¿Por qué un Parlamento Abierto para revisar la reciente reforma laboral?

El Senado iniciará un proceso de audiencias públicas para revisar la reforma laboral recientemente publicada y definir los próximos temas de la agenda legislativa en materia del trabajo.

Escrito por: Marcos del Rosario Rodríguez*
¿Por qué un Parlamento Abierto para revisar la reciente reforma laboral?
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada el pasado 30 de abril del presente año, es sin duda la modificación más importante en la materia efectuada en los últimos años. Dicha reforma trae consigo cambios sustanciales en el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas trabajadoras y una mejora en la administración de justicia laboral.
Sin embargo, aun cuando estamos frente a una reforma de gran calado, se advierte que ésta resulta insuficiente para pensar en una normativa laboral de vanguardia y de justicia social eficiente.
La intención de revisar lo aprobado recientemente por el Congreso de la Unión no implica poner en riesgo la parte sustantiva de la reforma constitucional del año 2017, así como lo dispuesto por el Convenio 98, ni del Capítulo 23 y anexo laboral del T-MEC. La idea del Parlamento es deliberar sobre aquellos puntos que puedan venir a enriquecer lo ya aprobado, pero, sobre todo, evidenciar aquellos temas que no fueron contemplados en dicha reforma laboral.
Uno de lo temas no tratados es lo concerniente a la igualdad laboral para hombres y mujeres, ya que es de todo conocido que, pese a los esfuerzos por eliminar la brecha salarial, tanto en el ámbito público como en la Iniciativa Privada, en la práctica las remuneraciones prestadas distan mucho de estar en un plano de igualdad. Por eso se hace necesario que las personas empleadoras dispongan de instrumentos idóneos y eficientes, para que todas las personas trabajadoras cuenten con el mismo acceso a los medios de capacitación, formación y desarrollo dentro de los centros laborales, con base en sus habilidades y competencias.
Otro tópico que no ha sido regulado es lo referente al acceso al trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad. Si bien es cierto hay corporaciones de carácter público y privado que han implementado políticas de inclusión hacia personas en situación en estado de vulnerabilidad, es una realidad que la mayoría del mercado laboral aún no cuenta con la infraestructura ni con los medios necesarios para cumplir y proteger los derechos de dichas personas. Por ello es importante que existan obligaciones e incentivos para que todas las personas empleadoras, en la medida de sus posibilidades, condiciones e infraestructura, puedan materializar el derecho de acceso al trabajo de toda persona en situación de vulnerabilidad que pretenda ejercerlo.
Por último, uno de los asuntos no incluidos en la pasada reforma legislativa, y que sin duda es uno de los que más controversia genera por los diversos intereses involucrados, así como por las repercusiones que tiene para el sector laboral y la economía del país, es el relativo a la figura de la subcontratación (outsourcing).
Es innegable que esta figura es necesaria para el desarrollo de diversas actividades y funciones que las empresas o entidades públicas llevan a cabo, y que, en muchas ocasiones, por cuestiones de estructura, recursos financieros y humanos se ven limitadas a efectuarlas por sí solas. Sin embargo, aun cuando la existencia de esta figura pudiera estar justificada, en la práctica, muchas empresas han desvirtuado su razón de ser, convirtiéndola en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras.
Por lo anterior, es indispensable realizar una revisión normativa a fondo, y así definir los cauces legislativos a seguir para que la figura en cuestión realmente generé un beneficio, y aquellos que violan los derechos de las personas trabajadoras sean castigados con sanciones más severas.
Las consideraciones anteriormente expuestas muestran la necesidad de celebrar el Parlamento Abierto, para que en su seno se construyan los insumos pertinentes que sirvan de base en la elaboración de futuras iniciativas legislativas. Sólo así se podrá aspirar a un régimen laboral más garantista y justo.
*El autor es investigador y Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República.


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