Siete de cada diez jubilados no puede cubrir sus gastos mínimos
Así lo muestra un informe de la Defensoría de la Tercera Edad porteña, en base a datos de varias ciudades del país.
Jubilaciones muy bajas, casi ridículas, una inflación que no
encuentra techo, un dólar que sigue el mismo camino… La ecuación da un
resultado trágico: siete de cada diez jubilados argentinos no pueden
pagar los gastos mínimos para subsistir.
El dato surge de un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige Eugenio Semino, en base al cálculo de la canasta básica para los abuelos, que en julio subió a 21.127 pesos por las subas en alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.
Según detalla el diario “Página 12”, la Canasta Básica del Jubilado releva gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, los grandes centros urbanos en los que se concentra la mayor cantidad de adultos mayores.
Con relación a la medición anterior, de fines de abril, el incremento de la canasta fue del 8,67%, y del 20,6% respecto a noviembre de 2017. Los números muestran un gran desfasaje con los haberes de los jubilados que cobran una mínima de 8.096 pesos, que el mes que viene llegará a 8.637.
“Los jubilados hacen peripecias ante una sociedad que naturalizó que envejecer es ser pobre”, sentenció Semino, en una entrevista concedida a “Página 12”.
La Defensoría publicó una medición de emergencia ante la reciente devaluación del peso y el alza de la inflación, que en julio llegó al 3,1% y acumula un alza del 19,6% en 2018. La jubilación mínima se ubica en los 8.200 pesos.
Semino advirtió que “en la Argentina, con 8 mil pesos nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas. Si bien la Canasta Básica del Jubilado se mide semestralmente en mayo y diciembre, en virtud del desmedido aumento inflacionario incorporamos una medición extra en agosto, como ya ocurrió en 2014 y 2016, años con elevados niveles de inflación”.
El defensor de la Tercera Edad agregó que dentro de ese grupo, hay 1,3 millón de argentinos que reciben pensiones no contributivas, la mayoría son personas con discapacidad, que enfrentan “condiciones de infraconsumo”, ya que perciben 6 mil pesos mensuales.
Semino remarcó que en los últimos seis meses los insumos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30% por estar dolarizados.
El defensor reclamó al gobierno nacional tomar cartas urgentes en el asunto, y no con medidas de “maquillaje”, sino con una solución de fondo: subir las jubilaciones más allá de lo que fije la Ley de Movildiad Jubilatoria, hasta que cubran la Canasta Básica.
“Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria”, aseguró Semino y exigió que ese hipotético pago extra sea cubierto con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la Anses y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar acuerdos firmados como el firmado recientemente con el FMI.
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de estar a disposición de organismos multilaterales, debe estar en el único lugar seguro: el bolsillo de jubilados, que genera impuestos y trabajo con el consumo interno”, aseguró el jefe de la Defensoría y reclamó “discutir este tipo de cosas y no cómo se sigue recortando la miseria de quienes integran un tercio de nuestra población”.
Fuente
El dato surge de un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige Eugenio Semino, en base al cálculo de la canasta básica para los abuelos, que en julio subió a 21.127 pesos por las subas en alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.
Según detalla el diario “Página 12”, la Canasta Básica del Jubilado releva gastos de vivienda, alimentación y medicación de los jubilados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba capital y Rosario, los grandes centros urbanos en los que se concentra la mayor cantidad de adultos mayores.
Con relación a la medición anterior, de fines de abril, el incremento de la canasta fue del 8,67%, y del 20,6% respecto a noviembre de 2017. Los números muestran un gran desfasaje con los haberes de los jubilados que cobran una mínima de 8.096 pesos, que el mes que viene llegará a 8.637.
“Los jubilados hacen peripecias ante una sociedad que naturalizó que envejecer es ser pobre”, sentenció Semino, en una entrevista concedida a “Página 12”.
La Defensoría publicó una medición de emergencia ante la reciente devaluación del peso y el alza de la inflación, que en julio llegó al 3,1% y acumula un alza del 19,6% en 2018. La jubilación mínima se ubica en los 8.200 pesos.
Semino advirtió que “en la Argentina, con 8 mil pesos nadie puede vivir y estamos hablando de un universo de 7 millones de personas. Si bien la Canasta Básica del Jubilado se mide semestralmente en mayo y diciembre, en virtud del desmedido aumento inflacionario incorporamos una medición extra en agosto, como ya ocurrió en 2014 y 2016, años con elevados niveles de inflación”.
El defensor de la Tercera Edad agregó que dentro de ese grupo, hay 1,3 millón de argentinos que reciben pensiones no contributivas, la mayoría son personas con discapacidad, que enfrentan “condiciones de infraconsumo”, ya que perciben 6 mil pesos mensuales.
Semino remarcó que en los últimos seis meses los insumos de farmacia, que no son contemplados dentro de los medicamentos cubiertos por las obras sociales, tuvieron aumentos de hasta el 30% por estar dolarizados.
El defensor reclamó al gobierno nacional tomar cartas urgentes en el asunto, y no con medidas de “maquillaje”, sino con una solución de fondo: subir las jubilaciones más allá de lo que fije la Ley de Movildiad Jubilatoria, hasta que cubran la Canasta Básica.
“Lo que es necesario es una recomposición inmediata, más allá de discutir un punto más o menos en la movilidad jubilatoria”, aseguró Semino y exigió que ese hipotético pago extra sea cubierto con el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que maneja la Anses y cuyos activos figuran como herramientas de liquidez para alcanzar acuerdos firmados como el firmado recientemente con el FMI.
“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en lugar de estar a disposición de organismos multilaterales, debe estar en el único lugar seguro: el bolsillo de jubilados, que genera impuestos y trabajo con el consumo interno”, aseguró el jefe de la Defensoría y reclamó “discutir este tipo de cosas y no cómo se sigue recortando la miseria de quienes integran un tercio de nuestra población”.
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