El Corredor Transístmico, hostilidad a los pueblos indígenas
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El Corredor Transístmico pone en alerta a grupos indígenas que, señalan, no se les ha consultado. Además de defender el proyecto federal, el INPI asegura que ha habido acercamientos con las comunidades en su lengua, para explorar un proceso de consulta
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El
proyecto del Corredor Transístmico –que busca conectar el Pacífico con
el Atlántico por medio de un canal localizado en el Istmo de
Tehuantepec– se mantiene como una de las obras de infraestructura más
importantes del sexenio, aunque aún no se consulta a las comunidades
indígenas.
Desde antes del porfiriato, la parte más
estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido
uno de los territorios más codiciados y los pueblos originarios que
habitan en el trazo de 200 kilómetros permanecen en resistencia.
Contralínea realizó un
recorrido en las comunidades de Juchitán, Salina Cruz, San Mateo del Mar
y Álvaro Obregón, donde pobladores indican que carecen de información
sobre el megaproyecto. Aquí aún no ha habido un protocolo como lo marca
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): una
consulta libre, previa e informada, ni se ha traducido el proyecto en
lengua indígena.
No obstante, en el Plan Nacional de
Desarrollo se asegura que el 30 y 31 de marzo de este año, en “una
consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la
autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región: binnizá
o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco,
mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los
artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la OIT
y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz,
encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice en entrevista que esa
institución encabeza un proceso previo a la consulta que permitirá
llevar a cabo el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se
trata, dice, “no de una consulta, sino de un proceso de consulta”.
El funcionario argumenta que en este
primer acercamiento las comunidades fueron informadas de la idea del
presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar ese programa de
desarrollo, mismo que “no existe como tal formalmente: todavía no está
elaborado, integrado y menos aprobado”.
Aguilar Ortiz expone que con la reciente
aprobación del Congreso de la Unión al Plan Nacional de Desarrollo se
cuenta con 90 días para integrar los planes específicos, y el Corredor
Transístmico es uno de ellos.
Añade que el primer acercamiento
permitió recuperar de las comunidades los “conceptos de desarrollo que
ellos quisieran incluir en este programa, los componentes que ellos
pudieran solicitar para contemplar en este programa… La consulta no fue
para la implementación de algún proyecto específico o algún componente
específico, sino básicamente para recuperar concepciones de desarrollo
de los propios pueblos”.
Resultado de esto, el encargado de la
Coordinación de Derechos Indígenas del INPI menciona que se abrieron dos
matrices: la primera corresponde a solicitudes de obras requeridas en
las comunidades en cada una de las sesiones, misma que se está
trabajando en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para la asignación de presupuesto. En la idea inicial, expone,
“no se contemplaba la atención a obras de infraestructura social, pero
eso ha sido un reclamo fuerte de las propias comunidades, de tal manera
que ahora se está incluyendo en el programa este foco de atención”.
La segunda matriz, añade el funcionario
del INPI, está relacionada con que las comunidades han planteado que el
Programa de Desarrollo del Istmo “no debe tener un enfoque individual,
no debe impulsar un desarrollo individualista sino de bienestar común.
Ellos plantean que se debe de atender con miras a generar un bienestar
de la colectividad de cada una de sus comunidades; entonces, bajo esta
concepción de desarrollo estamos buscando que se integre el Programa y
que sea ese el que se someta a la aprobación del Congreso de la Unión”.
El canal mercantil
El presidente López Obrador ha indicado
que será el capital nacional el principal inversor en el proyecto del
Istmo de Tehuantepec. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
publicado el 12 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación,
describe: “se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la
extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad,
transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas será
fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor
Transístmico, en modalidades de asociación público-privada”.
A decir de especialistas, éste es uno de
los proyectos que ha pretendido instrumentarse desde principios del
siglo pasado, por medio de distintas fases: el desarrollo de las vías
ferroviarias, Megaproyecto del Istmo, Programa Integral de Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec, Plan Puebla Panamá, Zonas Económicas
Especiales.
Ahora, el gobierno federal evaluó que en
el ordenamiento territorial y urbano en torno a las terminales
marítimas de Coatzacoalcos y de Salina Cruz había “déficits en
infraestructura y, en general, de servicios; incongruencias en el uso de
suelo, especulación e invasión de predios, graves problemas de
contaminación y afectación al medio ambiente”.
Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se
expone que este Corredor será parte del Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec que, oficialmente, tiene como objetivo “impulsar el
crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la
cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje
será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición
del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de
mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de
transporte”.
En este contexto, se pretende modernizar
el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los puertos de Coatzacoalcos y
Salina Cruz “para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte,
almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la
infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y
se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores
domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán
zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se
dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua,
conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades
de las empresas y de la población trabajadora”.
Promete que en los 76 municipios
oaxaqueños y veracruzanos involucrados el Programa disminuirá el
impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta; además de que
ofrecerá: combustible a precios reducidos, construcción de
infraestructura urbana y proveerá de servicios educativos y formación de
capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la
investigación y el desarrollo tecnológico.
Se trata de un proyecto “reeditado”,
dice Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los
Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIITDTT).
Destacada como una de las mujeres por la
resistencia y la defensoría del territorio, así como de los derechos
humanos ante la llegada de proyectos eólicos, ahora enfrenta el
desplazamiento forzado, la desintegración temporal de su familia,
atentados contra su vida y amenazas de muerte, motivos por los cuales la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó la medida cautelar
685-16.
Ingeniería Agrícola por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a
esta megaobra planteada por el gobierno federal “es un viejo sueño del
capitalismo y de otros momentos históricos que ha pasado el país, para
apoderarse de este espacio estratégico para el movimiento de mercancías…
donde lleven materia prima para poder transformar y poder exportarlas
ya las partes transformadas. También, un muro de contención para
migrantes”.
Para Gilberto López y Rivas,
profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), el proyecto es “lesivo y agresivo para los territorios
indígenas”. Se trata de un plan del siglo XIX, basado en el Tratado
McLane-Ocampo, de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico
del presidente”, firmado con “Estados Unidos para conseguir dinero para
la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone.
La historia
En tanto, el defensor de derechos
humanos, Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos
Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, AC, critica a la clase
política liderada por el Partido Revolucionario Institucional, por la
introducción de la minería y los parques eólicos a este espacio, sin el
aval de la población. Pero enfatiza son proyectos a los que da
continuidad la izquierda, a través del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).
Los priístas, dice, fueron los que
hicieron posible que las empresas extranjeras pudieran acampar en el
Istmo, “pero no es extraño que Morena esté impulsando esta avalancha de
empresas extranjeras porque la izquierda mexicana soñó allá en la década
de 1970, que la única manera de oponerse al PRI, también era hacer una
propuesta económica. En ese tiempo, la energía verde en Europa era un
boom”.
“López Obrador nos rebasó porque no se
esperaba todo esto, con el PRI ya sabíamos que nos iban a madrear, pero
con López Obrador la gente esperaba un mínimo de consideración”, dice el
defensor de derechos humanos en el Istmo.
Luis Miguel Cano López, abogado
especialista en la defensa de los derechos humanos es enfático en que
“primero había que preguntarle a toda la gente que habita la zona si esa
es su idea de progreso, de desarrollo y si eso es lo que quiere. En
estos megaproyectos debe ser razonable la información llegue a las
personas, que cuenten con ayuda de especialistas, de instituciones
académicas, científicas, que puedan aportar cosas”.
El defensor reitera que la consulta debe
llevarse en los puntos por dónde se tenga programado la obra, pues “la
gente de las comunidades realmente afectadas va a decir: usted no puede
pasar por encima de mis derechos, de los lugares que habito, por encima
de mis territorios apelando a que una consulta [a mano alzada] ha dicho
que por aquí puede pasar y hacer lo que quiera”.
La pobreza del Istmo
En esta región están asentadas las
comunidades indígenas binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots
(huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl,
totonaco, afromexicano, conforman el corredor del Istmo de Thehuantepec.
Los municipios que lo comprenden:
Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Unión
Hidalgo y Ciudad Ixtepec en el estado de Oaxaca; así como Coatzacoalcos,
Minatitlán y Acayucan en Veracruz.
Con respecto a los municipios
oaxaqueños, indicadores oficiales muestran que conforman una de las
regiones más deprimidas del estado y del país. Los índices de
marginación y miseria se mantienen, desde hace años, entre los de
principal atención a nivel nacional.
El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018,
de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, indica que en Oaxaca
hay cerca de 31 por ciento de la población que vive en situación de
pobreza se concentra en 20 municipios, entre los que se encuentran los
de esta región.
También es una zona con grandes
atractivos empresariales, la explotación de la minería, la sal, el
viento (a través de los parques eólicos) y hasta la refinación del
petróleo ha generado expectativas económicas para los dueños del capital
y el Estado, y han prometido una derrama económica a los pueblos
circunvecinos que no se ve reflejada pese al paso de los años.
Los resultados de las promesas de
bienestar han significado un fraude, el desarrollo y progreso prometidos
han sido en beneficio de las cúpulas empresariales y de los grupos
políticos que ostentan el poder, mencionan los lugareños.
En este corredor están las comunidades
como la de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, donde sus habitantes
carecen de servicios básicos. Incluso, de los programas de la Secretaría
del Bienestar y tampoco se les ha dotado de los recursos destinados
para la reconstrucción de viviendas, tras el terremoto de hace casi dos
años, de 8.2 grados de magnitud, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.
El decreto
Ya en el poder, el 14 de junio pasado, el proyecto promovido durante campaña fue ratificado en el Diario Oficial de la Federación,
a través del decreto por el que se crea el “organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no
sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec”.
En el documento oficial se asienta que
con base en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, “el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que ésta sea integral y sustentable”.
Además, que el Ejecutivo “tiene el
objetivo de proveer las condiciones para que la actividad del sector
privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo
industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales”.
Para López y Rivas “el problema es qué
significa la cuarta transformación, qué significado tiene en términos de
lo que es el capitalismo y sus modalidades. Estamos ante lo que podría
ser un tipo de neodesarrollismo, igualmente extractivista, agresivo y
violento, pero de carácter nacionalista”.
Brenda Pérez, coordinadora del área de
Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos, comenta que es importante visualizar que a partir
de la proyección de un megaproyecto inicia un periodo de resistencia
por parte de algún sector de la población y esta no ha sido un tema de
atención prioritaria para el gobierno en los últimos años.
Por lo que, añade, es importante generar
información que le permita al gobierno tener información de las
problemáticas de la zona o regiones para que estas contribuyan a una
evaluación adecuada del proyecto y “siempre que se piense en otros
términos, correspondientes a una lógica capitalista, no sea sobre los
derechos de las personas que puedan ser afectadas”.
Mario Quintero, integrante de la
coordinación general de la APIITDTT, comenta que varias organizaciones
de la región consideran que este programa desarrollo integral, “no es
más que la continuación del saqueo y el despojo neoliberal”.
El defensor de derechos humanos enfatiza
que las organizaciones de esta región han llevado varias “batallas”
legales por la imposición de megaproyectos, como los parques eólicos,
bajo la exigencia por la consulta libre, previa e informada, “y de
manera irrisoria este nuevo gobierno implementa un modelo de consulta a
mano alzada, cuando en la región habitan más de siete pueblos indígenas
que conviven social, cultural y económicamente en los pequeños comercios
y con productos de la región”.
Ante el planteamiento de estas
problemáticas, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de
Derechos Indígenas del INPI, dice que he escuchado la crítica de que no
se está llevando la consulta en lengua indígena, pero “no es cierta, en
todas las asambleas consultivas se ha proporcionado la información en su
lengua y se ha contemplado la presencia de traductores.
Expone que en la reestructuración del
INPI, “la mayor parte del personal y de los directivos son gente de las
propias comunidades… hemos cuidado con bastante atención estos
elementos, desde la propia contratación del personal, en esta nueva
visión del presidente de la República, su instrucción fue que el
instituto estuviera integrado preferentemente por personas indígenas
hablantes de su lengua; desde el propio director [Adelfo Regino
Montes]”.
Con respecto a la conflictividad social
que prevalece en la zona, indica: no sólo se tiene que buscar cómo
aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del
territorio nacional, “sino que se tiene que pensar en resolver en su
integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas ubicados en
esta zona: eso incluye, el ejercicio de derechos territoriales, del
derecho de consulta, el ejercicio de derecho de autonomía y la solución
de las conflictividades internas”.
Érika Ramírez, enviadaFuente
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