Piden a Javier Lozano "no estorbar" el diálogo por tragedia en Pasta de Conchos
Patricio Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 45
A cinco años del "crimen industrial" de Pasta de Conchos ha imperado "la impunidad " y a los familiares de los 65 mineros muertos se les ha negado el acceso a la justicia, denunció Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en tanto que el sacerdote Carlos Rodríguez reveló que desde hace dos meses se estableció una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación para discutir cómo y cuándo reiniciar el rescate de los restos.
En la presentación del quinto informe de Pasta de Conchos, el jesuita habló a nombre del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y señaló que en la mesa también se discute "cómo remediar la imparable siniestralidad de la región carbonífera", y dijo que la Familia Pasta de Conchos hace un llamado enérgico al secretario del Trabajo, Javier Lozano, para no que "entorpezca ni estorbe" este diálogo.
Pidió lo mismo al secretario de Economía, Bruno Ferrari, y a los empresarios de Grupo México, porque "ni la empresa ni los secretarios referidos son interlocutores en esta mesa, por ser precisamente corresponsables del siniestro y la violación a los derechos humanos de los mineros y sus familias".
En el evento, que se inscribe en el memorial de la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, estuvieron presentes integrantes de la Familia Pasta de Conchos, además de viudas e hijos de otros mineros muertos en otras minas y "pocitos". La abogada de esta organización, Cristina Auerbach, denunció que desde la tragedia minera ocurrida hace cinco años ha habido otras 43 muertes de trabajadores en la región carbonífera.
Del mismo modo, Javier Hernández, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que sobre el rescate de los cuerpos "se ha mentido demasiado". Agregó que esta lucha no sólo es por recuperar los restos de los mineros, sino también la dignidad de los familiares.
A su vez, Ricardo García Cervantes, del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, advirtió que si nada se hace por resolver esta situación "seguramente van a seguir muriendo mineros".
También estuvieron presentes Tania Muñoz Martínez, hija de uno de los mineros muertos, quien habló de la crítica situación económica que viven las familias que sólo cuentan con becas "lastimosas" de Grupo México, y Víctor Castillo, del pocito Vertical 4, quien denunció que contratan niños e incluso él entró a trabajar ahí desde que era menor de edad.
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Jueves 17 de febrero de 2011, p. 45
A cinco años del "crimen industrial" de Pasta de Conchos ha imperado "la impunidad " y a los familiares de los 65 mineros muertos se les ha negado el acceso a la justicia, denunció Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en tanto que el sacerdote Carlos Rodríguez reveló que desde hace dos meses se estableció una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación para discutir cómo y cuándo reiniciar el rescate de los restos.
En la presentación del quinto informe de Pasta de Conchos, el jesuita habló a nombre del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y señaló que en la mesa también se discute "cómo remediar la imparable siniestralidad de la región carbonífera", y dijo que la Familia Pasta de Conchos hace un llamado enérgico al secretario del Trabajo, Javier Lozano, para no que "entorpezca ni estorbe" este diálogo.
Pidió lo mismo al secretario de Economía, Bruno Ferrari, y a los empresarios de Grupo México, porque "ni la empresa ni los secretarios referidos son interlocutores en esta mesa, por ser precisamente corresponsables del siniestro y la violación a los derechos humanos de los mineros y sus familias".
En el evento, que se inscribe en el memorial de la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, estuvieron presentes integrantes de la Familia Pasta de Conchos, además de viudas e hijos de otros mineros muertos en otras minas y "pocitos". La abogada de esta organización, Cristina Auerbach, denunció que desde la tragedia minera ocurrida hace cinco años ha habido otras 43 muertes de trabajadores en la región carbonífera.
Del mismo modo, Javier Hernández, de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo que sobre el rescate de los cuerpos "se ha mentido demasiado". Agregó que esta lucha no sólo es por recuperar los restos de los mineros, sino también la dignidad de los familiares.
A su vez, Ricardo García Cervantes, del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, advirtió que si nada se hace por resolver esta situación "seguramente van a seguir muriendo mineros".
También estuvieron presentes Tania Muñoz Martínez, hija de uno de los mineros muertos, quien habló de la crítica situación económica que viven las familias que sólo cuentan con becas "lastimosas" de Grupo México, y Víctor Castillo, del pocito Vertical 4, quien denunció que contratan niños e incluso él entró a trabajar ahí desde que era menor de edad.
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