La reforma laboral y las tareas por venir
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La negociación
del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá,
como cido ahora como Tmec y la exigencia de sus socios comerciales de
América del Norte para que nuestro país pusiera en sintonía con los
estándares internacionales a sus leyes laborales, impulsó la Reforma
aprobada en el Congreso y que establece nuevos mecanismos en cuanto a la
libre sindicalización y la negociación colectiva, permeando de manera
directa en la democratización de las organizaciones.
Los nuevos lineamientos establecen con
claridad que en un plazo no mayor a 240 días, contados a partir de su
entrada en vigencia el pasado primero de mayo, los sindicatos deberán
reformar sus estatutos a fin de que sus dirigencias sean electas
mediante el ejercicio del voto libre, directo y secreto con el objetivo
de terminar con las viejas prácticas del charrismo sindical
acostumbradas a que fueran por cerrados congresos de delegados, a mano
alzada o por aclamación como se elegían sus dirigentes.
En tal sentido, la reforma implicó
cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, en específico a su artículo 69,
para que las elecciones de las dirigencias burocráticas se definan
también mediante el ejercicio del voto libre, directo y secreto.
Y si bien en el nuevo ordenamiento se
establecieron plazos para su implementación total, en esta tarea es
ineludible que las empresas inicien un proceso de revisión de sus
actuales contratos colectivos de trabajo, tomando en cuenta que en
México el 80 por ciento es considerado como de protección patronal, de
tal forma que la nueva Ley Federal del Trabajo requerirá de parte de las
autoridades del ramo una revisión a fondo de los mismos para corroborar
que se cuente con una representación sindical real.
Situar al modelo laboral mexicano a la
altura de los estándares internacionales de los firmantes del Tmec, no
será una tarea sencilla. En agosto se publicará el protocolo para
actualizar cerca de 20 mil contratos colectivos de trabajo registrados a
nivel federal que existen en el país, de acuerdo con cifras de la
Secretaría del Trabajo.
De hecho, muchos de estos contratos se
firmaron pero no se revisaron, poniendo en duda su apego a los
requisitos de ley, sobre todo por la laxitud y corrupción mostrada por
inspectores y funcionarios del trabajo, en gobiernos pasados.
Las autoridades en la materia deberán
tener sumo cuidado en algunas trampas que ya preparan empresas e
importantes firmas departamentales, que se han dado a la tarea de
alentar la creación de supuestos sindicatos democráticos, colocando como
sus promotores a algunos de sus empleados incondicionales. Esto con el
fin de cerrar las puertas a sindicatos realmente independientes. Esta
nueva forma de alentar una nueva generación de sindicatos blancos, debe
ser revisada a detalle porque estaríamos regresando al inicio de un
círculo vicioso que en nada beneficiaría a los trabajadores.
Alentar y fortalecer la democracia
interna en los sindicatos no será tarea fácil porque además de las
reformas estatutarias que garanticen el voto libre, directo y secreto
como instrumento, deberá fomentarse entre los trabajadores una cultura
laboral de la cual carecen en muchos gremios, acostumbrados a la
intimidación para obligarlos a votar o aceptar a dirigentes que en
muchos de los casos ni siquiera conocen.
Hay innumerables casos donde, por
ejemplo, los contratos de protección se revisaban y se les ponían
aumentos de 5 pesos a los sueldos y 1 día más de aguinaldo y las
autoridades daban su visto bueno. En estos acuerdos leoninos los
trabajadores nunca tuvieron participación alguna reduciendo a letra muerta
la contratación colectiva. Lo que explica en buena medida el por qué
tan ínfimos salarios y prestaciones derivaron en la actual precarización
de millones de trabajadores.
En México se pagan de los sueldos más
bajos a nivel mundial, situación reconocida por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que implicó la
inclusión de un capítulo laboral en el Tmec y la aprobación del Convenio
98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Vergonzoso que en un país que se jactaba
de ir por la senda del desarrollo y la consolidación de su democracia,
sus leyes laborales consintieran toda serie de abusos, frenando la
democracia sindical. Se estima que en el 90 por ciento de los sindicatos
el voto personal, libre, directo, secreto y en urna, no existe.
El sistema autoritario primero y el
neoliberal después, permitieron que México fuera un país de trabajadores
pobres. El corporativismo charro, como apéndice de un partido,
dejó de representar los intereses de la clase trabajadora. Las
organizaciones independientes como el Sindcato Mexicanos de
Electricistas (SME) trataron de ser borradas sin éxito por gobiernos
represores como el de Felipe Calderón Hinojosa por oponerse a la
desnacionalización del sector energético y a la pérdida de derechos
adquiridos con su contrarreforma laboral, impuesta a finales de su
sexenio.
Es de esperarse que con la aplicación de
las nuevas disposiciones la simulación sindical al interior de las
empresas que operan en México saldrá a flote, poniendo al descubierto la
figura de contrato de protección y a sus operadores, los llamados
sindicatos blancos, supuestamente inscritos, pero sin ninguna
representación tangible y menos actividad gremial. Los fantasmas
empleados por la clase empresarial para anular la negociación colectiva y
que no representan a un solo trabajador.
Es el momento idóneo para convocar a una
amplia discusión entre el sector laboral en su conjunto para analizar a
detalle temas como la seguridad social, el outsourcing y la
defensa de los legítimos contratos colectivos de trabajo en contra de
los contratos de protección, si es que como plantean legisladores y
gobierno, se quiere democratizar realmente al mundo del trabajo.
Martín EsparzaFuente
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