El dilema de subsistir retando a la muerte
Segunda
parte. Para los millones de mexicanos que carecen de seguridad social y
no gozan de una bonanza y estabilidad económicas, enfermar de Covid-19
es jugar a los volados con la muerte; un cálculo conservador realizado
por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) establece
que un paciente internado por coronavirus en un hospital privado genera
gastos de aproximadamente 410 mil pesos.
¿Cuántos mexicanos están en
posibilidades de solventar un costo de salud de tal magnitud? De acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo
entre un 5 y un 10 por ciento de la población en general cuenta con los
suficientes recursos para hacer frente a una enfermedad de esta
naturaleza o a un accidente. Tan solo los exámenes para detectar el
amenazante virus van de los 1 mil 300 pesos en empresas Salud Digna y
los 7 mil 299 pesos en centros hospitalarios como Médica Sur.
Se entiende el porqué no únicamente los
nosocomios encargados de brindar atención médica a los trabajadores del
apartado “A” (IMSS) y a los del apartado “B” (ISSSTE) –burócratas– han
sido superados con creces por la pandemia, sino sobre todo los
destinados a dar servicio a los que carecen de un empleo seguro y
estable. Los de la Secretaría de Salud.
La actual crisis sanitaria ha puesto de
manifiesto que nuevamente han sido las clases bajas las más golpeadas,
pero también las clases medias que saldrán seriamente lastimadas en su
nivel de vida de esta debacle económica donde, en contraste, las grandes
corporaciones, sobre todo de la rama farmacéutica, de entretenimiento e
internet, no sólo consolidarán su estabilidad financiera, sino además
obtendrán millonarias ganancias.
Una vez que aminore la curva de los
contagios que ha colocado a México entre los primeros países del mundo
con mayor número de decesos –sobre todo gente humilde–, el tema
sanitario deberá ceder su espacio al laboral ante el ineludible corte de
caja para saber cuántos fueron los trabajadores no sólo de la salud
sino de otros sectores que enfermaron o perecieron durante la emergencia
sanitaria.
En la confusión de los semáforos
sanitarios, por ejemplo, infinidad de empresas han comenzado a retornar
sus actividades en el color naranja. Instituciones como el IMSS están
pidiendo como uno de los requisitos para volver al trabajo, que los
empleados contesten una serie de cuestionarios sobre el tema de la
Covid-19. El trámite es en línea, pero aquel que no acredite el “curso”
estará impedido a ser autorizado para retornar a sus labores.
El problema es que quienes diseñaron tal
estrategia no van al fondo del problema; es decir, supervisar que sean
los patrones y no los trabajadores los que cumplan con los protocolos
sanitarios y la obligación de dar a sus empleados los equipos necesarios
para su seguridad personal. Al preguntar a sus afiliados qué tanto
saben o desconocen sobre la pandemia, el Seguro Social no va a llegar a
ningún lugar si no atiende las causas de los contagios en los centros de
trabajo y exime de sus responsabilidades a los empresarios.
Por ejemplo, la falta de insumos básicos
para los miles y miles de trabajadores del sector salud en el país ha
sido la causa directa en la muerte de cientos de enfermeras, médicos y
otros trabajadores de los hospitales. Y el contagio de otros tantos
miles más. La pandemia sorprendió a las desarticuladas instituciones
públicas, incapaces de atender la avalancha de enfermos y proteger a su
propio personal.
Ante los hechos puede afirmarse que el
debilitamiento del modelo neoliberal todavía está lejos de consumarse,
pues como establece el estudio elaborado por el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, el
llamado Estado Moderno “exige el sacrificio de la clase
trabajadora desde un discurso en aras del progreso y del desarrollo de
toda la sociedad; sin embargo, la voz de los trabajadores de la salud se
hace escuchar al exigir condiciones de trabajo dignas, en tanto el
gobierno trata de atizar y reducir el encono social a un mísero bono del
20 por ciento y un seguro de vida por su trabajo”.
Lamentable que México no sólo esté
encabezando la lista de naciones con mayores estragos en su población a
causa del coronavirus, sino también entre su personal de la salud; de
acuerdo con el análisis del CAM, del 3 al 28 de junio el número de
trabajadores del sector salud contagiados pasó de 20 mil 270 a 46 mil
013 casos. Un incremento del 127 por ciento en solo 25 días.
Desde que inició la pandemia y se
decretó la jornada de la sana distancia, las redes sociales han dado
cuenta de innumerables denuncias de médicos, enfermeras, camilleros,
paramédicos y trabajadoras sociales, exigiendo de las autoridades los
equipos necesarios para desempeñar su labor atendiendo su seguridad
personal, que además está establecida como parte de la función que deben
desempeñar las comisiones de Seguridad e Higiene de sus sindicatos.
Se estima que hasta mediados de julio
pasado habían fallecido un promedio de 700 empleados del sector salud en
el país, pero la cifra puede ser mayor, sobre todo si se considera que
en las últimas semanas el número de contagios se ha disparado de manera
exponencial, lo mismo que los decesos, pese a que las autoridades siguen
sosteniendo lo contrario.
El anuncio oficial de entregar un bono
de un 20 por ciento extra a su salario para médicos y enfermeras de
instituciones como el IMSS se ha considerado un distractor para que las
autoridades responsables traten de evadir su responsabilidad en el caso.
Por ejemplo, un médico familiar con un sueldo mensual promedio de 10
mil 459 pesos apenas percibiría un ingreso extra por este bono de 2 mil
91 pesos.
La pandemia ha sacado a flote el
abandono salarial en que se ha tenido a los miles de empleados de este
sector. De hecho, en noviembre de 2019 el gobierno federal anunció un
incremento salarial a las fuerzas armadas por encima de la inflación
para 2020.
Se justificó entonces esta sustancial
mejora salarial: “Los salarios de los marinos, los soldados, están bien
ganados. Es decir, merecen un incremento porque se han portado muy bien,
sobre todo ahora que tienen como tarea, entre otras, la tarea principal
de garantizar la seguridad pública”.
Los expertos de la UNAM concluyen por
ello: “En este país el costo de enfermarse tiene una semántica distinta,
como si se tratara de un objeto, al salir a trabajar estaremos
comprando el virus que no podremos pagar. No será algo que se pueda
decidir no adquirir”. (Continuará)
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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