La reforma laboral y las tareas por venir

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La negociación del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, como cido ahora como Tmec y la exigencia de sus socios comerciales de América del Norte para que nuestro país pusiera en sintonía con los estándares internacionales a sus leyes laborales, impulsó la Reforma aprobada en el Congreso y que establece nuevos mecanismos en cuanto a la libre sindicalización y la negociación colectiva, permeando de manera directa en la democratización de las organizaciones.


Los nuevos lineamientos establecen con claridad que en un plazo no mayor a 240 días, contados a partir de su entrada en vigencia el pasado primero de mayo, los sindicatos deberán reformar sus estatutos a fin de que sus dirigencias sean electas mediante el ejercicio del voto libre, directo y secreto con el objetivo de terminar con las viejas prácticas del charrismo sindical acostumbradas a que fueran por cerrados congresos de delegados, a mano alzada o por aclamación como se elegían sus dirigentes.
En tal sentido, la reforma implicó cambios a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en específico a su artículo 69, para que las elecciones de las dirigencias burocráticas se definan también mediante el ejercicio del voto libre, directo y secreto.
Y si bien en el nuevo ordenamiento se establecieron plazos para su implementación total, en esta tarea es ineludible que las empresas inicien un proceso de revisión de sus actuales contratos colectivos de trabajo, tomando en cuenta que en México el 80 por ciento es considerado como de protección patronal, de tal forma que la nueva Ley Federal del Trabajo requerirá de parte de las autoridades del ramo una revisión a fondo de los mismos para corroborar que se cuente con una representación sindical real.
Situar al modelo laboral mexicano a la altura de los estándares internacionales de los firmantes del Tmec, no será una tarea sencilla. En agosto se publicará el protocolo para actualizar cerca de 20 mil contratos colectivos de trabajo registrados a nivel federal que existen en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo.
De hecho, muchos de estos contratos se firmaron pero no se revisaron, poniendo en duda su apego a los requisitos de ley, sobre todo por la laxitud y corrupción mostrada por inspectores y funcionarios del trabajo, en gobiernos pasados.
Las autoridades en la materia deberán tener sumo cuidado en algunas trampas que ya preparan empresas e importantes firmas departamentales, que se han dado a la tarea de alentar la creación de supuestos sindicatos democráticos, colocando como sus promotores a algunos de sus empleados incondicionales. Esto con el fin de cerrar las puertas a sindicatos realmente independientes. Esta nueva forma de alentar una nueva generación de sindicatos blancos, debe ser revisada a detalle porque estaríamos regresando al inicio de un círculo vicioso que en nada beneficiaría a los trabajadores.
Alentar y fortalecer la democracia interna en los sindicatos no será tarea fácil porque además de las reformas estatutarias que garanticen el voto libre, directo y secreto como instrumento, deberá fomentarse entre los trabajadores una cultura laboral de la cual carecen en muchos gremios, acostumbrados a la intimidación para obligarlos a votar o aceptar a dirigentes que en muchos de los casos ni siquiera conocen.
Hay innumerables casos donde, por ejemplo, los contratos de protección se revisaban y se les ponían aumentos de 5 pesos a los sueldos y 1 día más de aguinaldo y las autoridades daban su visto bueno. En estos acuerdos leoninos los trabajadores nunca tuvieron participación alguna reduciendo a letra muerta la contratación colectiva. Lo que explica en buena medida el por qué tan ínfimos salarios y prestaciones derivaron en la actual precarización de millones de trabajadores.
En México se pagan de los sueldos más bajos a nivel mundial, situación reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que implicó la inclusión de un capítulo laboral en el Tmec y la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Vergonzoso que en un país que se jactaba de ir por la senda del desarrollo y la consolidación de su democracia, sus leyes laborales consintieran toda serie de abusos, frenando la democracia sindical. Se estima que en el 90 por ciento de los sindicatos el voto personal, libre, directo, secreto y en urna, no existe.
El sistema autoritario primero y el neoliberal después, permitieron que México fuera un país de trabajadores pobres. El corporativismo charro, como apéndice de un partido, dejó de representar los intereses de la clase trabajadora. Las organizaciones independientes como el Sindcato Mexicanos de Electricistas (SME) trataron de ser borradas sin éxito por gobiernos represores como el de Felipe Calderón Hinojosa por oponerse a la desnacionalización del sector energético y a la pérdida de derechos adquiridos con su contrarreforma laboral, impuesta a finales de su sexenio.
Es de esperarse que con la aplicación de las nuevas disposiciones la simulación sindical al interior de las empresas que operan en México saldrá a flote, poniendo al descubierto la figura de contrato de protección y a sus operadores, los llamados sindicatos blancos, supuestamente inscritos, pero sin ninguna representación tangible y menos actividad gremial. Los fantasmas empleados por la clase empresarial para anular la negociación colectiva y que no representan a un solo trabajador.
Es el momento idóneo para convocar a una amplia discusión entre el sector laboral en su conjunto para analizar a detalle temas como la seguridad social, el outsourcing y la defensa de los legítimos contratos colectivos de trabajo en contra de los contratos de protección, si es que como plantean legisladores y gobierno, se quiere democratizar realmente al mundo del trabajo.
Martín Esparza

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