El gobierno mexicano “destruyó el sistema hídrico”, afirma la ANAA
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de septiembre de 2010, p. 32
Magdalena Ocotlán, Oax., 11 de septiembre.
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) interpondrá una demanda contra el Estado mexicano en el Tribunal Latinoamericano del Agua (Tragua), con sede en San José, Costa Rica, ante la destrucción del sistema hídrico nacional.
“Se tiene que correr el velo y la simulación de que el Estado es el mayor defensor de los recursos naturales”, afirmó Octavio Rosas-Landa Ramos, miembro del Consejo de Representantes de la ANAA.
En declaraciones a La Jornada, durante la sexta reunión de la ANAA que se inició hoy aquí, el también catedrático de la Facultad de Economía de la Univer- sidad Nacional Autónoma de México expuso que con la aplicación de políticas públicas para la sobrexplotación del agua, el Estado mexicano ha propiciado la violación de la legislación ambiental, principalmente las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, General de Salud y de Aguas Nacionales, así como el artículo 27 de la Constitución y las normas oficiales mexicanas.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN), señaló, el Estado mexicano ha privatizado y promovido la utilización en exceso del agua para la industria y ha impulsado la urbanización de grandes extensiones de tierras con mantos acuíferos y la descampenización de zonas rurales en todo el país, lo que “ha provocado un grave estrés hídrico”, señaló.
Explicó que la destrucción del sistema hídrico nacional ha causado una peligrosa pérdida de la disponibilidad del agua para cada habitante, pues ahora la escasez está en todas partes.
Destacó que el gobierno mexicano ha impulsado la venta de agua embotellada a pesar de generar la acumulación de residuos contaminantes. “Es una gran cadena de promoción y solapamiento”, señaló.
Precisó que la ANAA ha iniciado el trámite en el Tragua para la presentación de la demanda, y solamente está a la espera de ser convocada a su próxima sesión a celebrarse en los primeros meses de 2011.
“Hemos documentado perfectamente el caso para que obtengamos una sentencia favorable”, indicó.
Rosas-Landa Ramos dijo que si bien la sentencia del Tragua no es vinculatoria, las recomendaciones emitidas a los países de Latinoamérica tienen gran legitimidad por su carácter moral y fundamento jurídico.
En la sexta reunión de la ANAA participan representantes de pueblos y organizaciones opositoras a las presas La Parota, en Guerrero, El Zapotillo, en Jalisco, y en Paso de la Reina, Oaxaca, así como a la explotación de las minas San Javier, en San Luis Potosí, y La Trinidad, Oaxaca.
Además, delegados de los estados de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, opuestos a la construcción de vialidades y unidades habitacionales, a la operación de plantas eólicas, a la instalación de granjas avícolas y porcícolas y al uso de semillas transgénicas por la afectación al medio ambiente y a sus tierras.
Durante la ceremonia de apertura se realizó un enlace vía telefónica con la Red Italiana por la Justicia Ambiental y Social, que sesiona simultáneamente en Vicenza para analizar y discutir la privatización del agua pública y defender los derechos de la tierra y las áreas naturales protegidas de todo el mundo.
Fuente
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de septiembre de 2010, p. 32
Magdalena Ocotlán, Oax., 11 de septiembre.
La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) interpondrá una demanda contra el Estado mexicano en el Tribunal Latinoamericano del Agua (Tragua), con sede en San José, Costa Rica, ante la destrucción del sistema hídrico nacional.
“Se tiene que correr el velo y la simulación de que el Estado es el mayor defensor de los recursos naturales”, afirmó Octavio Rosas-Landa Ramos, miembro del Consejo de Representantes de la ANAA.
En declaraciones a La Jornada, durante la sexta reunión de la ANAA que se inició hoy aquí, el también catedrático de la Facultad de Economía de la Univer- sidad Nacional Autónoma de México expuso que con la aplicación de políticas públicas para la sobrexplotación del agua, el Estado mexicano ha propiciado la violación de la legislación ambiental, principalmente las leyes General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, General de Salud y de Aguas Nacionales, así como el artículo 27 de la Constitución y las normas oficiales mexicanas.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Norte (TLCAN), señaló, el Estado mexicano ha privatizado y promovido la utilización en exceso del agua para la industria y ha impulsado la urbanización de grandes extensiones de tierras con mantos acuíferos y la descampenización de zonas rurales en todo el país, lo que “ha provocado un grave estrés hídrico”, señaló.
Explicó que la destrucción del sistema hídrico nacional ha causado una peligrosa pérdida de la disponibilidad del agua para cada habitante, pues ahora la escasez está en todas partes.
Destacó que el gobierno mexicano ha impulsado la venta de agua embotellada a pesar de generar la acumulación de residuos contaminantes. “Es una gran cadena de promoción y solapamiento”, señaló.
Precisó que la ANAA ha iniciado el trámite en el Tragua para la presentación de la demanda, y solamente está a la espera de ser convocada a su próxima sesión a celebrarse en los primeros meses de 2011.
“Hemos documentado perfectamente el caso para que obtengamos una sentencia favorable”, indicó.
Rosas-Landa Ramos dijo que si bien la sentencia del Tragua no es vinculatoria, las recomendaciones emitidas a los países de Latinoamérica tienen gran legitimidad por su carácter moral y fundamento jurídico.
En la sexta reunión de la ANAA participan representantes de pueblos y organizaciones opositoras a las presas La Parota, en Guerrero, El Zapotillo, en Jalisco, y en Paso de la Reina, Oaxaca, así como a la explotación de las minas San Javier, en San Luis Potosí, y La Trinidad, Oaxaca.
Además, delegados de los estados de México, Veracruz, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, opuestos a la construcción de vialidades y unidades habitacionales, a la operación de plantas eólicas, a la instalación de granjas avícolas y porcícolas y al uso de semillas transgénicas por la afectación al medio ambiente y a sus tierras.
Durante la ceremonia de apertura se realizó un enlace vía telefónica con la Red Italiana por la Justicia Ambiental y Social, que sesiona simultáneamente en Vicenza para analizar y discutir la privatización del agua pública y defender los derechos de la tierra y las áreas naturales protegidas de todo el mundo.
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