REINA LA IMPUNIDAD, A UN AÑO DEL SINIESTRO EN POCITO FERBER
Ciudad de México, 13 de septiembre, 2010
BOLETIN DE PRENSA:
REINA LA IMPUNIDAD, A UN AÑO DEL SINIESTRO EN POCITO FERBER
El 11 de septiembre del año 2009, falleció –en el Pocito Ferber- Juan Ramón Flores Juárez, minero de 23 años, aparentemente por un desprendimiento de roca del techo de la mina.
Rubén y René Zertuche López (“encargado en la misma empresa” y “supervisor”, respectivamente), ignoraron la prohibición explícita de la STPS, contenida en el Acta de Inspección hecha tan sólo un mes antes (13 de agosto del 2009, número 125/000626/2009) , en ésta, se les ordenaba restringir el acceso a los trabajadores al pocito Ferber para extraer carbón, hasta que se establecieran las 76 medidas de seguridad e higiene que habían estado violando y que ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
“Constructora Ferber S.A. de C.V.”, propiedad de Fernando Barrera Garza y su esposa, Bertha Oliva Morales Villareal, a quien la Delegación Federal del Trabajo hizo la inspección periódica, no tiene por objeto social, ningún tipo de vínculo posible con la minería. En la base de datos de la Dirección General de Minas, no hay ningún rastro que pueda hacer suponer que tiene concesiones para la explotación del carbón; y el mismo Rubén Zertuche, se acreditaba ante los inspectores como el representante de la empresa, exhibiendo una credencial del IMSS que corresponde a otra empresa, “Minera Zeba S.A de C.V”, en la cual están registrados una parte de los trabajadores del pocito Ferber.
Abandonaron el pocito durante un tiempo para trasladarse al poblado de Aguita para ahí, abrir, nuevos pocitos destruyendo –además- el sistema de drenaje del poblado, ante la mirada complaciente de las autoridades. Aunado a lo anterior, no liquidaron a los trabajadores conforme a derecho y los obligaron a firmar documentos en blanco a cambio de $ 1, 800.00 pesos; incluso a jóvenes que trabajaron para esta empresa desde los 15 años de edad.
Tras la muerte de Juan Ramón Flores Juárez, no pagaron ni los gastos funerarios, los pagó su viuda, Oralia Martínez Hipólito con el dinero que cobro por el seguro de vida. Tampoco fue indemnizada y vive con sus tres pequeños hijos con una pensión de 2,600 pesos mensuales.
En el año 2005, “Constructora Ferber S.A. de C.V”, fue “aprobada” por el Comité Mixto de Adquisiciones para el sumistro de carbón mineral a la Comisión Federal de Electrícidad. “Constructora Ferber S.A de C.V” es proveedora de CFE, porque quienes la “avalan y evalúan” se benefician de la venta de cada tonelada de carbón. La vida y la muerte de Ramón, y de la gran mayoría de los carboneros y sus familias, se deciden en un Comité representado por Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) -intermediaria del Gobierno de Coahuila entre los pequeños productores y la CFE que obtiene ingresos millonarios de los cuales no rinden cuentas desde 1993-, la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado; la Secretaría de la Función Pública; la Dirección de Minería y Energéticos del Gobierno del Estado; las Cámaras de Comercio de la Región Carbonífera; así como de la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, quienes, aseguran realizar verificaciones documentales, tanto de requisitos de carácter legal como de los requisitos técnicos y además, que efectúan visitas de reconocimiento a los lugares de extracción de carbón indicados por los productores. Sin embargo, en el 2005, cuando hicieron la “verificación”, ni siquiera leyeron el Acta Constitutiva de la empresa. Por ello la muerte de Ramón, es el resultado de un sistema de omisiones y negligencias que beneficia de manera directa o indirecta a los Gobierno Local y Federal.
No obstante que los familiares de Juan Ramón Flores Juárez y trabajadores del citado pocito, interpusieron de inmediato una Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH/2/2009/56337/Q), debido a la omisión y negligencia de las autoridades federales y estatales en los hechos mencionados, tampoco el citado organismo se ha pronunciado sobre la violación a los derechos humanos del siniestrado y sus seres queridos.
En el bicentenario de la Independencia a celebrarse en estas fechas, resulta ineludible recordar que las condiciones de trabajo imperantes en las minas mexicanas en 1810, hicieron posible que de la Nueva España saliera el 66% del total de la plata que circulaba en el mundo.
Alejandro de Humboldt, en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, señaló al respecto: “Los indios tenateros … están cargados durante seis horas con un peso de 102 a 158 kilogramos. Además de respirar a una temperatura de 22 a 25º centígrados, suben y bajan muchos miles de escalones por tiros que tienen 45º de inclinación… Se encuentran en las minas filas de cincuenta a sesenta de esos mozos de carga, entre los cuales hay viejos sexagenarios y muchachos de diez a doce años…”.
Resulta ineludible recordar que los insurgentes tomaron Valladolid el 18 de octubre y que al día siguiente, Hidalgo -el cura de Dolores- publica un decreto aboliendo la esclavitud y el comercio de esclavos, teniendo presente -precisamente- estas condiciones laborales entre otras injurias.
Morelos, que reorganizó el ejército Insurgente, retomará la bandera y declararía: los libertadores no volverán a ser esclavos, enfatizándolo en la carta A los Americanos entusiasmados de los Gachupines, escrita en Cuautla, el 23 de marzo de 1812.
En 1810 la situación de los mineros, se definía por la esclavitud, ahora, los mineros del carbón y sus familias, en plena celebración del 2010, representan y simbolizan los nuevos modelos de esclavitud. Obligados a trabajar en condiciones de hambre y muerte, como en Pasta de Conchos, la Mina Lulú, el pocito Ferber, el Vertical 4 y el Boker entre tantos otros; ni siquiera pueden reclamar justicia porque no tienen interés jurídico.
Los dueños de las minas, junto con los sindicatos y el comité que desgina los contratos de compra para CFE y quienes deberían “tutelar los derechos de los trabajadores”, para salvaguardar la riqueza de la nación, son los que determinan, hasta el día y la hora de la muerte de los mineros del carbón. Lo hicieron en Pasta de Conchos y años después, como si la historia no los incriminara, el Delegado en Coahuila de la STPS, Lic. Manuel Rocha, daba el pésame a la familia de Plutarco Ruiz y ofrecía los “servicios gratuitos de la PROFEDET” para tramitar las pensiones, mientras Plutarco estaba aún con vida dentro del pocito y decenas de hombres solidarios intentaban salvarlo, como finalmente sucedió.
Entre tanto en el hemisferio sur del continente, una historia similar, se escribía de forma distinta, después de 17 días de agotadoras jornadas de trabajo y de esperanza, el mundo entero veía que se encendían las lámparas de los mineros atrapados en la mina San José en Chile. Celebramos y agradecemos la valentía de mineros chilenos y sus familias, la voluntad de las autoridades y de los rescatistas que sobreponen la vida de los mineros a los intereses económicos y políticos. En la Mina San Jose y en el campamento “La Esperanza” de las familias de los mineros chilenos, las lámparas que vimos encenderse iluminan inequívocamente, que en México, para salvaguardar sus intereses económicos y políticos, sus complicidades y su responsabilidad, Industrial Minera México de Grupo México, el Gobierno del Estado de Coahuila, el Gobierno Federal y el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia determinaron la muerte de los mineros en Pasta de Conchos; señalaron las causas de su muerte, el día y la hora, y tramitaron dos actas de defunción por cada uno de ellos y condenaron al hambre a las viudas, a los hijos e hijas de los mineros caídos y a la indolencia, a todos sus familiares. Hoy en la celebración del Bicentenario, a un año de la muerte de Ramón en el Pocito Ferber, lo historia se repite.
A pesar de ello, la impunidad en la región carbonífera, no tiene la última palabra. Los mineros del carbón y sus familias se han levantado para denunciar de nueva cuenta, las viejas y sistemáticas prácticas, con las que empresas y autoridades, obran en su contra. El caso del Pocito Ferber, como ninguno de los casos que hemos asumido en la región carbonífera, está destinado al olvido. Gracias a la valentía de Oralia viuda de Ramón, a la familia de Ramón y a los trabajadores de Constructora Ferber S.A de C..V y de Minera Zeba S.A. de C.V, la Organización Internacional del Trabajo, nos informó el pasado 30 de agosto, que abré un nuevo juicio contra el Gobierno Mexicano, y en este caso, como en el de Pasta de Conchos y como en cada uno de los casos que presentamos el 20 de mayo pasado ante la OIT, los mineros del carbón y sus familias, ganarán. Sin duda, ganarán; por ellos y por los mineros todos.
A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL); CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO A.C.; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA (CRT); CENTRO ANTONIO DE MONTESINOS (CAM); PASTORAL LABORAL METROPOLITANA; Y COLECTIVO ALAS.
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com
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[1] …“por lo tanto, se le informa al representante de la empresa que se restringe el acceso al personal que labora en el interior de la mina hasta en tanto el patrón o representante legal de la empresa cumpla con las medidas de seguridad señaladas, por tanto, en caso de que el patrón o representante legal continúa con las labores al interior de la mina, queda totalmente bajo su responsabilidad en la exposición (sic) a la integridad física de los trabajadores en caso de ocurrir cualquier siniestro”. Delegación Federal del Trabajo en Coahuila, Inspección Periódica de Condiciones Generales de Seguridad, en “Pocito Ferber” de la empresa denominada “Constructora Ferber, S.A. de C. V.”, número 125/000626/2009.
Reciban un abrazo libertario, fraterno y solidario.
CEREAL
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.
Privada de Lago San Pedro # 13,
Col. Cinco de Mayo, Del. Miguel Hidalgo,
CP11430, México D.F.
Tel. 01 (55) 52 50 03 28 / 55 45 99 25
BOLETIN DE PRENSA:
REINA LA IMPUNIDAD, A UN AÑO DEL SINIESTRO EN POCITO FERBER
El 11 de septiembre del año 2009, falleció –en el Pocito Ferber- Juan Ramón Flores Juárez, minero de 23 años, aparentemente por un desprendimiento de roca del techo de la mina.
Rubén y René Zertuche López (“encargado en la misma empresa” y “supervisor”, respectivamente), ignoraron la prohibición explícita de la STPS, contenida en el Acta de Inspección hecha tan sólo un mes antes (13 de agosto del 2009, número 125/000626/2009) , en ésta, se les ordenaba restringir el acceso a los trabajadores al pocito Ferber para extraer carbón, hasta que se establecieran las 76 medidas de seguridad e higiene que habían estado violando y que ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
“Constructora Ferber S.A. de C.V.”, propiedad de Fernando Barrera Garza y su esposa, Bertha Oliva Morales Villareal, a quien la Delegación Federal del Trabajo hizo la inspección periódica, no tiene por objeto social, ningún tipo de vínculo posible con la minería. En la base de datos de la Dirección General de Minas, no hay ningún rastro que pueda hacer suponer que tiene concesiones para la explotación del carbón; y el mismo Rubén Zertuche, se acreditaba ante los inspectores como el representante de la empresa, exhibiendo una credencial del IMSS que corresponde a otra empresa, “Minera Zeba S.A de C.V”, en la cual están registrados una parte de los trabajadores del pocito Ferber.
Abandonaron el pocito durante un tiempo para trasladarse al poblado de Aguita para ahí, abrir, nuevos pocitos destruyendo –además- el sistema de drenaje del poblado, ante la mirada complaciente de las autoridades. Aunado a lo anterior, no liquidaron a los trabajadores conforme a derecho y los obligaron a firmar documentos en blanco a cambio de $ 1, 800.00 pesos; incluso a jóvenes que trabajaron para esta empresa desde los 15 años de edad.
Tras la muerte de Juan Ramón Flores Juárez, no pagaron ni los gastos funerarios, los pagó su viuda, Oralia Martínez Hipólito con el dinero que cobro por el seguro de vida. Tampoco fue indemnizada y vive con sus tres pequeños hijos con una pensión de 2,600 pesos mensuales.
En el año 2005, “Constructora Ferber S.A. de C.V”, fue “aprobada” por el Comité Mixto de Adquisiciones para el sumistro de carbón mineral a la Comisión Federal de Electrícidad. “Constructora Ferber S.A de C.V” es proveedora de CFE, porque quienes la “avalan y evalúan” se benefician de la venta de cada tonelada de carbón. La vida y la muerte de Ramón, y de la gran mayoría de los carboneros y sus familias, se deciden en un Comité representado por Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (PRODEMI) -intermediaria del Gobierno de Coahuila entre los pequeños productores y la CFE que obtiene ingresos millonarios de los cuales no rinden cuentas desde 1993-, la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa del Gobierno del Estado; la Secretaría de la Función Pública; la Dirección de Minería y Energéticos del Gobierno del Estado; las Cámaras de Comercio de la Región Carbonífera; así como de la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón, quienes, aseguran realizar verificaciones documentales, tanto de requisitos de carácter legal como de los requisitos técnicos y además, que efectúan visitas de reconocimiento a los lugares de extracción de carbón indicados por los productores. Sin embargo, en el 2005, cuando hicieron la “verificación”, ni siquiera leyeron el Acta Constitutiva de la empresa. Por ello la muerte de Ramón, es el resultado de un sistema de omisiones y negligencias que beneficia de manera directa o indirecta a los Gobierno Local y Federal.
No obstante que los familiares de Juan Ramón Flores Juárez y trabajadores del citado pocito, interpusieron de inmediato una Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH/2/2009/56337/Q), debido a la omisión y negligencia de las autoridades federales y estatales en los hechos mencionados, tampoco el citado organismo se ha pronunciado sobre la violación a los derechos humanos del siniestrado y sus seres queridos.
En el bicentenario de la Independencia a celebrarse en estas fechas, resulta ineludible recordar que las condiciones de trabajo imperantes en las minas mexicanas en 1810, hicieron posible que de la Nueva España saliera el 66% del total de la plata que circulaba en el mundo.
Alejandro de Humboldt, en su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, señaló al respecto: “Los indios tenateros … están cargados durante seis horas con un peso de 102 a 158 kilogramos. Además de respirar a una temperatura de 22 a 25º centígrados, suben y bajan muchos miles de escalones por tiros que tienen 45º de inclinación… Se encuentran en las minas filas de cincuenta a sesenta de esos mozos de carga, entre los cuales hay viejos sexagenarios y muchachos de diez a doce años…”.
Resulta ineludible recordar que los insurgentes tomaron Valladolid el 18 de octubre y que al día siguiente, Hidalgo -el cura de Dolores- publica un decreto aboliendo la esclavitud y el comercio de esclavos, teniendo presente -precisamente- estas condiciones laborales entre otras injurias.
Morelos, que reorganizó el ejército Insurgente, retomará la bandera y declararía: los libertadores no volverán a ser esclavos, enfatizándolo en la carta A los Americanos entusiasmados de los Gachupines, escrita en Cuautla, el 23 de marzo de 1812.
En 1810 la situación de los mineros, se definía por la esclavitud, ahora, los mineros del carbón y sus familias, en plena celebración del 2010, representan y simbolizan los nuevos modelos de esclavitud. Obligados a trabajar en condiciones de hambre y muerte, como en Pasta de Conchos, la Mina Lulú, el pocito Ferber, el Vertical 4 y el Boker entre tantos otros; ni siquiera pueden reclamar justicia porque no tienen interés jurídico.
Los dueños de las minas, junto con los sindicatos y el comité que desgina los contratos de compra para CFE y quienes deberían “tutelar los derechos de los trabajadores”, para salvaguardar la riqueza de la nación, son los que determinan, hasta el día y la hora de la muerte de los mineros del carbón. Lo hicieron en Pasta de Conchos y años después, como si la historia no los incriminara, el Delegado en Coahuila de la STPS, Lic. Manuel Rocha, daba el pésame a la familia de Plutarco Ruiz y ofrecía los “servicios gratuitos de la PROFEDET” para tramitar las pensiones, mientras Plutarco estaba aún con vida dentro del pocito y decenas de hombres solidarios intentaban salvarlo, como finalmente sucedió.
Entre tanto en el hemisferio sur del continente, una historia similar, se escribía de forma distinta, después de 17 días de agotadoras jornadas de trabajo y de esperanza, el mundo entero veía que se encendían las lámparas de los mineros atrapados en la mina San José en Chile. Celebramos y agradecemos la valentía de mineros chilenos y sus familias, la voluntad de las autoridades y de los rescatistas que sobreponen la vida de los mineros a los intereses económicos y políticos. En la Mina San Jose y en el campamento “La Esperanza” de las familias de los mineros chilenos, las lámparas que vimos encenderse iluminan inequívocamente, que en México, para salvaguardar sus intereses económicos y políticos, sus complicidades y su responsabilidad, Industrial Minera México de Grupo México, el Gobierno del Estado de Coahuila, el Gobierno Federal y el Sindicato Minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia determinaron la muerte de los mineros en Pasta de Conchos; señalaron las causas de su muerte, el día y la hora, y tramitaron dos actas de defunción por cada uno de ellos y condenaron al hambre a las viudas, a los hijos e hijas de los mineros caídos y a la indolencia, a todos sus familiares. Hoy en la celebración del Bicentenario, a un año de la muerte de Ramón en el Pocito Ferber, lo historia se repite.
A pesar de ello, la impunidad en la región carbonífera, no tiene la última palabra. Los mineros del carbón y sus familias se han levantado para denunciar de nueva cuenta, las viejas y sistemáticas prácticas, con las que empresas y autoridades, obran en su contra. El caso del Pocito Ferber, como ninguno de los casos que hemos asumido en la región carbonífera, está destinado al olvido. Gracias a la valentía de Oralia viuda de Ramón, a la familia de Ramón y a los trabajadores de Constructora Ferber S.A de C..V y de Minera Zeba S.A. de C.V, la Organización Internacional del Trabajo, nos informó el pasado 30 de agosto, que abré un nuevo juicio contra el Gobierno Mexicano, y en este caso, como en el de Pasta de Conchos y como en cada uno de los casos que presentamos el 20 de mayo pasado ante la OIT, los mineros del carbón y sus familias, ganarán. Sin duda, ganarán; por ellos y por los mineros todos.
A una voz ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL); CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO A.C.; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA (CRT); CENTRO ANTONIO DE MONTESINOS (CAM); PASTORAL LABORAL METROPOLITANA; Y COLECTIVO ALAS.
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com
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[1] …“por lo tanto, se le informa al representante de la empresa que se restringe el acceso al personal que labora en el interior de la mina hasta en tanto el patrón o representante legal de la empresa cumpla con las medidas de seguridad señaladas, por tanto, en caso de que el patrón o representante legal continúa con las labores al interior de la mina, queda totalmente bajo su responsabilidad en la exposición (sic) a la integridad física de los trabajadores en caso de ocurrir cualquier siniestro”. Delegación Federal del Trabajo en Coahuila, Inspección Periódica de Condiciones Generales de Seguridad, en “Pocito Ferber” de la empresa denominada “Constructora Ferber, S.A. de C. V.”, número 125/000626/2009.
Reciban un abrazo libertario, fraterno y solidario.
CEREAL
Centro de Reflexión y Acción Laboral
proyecto obrero de Fomento Cultural y Educativo A.C.
Privada de Lago San Pedro # 13,
Col. Cinco de Mayo, Del. Miguel Hidalgo,
CP11430, México D.F.
Tel. 01 (55) 52 50 03 28 / 55 45 99 25
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