Desde hace 37 años ya era común la impunidad en minas de Coahuila
Por Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 23 jun 10 (CIMAC).- Trinidad Cantú perdió a uno de sus primos en la explosión registrada en 1969 en la mina Barroteran, Coahuila, en la que murieron 170 mineros; 37 años después, en el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, murió su hijo Raúl Villasaña Cantú. Ambas tragedias tiene en común la impunidad.
A cuatro décadas de la explosión acaecida en la zona carbonífera de Coahuila, la colusión entre las autoridades federales, locales y las empresas que explotan el mineral, sigue siendo una constante en la región, señaló a Cimacnoticias Trinidad Cantú, quien desde el fallecimiento de su hijo, el 19 de febrero de 2006, ha luchado por la impartición de justicia.
Pese al cansancio de “ir y venir en esta lucha” sostenida desde hace más de cuatro años, por viudas y familias de los 63 (de 65) mineros caídos en Pasta de Conchos, cuyos restos permanecen en el yacimiento, Trinidad y su esposo se unieron, desde el martes pasado, al campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas, (SME) instalado en el Zócalo capitalino desde el 24 de abril.
En protesta, por el desalojo del que fueron víctimas, también se encuentra en la lucha Blanca Estela, madre de uno de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos.
La señora Cantú, desanimada por el sello que Industrial Minera México, propiedad de Grupo México, colocó en la bocamina de Pasta de Conchos, lamenta que lo que buscaron: el rescate de los restos de sus seres queridos no se logró, debido a que “ni gobierno, ni empresa, ni las dependencias de gobierno nos escucharon”.
Sin embargo, “vamos a seguir echándole ganas, hasta que podamos”, ya no por el rescate de los que murieron, pero sí por los mineros que siguen vivos, a fin de evitar más muertos, víctimas de la negligencia con la que operan las empresas mineras en la región.
Mantiene también la esperanza de que la justicia llegará del extranjero, ya que Trinidad junto con abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entregar la documentación del caso Pasta de Conchos, el cual actualmente es analizado por ese máximo tribunal regional para determinar su admisión.
DESALOJO DE PASTA DE CONCHOS
“Yo siempre he estado en la mina, me ha tocado ver todos los atropellos de las autoridades”, lamenta “Trini”, como es conocida entre sus compañeras y compañeros de lucha.
La madrugada del pasado 7 de junio “Nos avisaron como a las tres de la mañana que iban camiones con material de construcción resguardados por muchas patrullas de policías del estado. Nosotras nos fuimos a asomar, los vimos llegar, y tempranito fuimos a ver que estaban haciendo”, mencionó.
“Fui a la mina con Blanca Estela Torres, madre del minero caído Jesús Rodríguez Torres, pedimos permiso al guardia y al policía que estaban en la entrada para entrar”.
“Nos dejaron pasar, pero a la mitad del camino unos policías que iban en camioneta nos dijeron que no podíamos entrar hasta allá, que nos regresáramos”, no hicimos caso. Entonces, entre ellos, dijeron que traerían a las mujeres policías “para que regresen a estas viejas”.
A pesar de la orden, Trini y Blanca Estela, llegaron al altar de la mina y desde ahí observaron que la bocamina de Pasta de Conchos ya estaba sellada.
Entonces, “cuando llegamos, entre cinco mujeres policías agarraron a Blanca, la tumbaron hacía atrás, la cargaron entre ellas, le pidieron ayuda al policía y la aventaron adentro de la camioneta”.
“Eso a mí me molestó bastante, porque me pregunto ¿qué podemos hacer frente a esa situación?, porqué estas personas que saben muy bien que Blanca es una mamá a la que le ha dolido tanto tiempo el estar esperando los restos de su hijo, y no les importa”.
Después de que aventaron a Blanca a la camioneta, regresaron por Trinidad. Le torcieron el brazo, con la intención de subirla con violencia, pero ella en calma, les dijo que saldría por su propio pie.
Las uniformadas le respondieron que no podía estar mirando, tenemos orden de desalojarlas, “le dije ¿Porqué hasta ahora, sabes cuánto tiempo tenemos aquí? ¿De quién es tu orden?”, pero las policías coahuilenses sólo respondieron que era orden del jefe.
“Eran las 10 u 11 de la mañana, me tomé un vaso de agua porque la boca se seca de ver esas injusticias y no poder hacer nada”, comentó la señora Trinidad.
Y es que, “ya son tantas cosas las que nos han pasado, que no entiendo cómo puede ser posible que nadie haga nada”.
Enteradas de que la bocamina fue sellada por la empresa Grupo México, cuyos representantes llegaron al yacimiento escoltados por la propia policía del gobierno priísta de Coahuila, queda claro que “el gobierno federal deja que Industrial Minera México haga lo que quiera, el gobierno ha de tener apoyo de la empresa y ‘se tapan con la misma cobija’”, señala.
Mientras que “la policía y gobierno estatal se prestan a esto, cuando se supone que están para mejorar al pueblo, ahora vemos que no vienen a servir al pueblo, sino a servirse del pueblo, junto con estas empresas ricas” indicó.
Y añadió que en el país no hay a quién recurrir para quejarse ante la injusticia, “una se siente abandonada” porque “el gobierno federal, local, la policía y la empresa están involucrados”.
Para Trinidad Cantú, quien junto con la Organización Familia Pasta de Conchos, sigue dando la batalla por la impartición de justicia (Cimacnoticias 19 febrero 2009), concluyó, que “no hay más que luchar juntos con uñas y dientes por un gobierno mejor”.
10/GCJ/LR/LGL
Fuente
México DF, 23 jun 10 (CIMAC).- Trinidad Cantú perdió a uno de sus primos en la explosión registrada en 1969 en la mina Barroteran, Coahuila, en la que murieron 170 mineros; 37 años después, en el siniestro ocurrido en Pasta de Conchos, murió su hijo Raúl Villasaña Cantú. Ambas tragedias tiene en común la impunidad.
A cuatro décadas de la explosión acaecida en la zona carbonífera de Coahuila, la colusión entre las autoridades federales, locales y las empresas que explotan el mineral, sigue siendo una constante en la región, señaló a Cimacnoticias Trinidad Cantú, quien desde el fallecimiento de su hijo, el 19 de febrero de 2006, ha luchado por la impartición de justicia.
Pese al cansancio de “ir y venir en esta lucha” sostenida desde hace más de cuatro años, por viudas y familias de los 63 (de 65) mineros caídos en Pasta de Conchos, cuyos restos permanecen en el yacimiento, Trinidad y su esposo se unieron, desde el martes pasado, al campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas, (SME) instalado en el Zócalo capitalino desde el 24 de abril.
En protesta, por el desalojo del que fueron víctimas, también se encuentra en la lucha Blanca Estela, madre de uno de los mineros que fallecieron en Pasta de Conchos.
La señora Cantú, desanimada por el sello que Industrial Minera México, propiedad de Grupo México, colocó en la bocamina de Pasta de Conchos, lamenta que lo que buscaron: el rescate de los restos de sus seres queridos no se logró, debido a que “ni gobierno, ni empresa, ni las dependencias de gobierno nos escucharon”.
Sin embargo, “vamos a seguir echándole ganas, hasta que podamos”, ya no por el rescate de los que murieron, pero sí por los mineros que siguen vivos, a fin de evitar más muertos, víctimas de la negligencia con la que operan las empresas mineras en la región.
Mantiene también la esperanza de que la justicia llegará del extranjero, ya que Trinidad junto con abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acudió a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para entregar la documentación del caso Pasta de Conchos, el cual actualmente es analizado por ese máximo tribunal regional para determinar su admisión.
DESALOJO DE PASTA DE CONCHOS
“Yo siempre he estado en la mina, me ha tocado ver todos los atropellos de las autoridades”, lamenta “Trini”, como es conocida entre sus compañeras y compañeros de lucha.
La madrugada del pasado 7 de junio “Nos avisaron como a las tres de la mañana que iban camiones con material de construcción resguardados por muchas patrullas de policías del estado. Nosotras nos fuimos a asomar, los vimos llegar, y tempranito fuimos a ver que estaban haciendo”, mencionó.
“Fui a la mina con Blanca Estela Torres, madre del minero caído Jesús Rodríguez Torres, pedimos permiso al guardia y al policía que estaban en la entrada para entrar”.
“Nos dejaron pasar, pero a la mitad del camino unos policías que iban en camioneta nos dijeron que no podíamos entrar hasta allá, que nos regresáramos”, no hicimos caso. Entonces, entre ellos, dijeron que traerían a las mujeres policías “para que regresen a estas viejas”.
A pesar de la orden, Trini y Blanca Estela, llegaron al altar de la mina y desde ahí observaron que la bocamina de Pasta de Conchos ya estaba sellada.
Entonces, “cuando llegamos, entre cinco mujeres policías agarraron a Blanca, la tumbaron hacía atrás, la cargaron entre ellas, le pidieron ayuda al policía y la aventaron adentro de la camioneta”.
“Eso a mí me molestó bastante, porque me pregunto ¿qué podemos hacer frente a esa situación?, porqué estas personas que saben muy bien que Blanca es una mamá a la que le ha dolido tanto tiempo el estar esperando los restos de su hijo, y no les importa”.
Después de que aventaron a Blanca a la camioneta, regresaron por Trinidad. Le torcieron el brazo, con la intención de subirla con violencia, pero ella en calma, les dijo que saldría por su propio pie.
Las uniformadas le respondieron que no podía estar mirando, tenemos orden de desalojarlas, “le dije ¿Porqué hasta ahora, sabes cuánto tiempo tenemos aquí? ¿De quién es tu orden?”, pero las policías coahuilenses sólo respondieron que era orden del jefe.
“Eran las 10 u 11 de la mañana, me tomé un vaso de agua porque la boca se seca de ver esas injusticias y no poder hacer nada”, comentó la señora Trinidad.
Y es que, “ya son tantas cosas las que nos han pasado, que no entiendo cómo puede ser posible que nadie haga nada”.
Enteradas de que la bocamina fue sellada por la empresa Grupo México, cuyos representantes llegaron al yacimiento escoltados por la propia policía del gobierno priísta de Coahuila, queda claro que “el gobierno federal deja que Industrial Minera México haga lo que quiera, el gobierno ha de tener apoyo de la empresa y ‘se tapan con la misma cobija’”, señala.
Mientras que “la policía y gobierno estatal se prestan a esto, cuando se supone que están para mejorar al pueblo, ahora vemos que no vienen a servir al pueblo, sino a servirse del pueblo, junto con estas empresas ricas” indicó.
Y añadió que en el país no hay a quién recurrir para quejarse ante la injusticia, “una se siente abandonada” porque “el gobierno federal, local, la policía y la empresa están involucrados”.
Para Trinidad Cantú, quien junto con la Organización Familia Pasta de Conchos, sigue dando la batalla por la impartición de justicia (Cimacnoticias 19 febrero 2009), concluyó, que “no hay más que luchar juntos con uñas y dientes por un gobierno mejor”.
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