Movimiento 20/32 vuelve contra las maquiladoras, ahora de la mano del T-MEC
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, de 2019 no ha terminado. Luego de la represión policial, la persecución política y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad de las relaciones obrero patronales en la industria maquiladora”, dice irónica la abogada Susana Prieto.
Otro de los resultados fue el apoyo de organizaciones sindicales y congresistas estadounidenses, señala la activista vía telefónica. Este lunes, el sindicato que surgió de aquella huelga masiva en 28 maquiladoras, apoyado por otros de Estados Unidos, interpusieron una queja contra la compañía Tridonex. Se han valido del Mecanismo de Respuesta Rápida que contempla el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La solicitud se ha hecho desde el otro lado de la frontera. La firman el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias, Movimiento 20/32 (SNITIS), formado en Matamoros en 2019, así como la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Igualmente, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y la organización Public Citizen.
La denuncia es porque “durante dos años, los obreros de Tridonex han sido acosados y despedidos por tratar de sindicalizarse con el SNITIS” y dejar de pertenecer al “sindicato corrupto ‘de protección patronal’”, ha informado la AFL-CIO en un comunicado. Son más de 600 trabajadoras y trabajadores, afirma Susana Prieto, quien asesoró a las y los huelguistas.
Por esa labor, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “quien se opone a la reforma laboral, la encarceló con acusaciones inventadas durante un mes en una penitenciaría estatal plagada de covid-19”, señala el comunicado. “Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”, repasa la defensora de derechos humanos. Pero parece que avivaron el fuego.
Salarios 10 veces peores
“Utilizamos los mecanismos que ofrece el T-MEC para defender los derechos de las y los trabajadores mexicanos”, explica Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers. Aun después de las huelgas de 2019 en las que exigían mejoras de salario y condiciones laborales, los sindicatos democráticos no son titulares de los contratos, apunta. El personal de las maquiladoras en México gana “la décima parte de lo que nuestros trabajadores en Estados Unidos por hacer el mismo trabajo”, dice.
Los sindicatos que aglutinan a la plantilla laboral pertenecen a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Los dirigentes de esa central obrera han pertenecido a la cúpula del PRI, el partido que gobernó el país por más de 70 años. Uno de sus líderes, Fidel Velázquez, estuvo medio siglo al frente de esa organización. El senador Carlos Aceves del Olmo es actualmente el secretario general desde 2016.
La queja se presentó ante un comité formado por el Departamento del Trabajo estadounidense y la Oficina del Representante Comercial. Tienen 30 días para evaluar la petición, “si deciden seguir adelante empieza el momento de consulta, que puede durar 45 días”, comparte Ben Davis.
Es la segunda denuncia vía el T-MEC por violaciones laborales entre México y Estados Unidos. La primera la interpusieron en marzo jornaleras mexicanas contra el gobierno estadounidense por discriminación y agresiones sexuales en el programa de trabajo temporal de visas H2A.
Esta otra es en contra de una empresa, Tridonex, por incumplir la libertad sindical. “Es el primer caso, no hay antecedentes. No sabemos cómo lo va a manejar primero el gobierno acá y luego, si llega a México, cómo será esa segunda parte”, aclara.
Los obstáculos del proceso
Para Susana Prieto, abogada del SNITIS, el cual es dirigido por Jaime Guarderos, con el movimiento 20/32 y esta queja en el marco del T-MEC están visibilizando la corrupción de las empresas. “Se habla mucho de la corrupción de los sindicatos charros alimentados por el sistema político, pero a las empresas nunca nadie las había tocado”.
Tridonex, la denunciada, es una subsidiaria de Cardone Industries Inc., con sede en Filadelfia. En ella fabrican partes automotrices, “de las cuales una importante porción es para el mercado de Estados Unidos”. Según la AFL-CIO, no ha atendido la petición de quienes ya no quieren aportar más cuotas de su salario “al sindicato de protección patronal”.
La queja laboral es un procedimiento legal internacional y el gobierno mexicano “tendrá 45 días para compilar las pruebas y desvirtuar los hechos de la demanda”, cuenta la abogada.
Para Ben Davis, el gobierno de México “está comprometido con las reformas no sólo en el papel, sino en concreto”. Y las autoridades en Estados Unidos también “han mostrado mucho compromiso. Seguramente lo analizarán bien”.
Sin embargo, habrá obstáculos: la resistencia de las empresas porque no quieren pagar más es la primera. “Es una lástima, una de las razones por las que no hay mucho consumo en México es por los bajos salarios”, comenta.
La segunda: “La CTM, los viejos sindicatos, en Matamoros tienen sus intereses y han estado en contra de esos cambios”. También esto es una pena, “porque el líder de un sindicato no debe tener miedo de la democracia. Pero es la realidad que enfrentamos hoy”.
Y la tercera: “Hay algunos políticos que se resisten al plan” democratizador en materia laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Susana Prieto resalta una ventaja: “Hay muchas mujeres, en ese orden, mujeres y hombres que han estado en la primera línea de batalla para acabar con la corrupción de sindicatos blancos, lideres charros y empresas”.
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