Se aprobó la Ley de la Industria eléctrica
Periódico La Jornada
El 27 de septiembre de 1960, el Presidente de la República, Adolfo López Mateos (1958-1964), anunció la nacionalización de la última empresa extranjera de electricidad que operaba en México: la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (fundada en 1903), Con ello, esta empresa, junto con la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), creada en 1934 por el presidente Lázaro Cárdenas, cubrieron el 98% de la demanda nacional de energía eléctrica. En octubre de ese mismo año, se adicionó al artículo 27 constitucional el siguiente párrafo: “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Desde entonces, los empresarios y la derecha pugnaron por la regresión, exigiendo privatizar el sector energético. Sin embargo, poco fue, lo que pudieron hacer pues el texto constitucional en su artículo 28 establecía que la electricidad, junto con el petróleo, los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos y otros más, era parte de las áreas estratégicas a cargo exclusivamente del Estado; a su vez, el artículo 25 constitucional, enfatizaba: “El sector público tendrá a su cargo. De manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan”, como era el caso de la ahora empresa pública descentralizada Luz y Fuerza del Centro y la CFE, que, en consecuencia, se convertían en empresas estratégicas para el desarrollo nacional.
Pero la ofensiva derechista no cesaba. Y con la llegada del
neoliberalismo el capital privado comenzó a intervenir como cogenerador
de electricidad, establecidas en las reformas de 1988 a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica promovidas por el Presidente
Miguel de la Madrid. Estas reformas, permitieron la participación
privada en la generación de energía para usos propios y entregar los
excedentes a la CFE. Luego, durante el gobierno de Carlos Salinas, en
noviembre de 1992 se reformó la ley y se agregaron más modalidades en la
generación eléctrica, como cogeneración y pequeña producción. Con estas
reformas aparecieron también los permisos a empresas privadas para la
venta de energía eléctrica a terceros, invadiendo, así, el capital
privado la esfera del servicio público. Más tarde, el 3 de febrero de
1999, el Presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso una iniciativa que
modificó la Constitución y amplió la participación privada en el sector
eléctrico. En todos esos casos, el argumento que sostenía la demanda de
privatización del sector eléctrico, repetido con monótona regularidad,
fue el siguiente: ante la demanda creciente de energía, se requieren
grandes inversiones que el sector público no puede hacer, por lo tanto,
es preciso abrir el sector y permitir la inversión privada en la
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con
este mismo argumento, el 16 de agosto de 2002 Vicente Fox envió al
Senado de la República una iniciativa para ampliar la participación del
capital privado en el sector eléctrico. Los golpes siguieron y el 11 de
octubre de 2009, Felipe Calderón emite un decreto mediante el cual se
decretó la extinción de Luz Fuerza del Centro, que distribuía energía eléctrica a la Ciudad de México, 80 municipios del Estado de México, dos de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo. El golpe, sin duda, fue severo.
El acoso culminó con la reforma energética de Peña Nieto, que “planteó el desarrollo del sector basado en la participación conjunta de la CFE y de particulares”. Con esta reforma, la CFE se vio obligada a otorgar una serie de cuantiosos subsidios a las empresas privadas generadoras de energía con plantas eólicas y solares que, ahora, eran sus competidoras en el mercado. Los subsidios que alcanzan los 250 mil millones de pesos, ocasionaron un severo daño a las finanzas nacionales y a la CFE, que fue dotada de la facultad como empresa productiva del Estado, para celebrar contratos con particulares para la generación, conducción y comercialización de energía. De esta manera, el control del sistema eléctrico nacional como la propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la CFE se mantienen como propiedad pública puesta al servicio de la ganancia y el lucro. Esto dio lugar al surgimiento de empresas generadoras de electricidad que producen energía para venderla directamente en el mercado, desplazando a la CFE en la generación y venta, pero utilizando su infraestructura de manera preferente para distribuirla. En este momento, suman mil 407 los permisos vigentes para este tipo de empresas, con lo cual el sector privado cubre el 50% de la demanda nacional y las empresas dominantes son, entre otras, Bimbo, Altos Hornos de México de Alfonso Ancira, la española Iberdrola, Telmex y el Palacio de Hierro. También se han apoderado del mercado FEMSA (propietaria de OXXO y de la embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina), el Grupo Modelo y Sabritas (La Jornada, 15.02.21: 18). Todas ellas, simplemente, utilizan la infraestructura de distribución de la CFE y no pagan nada por ello, lo cual significa vender la energía a precios menores de los que puede tener la CFE que debe cargar con la depreciación y mantenimiento de la infraestructura distributiva.
Para corregir las desventajas de la CFE en la competencia con las empresas privadas, procurar la integración del sector y la autosuficiencia de energía, así como para evitar la dependencia del exterior y dar preferencia de entrada a la red pública de distribución a la CFE y cesar los subsidios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, que el martes pasado fue aprobada por el Congreso, lo que nos acerca a la autosuficiencia, a la integración del sector y al piso parejo en la competencia.
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