La Suprema Corte reparte caramelos
Rubén Cortés
La alternancia iniciada en el 2000, con la llegada del PAN a la Presidencia tras setenta años de priismo absoluto, no constituye, sin embargo, el mejor ejemplo para el equilibrio de los tres poderes del Estado, ni en el apego a la legalidad de algunas instituciones.
Porque la Corte parece bailar con sus sentencias al son de los intereses oficiales, y la PGR tiene una sintomática exactitud para encarcelar a políticos de la oposición antes de los procesos electorales.
Hace un mes, la PGR faltó a su deber constitucional al “suspender las investigaciones” sobre la desaparición del Jefe Diego, aunque está obligada a seguir de oficio un asunto de esta naturaleza.
Determinación de tintes tan oscuros que el ex líder del PAN, Manuel Espino, escribió ayer en su Twiter: “Espero que, pasada la jornada electoral, nos informe el gobierno lo que ocurrió con Diego Fernández de Ceballos. Ya no hay razón para ocultar”.
Antes de las elecciones del domingo, la PGR encarceló al candidato del PRD en Quintana Roo, Greg Sánchez (bajo cargos de crimen organizado) e igual hizo antes de las elecciones intermedias de 2009 al apresar a 27 alcaldes y funcionarios del gobierno perredista de Michoacán.
Pero el de la PGR es un caso perdido: nadie cree el cuento de que haga algo por cuenta propia, pues tanto en el “mal gobierno” del PRI como en el “del cambio” del PAN ha sido brazo coercitivo de Los Pinos contra sus enemigos.
En cambio, es alarmante la coincidencia de las recientes resoluciones de la Corte con los intereses oficiales: exculpación de funcionarios por caso ABC, liberación de presos de Atenco y rechazo de amparo al SME.
Primero desechó el proyecto de su propio ministro Arturo Zaldívar, que encontró “desorden generalizado” del sistema de guarderías, atribuido al entonces director general del IMSS, Juan Molinar, y el “incumplimiento de responsabilidades posteriores” del actual director, Daniel Karam.
Luego, tres días antes de las elecciones, liberó a 12 integrantes del Frente de Pueblos de San Salvador Atenco, la organización más aguerrida entre las bases sociales del PRD, con el que se había aliado el partido en el poder.
Y reservó para un día después un fallo adverso a otra base social de los aliados del partido gobernante, el SME, al validar el decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro.
En fin, tenemos en este momento una Corte Suprema tímida ante el Ejecutivo, lo cual es ominoso para el equilibrio de los tres poderes del Estado, en la idea de que ninguno prevalezca sobre los otros.
A no ser que, para los gobiernos de nuestra alternancia, esas sean ranciedades de Montesquieu. Que, a juzgar por lo visto, no parece descabellado pensarlo.
Fuente
La alternancia iniciada en el 2000, con la llegada del PAN a la Presidencia tras setenta años de priismo absoluto, no constituye, sin embargo, el mejor ejemplo para el equilibrio de los tres poderes del Estado, ni en el apego a la legalidad de algunas instituciones.
Porque la Corte parece bailar con sus sentencias al son de los intereses oficiales, y la PGR tiene una sintomática exactitud para encarcelar a políticos de la oposición antes de los procesos electorales.
Hace un mes, la PGR faltó a su deber constitucional al “suspender las investigaciones” sobre la desaparición del Jefe Diego, aunque está obligada a seguir de oficio un asunto de esta naturaleza.
Determinación de tintes tan oscuros que el ex líder del PAN, Manuel Espino, escribió ayer en su Twiter: “Espero que, pasada la jornada electoral, nos informe el gobierno lo que ocurrió con Diego Fernández de Ceballos. Ya no hay razón para ocultar”.
Antes de las elecciones del domingo, la PGR encarceló al candidato del PRD en Quintana Roo, Greg Sánchez (bajo cargos de crimen organizado) e igual hizo antes de las elecciones intermedias de 2009 al apresar a 27 alcaldes y funcionarios del gobierno perredista de Michoacán.
Pero el de la PGR es un caso perdido: nadie cree el cuento de que haga algo por cuenta propia, pues tanto en el “mal gobierno” del PRI como en el “del cambio” del PAN ha sido brazo coercitivo de Los Pinos contra sus enemigos.
En cambio, es alarmante la coincidencia de las recientes resoluciones de la Corte con los intereses oficiales: exculpación de funcionarios por caso ABC, liberación de presos de Atenco y rechazo de amparo al SME.
Primero desechó el proyecto de su propio ministro Arturo Zaldívar, que encontró “desorden generalizado” del sistema de guarderías, atribuido al entonces director general del IMSS, Juan Molinar, y el “incumplimiento de responsabilidades posteriores” del actual director, Daniel Karam.
Luego, tres días antes de las elecciones, liberó a 12 integrantes del Frente de Pueblos de San Salvador Atenco, la organización más aguerrida entre las bases sociales del PRD, con el que se había aliado el partido en el poder.
Y reservó para un día después un fallo adverso a otra base social de los aliados del partido gobernante, el SME, al validar el decreto presidencial que extinguió a Luz y Fuerza del Centro.
En fin, tenemos en este momento una Corte Suprema tímida ante el Ejecutivo, lo cual es ominoso para el equilibrio de los tres poderes del Estado, en la idea de que ninguno prevalezca sobre los otros.
A no ser que, para los gobiernos de nuestra alternancia, esas sean ranciedades de Montesquieu. Que, a juzgar por lo visto, no parece descabellado pensarlo.
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