesos en todo el país, de 2014 a 2016. Los
ejercicios fiscales de 2017 y 2018 cuentan con 24 proyectos de los que
no se rinden cuentas de los montos, empresa ni desarrollo del proyecto.
Los estados que más se han allegado de
estos recursos son: Sonora, Chiapas, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Colima,
Estado de México, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.
El incipiente desarrollo
El desarrollo de los agroparques en
México es todavía muy incipiente, indica el estudio del Centro de
Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria, de la Cámara de Diputados.
En el análisis, los investigadores
indican que con este modelo de producción, la creación de empleos en
total es menor a los 4 mil empleos. “Por lo tanto, su impacto es todavía
escaso. Ninguno de los agroparques en funcionamiento ha desarrollado
todo el modelo propuesto por los Países Bajos. No hay compras ni ventas
consolidadas. Tampoco se han instalado las instituciones para la
creación de innovaciones, ni se han favorecido los intercambios de
experiencias entre las empresas”.
Este tipo de proyectos son los nuevos coyotes
del campo, los nuevos intermediarios, critica el líder del FAC, Juan
Antonio Medrano. El agroparque o agroclúster compra a los pequeños
productores, acopia las cosechas en esa infraestructura y “terminan
fortaleciendo a los coyotes, para quedarse con lo que llaman
‘valor agregado’. ¡No puede ser que con recursos públicos se fortalezcan
las cadenas de compradores o acopiadores! ¡Es inaudito!”, dice.
Ejemplo del mal funcionamiento de este
modelo es el del llamado Agropark, ubicado en Ajuchitlán, Querétaro. En
este clúster se encuentran instaladas las empresas: Finca Ahuehuetes,
Solar Garden, Hortinvest México, Geopónica, Hi Tech Garden, ISER, Hi
Tech Farms, Hydrofood, Natural Food Planet, Rain Harvest, Sunny y Veggy
Prime.
Entre las observaciones del este estudio
de la Cámara de Diputados se lee hay una empresa inmobiliaria encargada
de administrar este parque agroindustrial, bajo el régimen de
condominio. Otras partes importantes del agroparque: la
Comercializadora, el Certificador de Calidad y el Centro de
transferencia de tecnología y capacitación todavía no se han
materializado.
“Debido a lo anterior y a la operación
independiente de las empresas, todavía no se aprovecha el potencial
total del agroparque. Es decir, no existen compras consolidadas de
insumos o de servicios. No se realizan ventas consolidadas de la
producción. No hay generación de nueva tecnología, ni interacciones
efectivas que permitan aprovechar de manera adecuada el clúster”,
indica.
Además, las inversiones requeridas para
poner en funcionamiento un agroparque son cuantiosas, “lejos del alcance
de la gran mayoría de los agricultores mexicanos. Sin apoyos
gubernamentales, sólo el estrato de productores con unidades económicas
rurales con actividad empresarial dinámica está en posibilidades de
realizar dichas inversiones”, menciona el estudio.
Agroclúster, en beneficio propio
Recién empezado el proyecto en la
Sagarpa, y bajo sospecha de malos manejos en la secretaría, la Auditoría
Superior de la Federación realizó una auditoría forense al primer año
de operaciones del Programa de Fomento a la Agricultura, Componente
Desarrollo de Clúster Agroalimentario el que se desprendió un dictamen
que indica que la Sagarpa no vigiló el cumplimiento de los Convenios de
Concertación que signaron con los 41 beneficiarios del componente
AGROCLUSTER 2014:
“[…] se demostró el incumplimiento por
parte de diversos beneficiarios, sin que la dependencia haya iniciado en
ninguno de los casos los procedimientos administrativos
correspondientes para la cancelación de los incentivos y, en su caso, la
devolución de los recursos federales otorgados.”
La ASF indica en esa auditoría, la única
que se ha realizado a ese programa en este sexenio, que en la Sagarpa
se han “observado diversas conductas irregulares en la aplicación de los
recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas
revisados, que han derivado en Promociones de Responsabilidades
Administrativas Sancionatorias, Pliegos de Observaciones y Denuncias de
Hechos”.
Entre los posibles daños que detectó la
ASF en 2014, se encuentran observaciones por 35 millones de pesos,
debido a que “los beneficiarios de los proyectos AG14_0058, AG14_0052,
AG14_0017 y AG14_0033 del componente de Desarrollo de Clúster
Agroalimentario (AGROCLUSTER) 2014 del Estado de Sonora no integraron a
productores ni asociaciones de productores para llevar a cabo la
asociatividad con los eslabones de la cadena productiva del ramo, por lo
que no desarrollaron un clúster agroalimentario, obteniendo un
beneficio exclusivamente propio…”.
Campo, desigualdad económica
La disparidad económica que hay en el
sector agropecuario se refleja en el Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, pues mientras que hay
empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares
anuales; en contraste, la gran mayoría de las unidades económicas
rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan
la producción mínima para la nutrición.
En nuestro país, indica el documento,
hay más de 5.3 millones de unidades económicas rurales de las cuales 3.9
millones (el 72.6 por ciento del total) se caracterizan por ser de
subsistencia o con limitada vinculación al mercado y presentan ingresos
anuales netos menores a 17 mil pesos.
Apenas el 8.3 por ciento, es decir 442
mil unidades económicas rurales, están en transición, lo que significa
que han dejado de ser de subsistencia para incursionar al mercado y
registran ventas anuales promedio de 73 mil 931 pesos.
El 9.9 por ciento de las unidades
económicas de producción, 528 mil, tienen una actividad empresarial
con rentabilidad frágil y sus ingresos por ventas promedio anuales
ascienden a 152 mil pesos.
Las más pujantes son sólo 448 mil
unidades, 8.4 por ciento, con ingresos anuales superiores a 562 mil
pesos “y únicamente poco menos de 18 mil unidades (0.3 por ciento del
total) pertenecen a un estrato empresarial dinámico, con escala
productiva comparable con empresas de la industria o del
sector servicios y cuyo principal problema es el de alcanzar niveles de
competitividad de largo plazo. Este estrato dedica una parte importante
de sus ventas al mercado internacional y es el que presenta mejor
desarrollo de capacidades”, indica el Programa publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La brecha económica que hay en el campo
se refleja en la pobreza misma que hay en él y que forma parte del total
de 53.4 millones de mexicanos en pobreza. Según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016
existían en el ámbito rural mexicano 16.7 millones de personas en
situación de pobreza y de estos, el 40.1 por ciento está en condiciones
de pobreza moderada y 21.5 por ciento en pobreza extrema.
El Coneval indica que la población del
sector rural de México “es particularmente vulnerable ya que presenta
ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos
riesgos de salud, rezago educativo, envejecimiento y exposición a
riesgos naturales”.
El organismo encargado del análisis de
las políticas públicas expone que entre causales de la pobreza de las
familias rurales son: “bajos ingresos y bajo desarrollo de capital
humano, que a la larga ha generado un círculo vicioso. Es decir, los
bajos ingresos no les permiten acceder a los servicios de salud,
educación, capacitación y alimentación, generando un bajo desarrollo de
capital humano que los lleva a que se incorporen o realicen actividades
de baja productividad y por lo tanto, de baja remuneración, perpetuando
así la pobreza”.
“Tenemos un campo con más pobres, con
parcelas más abandonadas, los apoyos no llegaron, la reforma para el
campo que se presumió y que formaban parte de las reformas estructurales
no se hizo. No hubo un diálogo democrático con las organizaciones y el
movimiento campesino más importante de este país y eso trajo como
consecuencia que las políticas que se han venido aplicando durante los
últimos 30 años fueran las mismas. No hay subsidios para los pequeños
productores que les permita ser competitivos ante la apertura comercial
que se dio con el TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del
Norte].
“En el presupuesto público se siguió
dando prioridad a los grandes empresarios de este país, a los que
producen hortalizas, berris…Fue que era necesario que se enfocara el
presupuesto público, hacia las 5 millones de unidades agropecuarias de
producción del medio rural. Sin embargo, se siguió la misma política de
apoyar a los grandotes, pretextando que con eso la balanza comercial
agropecuaria es autosuficiente, por lo que seguimos importando maíz,
trigo, sorgo y alimentos como carne de bovino y puerco”, critica Antonio
Medrano, líder del FAC.
[INVESTIGACIÓN][CAMPO][SEMANA][D]
Érika Ramírez
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