Mexicanos hambrientos, extranjeros ricos
Que Calderón rinda cuentas
Martín Esparza
Mientras la hambruna en la Sierra Tarahumara se muestra como la más cruda expresión de la pobreza que agobia a más de 52 millones de mexicanos, el gobierno panista de Felipe Calderón insiste en seguir entregando los recursos energéticos y la riqueza que generan a intereses extranjeros.
Bajo los mínimos estándares de la lógica o el sentido común, resulta inexplicable que en diciembre pasado el Presidente haya recurrido a su derecho de veto para bloquear la asignación de 10 mil millones de pesos que el Congreso había autorizado para auxiliar a la población rural e indígena de 20 estados que padecieron la peor de sus crisis agrícolas a consecuencia de la más aguda de las sequías en los últimos 70 años.
Miles de mexicanos se quedaron sin un pan que llevarse a la boca, pero el apático gobierno panista se cruzó de brazos.
Y la pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos es: ¿y dónde estaba el gobierno federal y sus recursos públicos para atender situaciones de esta naturaleza?
No puede aceptarse desde ninguna óptica globalizadora que así lo justifique que este año, en el presupuesto de egresos, se hayan autorizado recursos del orden de los 51 mil 247 millones de pesos para apoyar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, que beneficiarán vía los llamados Pidiregas, a los Productores Independientes de Energía, que en los hechos son las empresas trasnacionales que desde el año 2000 han obtenido, a través de 22 contratos, el control de casi el 50 por ciento de la generación de energía eléctrica que se consume en el país, la cual la Comisión Federal de Electricidad les compra de forma obligada, a altos precios.
Estas empresas, entre las que figuran las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, las japonesas Mitsui y Mitsubishi, la americana AES, la canadiense TRANSALTA y la francesa EDF, obtuvieron ganancias, del 2000 al 2009, por más de 350 mil millones de pesos por concepto de la compra de la energía que les hace CFE.
El peor de los escenarios para nuestra tragedia nacional, donde ya apareció el fenómeno de la hambruna, es que esos recursos multimillonarios que año con año entregamos a las trasnacionales van a crear riqueza en otros países, dejando al nuestro en el más vergonzoso e incomprensible de los saqueos.
¿No sería más viable dejar de ser candiles de calle y echar atrás las reformas que el gobierno de Carlos Salinas hizo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando el contenido de los artículos 27 y 28 constitucionales, al permitir que extranjeros se adueñen de los nuestra industria eléctrica nacional?
En ambos preceptos constitucionales se establece con claridad el derecho exclusivo de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio, impidiendo el otorgar concesiones a particulares.
Debemos preguntarnos seriamente ante la avasallante realidad social que tiene a millones de mexicanos al borde del hambre: ¿qué beneficios han traído al país éstas reformas?
Los mexicanos no podemos aceptar que dentro del presupuesto de 3 billones de pesos autorizado por el Congreso para este año, el gobierno de Calderón siga privilegiando a las trasnacionales y aplique el más criminal de los olvidos a quienes sus erradas políticas económicas han encaminado al hambre y a la muerte.
Fuente
Martín Esparza
Mientras la hambruna en la Sierra Tarahumara se muestra como la más cruda expresión de la pobreza que agobia a más de 52 millones de mexicanos, el gobierno panista de Felipe Calderón insiste en seguir entregando los recursos energéticos y la riqueza que generan a intereses extranjeros.
Bajo los mínimos estándares de la lógica o el sentido común, resulta inexplicable que en diciembre pasado el Presidente haya recurrido a su derecho de veto para bloquear la asignación de 10 mil millones de pesos que el Congreso había autorizado para auxiliar a la población rural e indígena de 20 estados que padecieron la peor de sus crisis agrícolas a consecuencia de la más aguda de las sequías en los últimos 70 años.
Miles de mexicanos se quedaron sin un pan que llevarse a la boca, pero el apático gobierno panista se cruzó de brazos.
Y la pregunta que debemos hacernos todos los mexicanos es: ¿y dónde estaba el gobierno federal y sus recursos públicos para atender situaciones de esta naturaleza?
No puede aceptarse desde ninguna óptica globalizadora que así lo justifique que este año, en el presupuesto de egresos, se hayan autorizado recursos del orden de los 51 mil 247 millones de pesos para apoyar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, que beneficiarán vía los llamados Pidiregas, a los Productores Independientes de Energía, que en los hechos son las empresas trasnacionales que desde el año 2000 han obtenido, a través de 22 contratos, el control de casi el 50 por ciento de la generación de energía eléctrica que se consume en el país, la cual la Comisión Federal de Electricidad les compra de forma obligada, a altos precios.
Estas empresas, entre las que figuran las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, las japonesas Mitsui y Mitsubishi, la americana AES, la canadiense TRANSALTA y la francesa EDF, obtuvieron ganancias, del 2000 al 2009, por más de 350 mil millones de pesos por concepto de la compra de la energía que les hace CFE.
El peor de los escenarios para nuestra tragedia nacional, donde ya apareció el fenómeno de la hambruna, es que esos recursos multimillonarios que año con año entregamos a las trasnacionales van a crear riqueza en otros países, dejando al nuestro en el más vergonzoso e incomprensible de los saqueos.
¿No sería más viable dejar de ser candiles de calle y echar atrás las reformas que el gobierno de Carlos Salinas hizo a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando el contenido de los artículos 27 y 28 constitucionales, al permitir que extranjeros se adueñen de los nuestra industria eléctrica nacional?
En ambos preceptos constitucionales se establece con claridad el derecho exclusivo de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio, impidiendo el otorgar concesiones a particulares.
Debemos preguntarnos seriamente ante la avasallante realidad social que tiene a millones de mexicanos al borde del hambre: ¿qué beneficios han traído al país éstas reformas?
Los mexicanos no podemos aceptar que dentro del presupuesto de 3 billones de pesos autorizado por el Congreso para este año, el gobierno de Calderón siga privilegiando a las trasnacionales y aplique el más criminal de los olvidos a quienes sus erradas políticas económicas han encaminado al hambre y a la muerte.
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