LA OSCURA CARA DEL OUTSOURCING QUE LA 4T SE NIEGA A VER
*Trabajadoras de limpia retan al gobierno a eliminar la subcontratación laboral de sus oficinas.
Por Leticia López Zamora
Integrante de la Academia de Historia en la preparatoria “José Ma. Morelos y Pavón” del Instituto de Educación Media Superior (EMS CDMX), en la alcaldía Tláhuac, afiliada del SUTIEMS e integrante del Comité Intersindical.
El subcontratismo, también llamado popularmente outsourcing, tercerización o intermediarismo, es un “modelo de negocio” que surgió alrededor de los años 1960 y 1970 en los rubros de limpieza y seguridad en Estados Unidos (EU).
Entonces se aprovechabna las ventajas de emplear a las poblaciones más vulnerables: casi siempre inmigrantes con baja escolaridad que soportaban las peores condiciones laborales, porque difícilmente podían encontrar otro empleo y tampoco se quejaban ante las autoridades porque su condición migratoria les hacía temer cualquier contacto con la ley o las instituciones.
Este “exitoso” esquema de explotación de los trabajadores más vulnerables, se extendió por todo el mundo durante los años 1980 y 1990 y creció debido a la crisis y el desempleo en sitios tan dispares como EU o Corea.
A México llegó a finales de los años 1990, pero creció desproporcionadamente durante el sexenio de Felipe Calderón, pues la perspectiva de obtener ganancias de hasta el 47%, después de los costos de insumos y mano de obra, prometían grandes ahorros a los empresarios favoritos del régimen, a costa del sistemático despojo de todas las conquistas en materia laboral para los trabajadores contratados bajo esta modalidad.
La reforma laboral de 2012 no hizo sino fortalecer esta moderna forma de esclavitud, pues permite a los patrones evadir el pago de prestaciones, antigüedad, contribuciones a la seguridad social y jubilaciones, además facilita y abarata los despidos.
Al amparo de la ley se multiplicaron los contratos por tres o seis meses que se renuevan a contentillo del patrón y que mantienen a los trabajadores en la perpetua incertidumbre laboral y sin acceso a los más elementales derechos como el seguro médico o la estabilidad en el empleo. Así, los trabajadores perpetuamente amenazados por el despido se quedan sin la posibilidad de organizarse y demandar mejoras en sus condiciones laborales mientras se depauperan sus condiciones de vida
Con el outsourcing los empresarios más poderosos de este país no sólo consiguieron abaratar la mano de obra mexicana para colocarla en el último lugar de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), además consiguieron domesticar a los trabajadores y restar combatividad a los sindicatos. Por tanto, podemos afirmar que su finalidad no es exclusivamente económica, sino de control y castigo para trabajadores y organizaciones.
Es por ello que los principales interesados en impulsar y conseguir la definitiva abolición del outsourcing deben ser los sindicatos porque este mecanismo de contratación pone en riesgo permanente todas y cada una de las conquistas laborales, que la lucha organizada de los trabajadores alrededor del mundo ha conseguido en los últimos 200 años. Les toca reconocer y reclamar a los legisladores que la cacareada reforma le queda a deber a todos los mexicanos.
Pero sobre todo, deben emplazar a quienes llegaron al poder esgrimiendo el discurso de la transformación que pondrá fin a las injusticias, para que cumplan sus promesas. Si la 4T quiere de verdad poner primero a los pobres debe comenzar por su casa.
Quienes limpian las oficinas presidenciales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ensucia todos los días, están contratadas por outsourcing, igual que en prácticamente todas las dependencias gubernamentales federales y locales: en el metro, los hospitales y las escuelas, el personal de intendencia es contratado en condiciones indignas y precarias bajo la complaciente mirada de funcionarios.
Los funcionarios que vienen y van firman contratos millonarios siempre con las mismas compañías, que periódicamente son sancionadas por incumplir aún con las mínimas regulaciones a las que están obligadas como contratistas del gobierno. Al siguiente año concursan de nuevo y ganan licitaciones en las que lo único que cambia son los nombres pero no las abominables prácticas de abuso y explotación para trabajadores ancianos, mujeres sin acceso a la educación, madres solteras, jefas de familia que todo lo toleran porque sus miserables pensiones son insuficientes para sobrevivir o porque tienen niños pequeños que dependen enteramente de ellas.
En el ámbito local, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe revisar cuánto permanece de la administración anterior y romper definitivamente con ella si pretende convencer a sus habitantes de su compromiso con la izquierda.
Para muestra, un botón: el contrato más costoso de la secretaría de finanzas en 2017 fue el firmado durante el languidenciente periodo de Miguel Mancera con una empresa de limpieza. ¿Quién determina que el trabajo de limpiar lo que otros ensucian NO es una actividad indispensable para cualquier empresa o centro de trabajo y por lo tanto la considera como no preponderante y suceptible de ser subcontratada? ¿Quién demerita tanto las labores domésticas y de cuidado que realizan preponderantemente las mujeres y desdeña los derechos laborales de las más pobres y vulnerables?
La jefa de gobierno tiene en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) la mejor oportunidad para demostrar su compromiso con los trabajadores cumpliendo con el laudo ganado por el Sindicato de la Unidad de los Trabajadores del IEMS ()SUTIEMS que obliga a instalar la mesa de basificación para todos los trabajadores precarizados por administraciones anteriores.
De demostrar su compromiso con las mujeres al reinstalar a las 60 trabajadoras despedidas en 2016, quienes mantienen un plantón frente al senado en medio del acoso y el desdén del gobierno de la CDMX, de demostrar su compromiso con la educación al dotar del presupuesto suficiente a la institución, que tan útil le ha resultado para mostrar un rostro preocupado por las necesidades de los que más lo necesitan, de demostrar su compromiso con los jóvenes de la periferia y sus familias al reasignar el presupuesto necesario para que los estudiantes regulares tengan la beca que por ley les corresponde.
Pero sobre todo, tiene la oportunidad de ir en contra de la corriente y voltear la mirada para poner valientemente un alto definitivo al oscuro negocio del outsourcing que el resto de la 4T se niega a ver.
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