Zedillo es protegido por Calderón
Zedillo es protegido por Calderón
Por Gerardo Peláez Ramos
Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 25/01/12.- Con el objeto de que en el futuro no se proceda judicialmente contra funcionarios panistas actuales, el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa solicitó a la administración gringa de Barack Obama que conceda a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México, la inmunidad legal que se otorga a los gobernantes en ejercicio, para que sea desechada la demanda civil que se presentó en la Corte Federal de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, contra este connotado neoliberal por su presunta culpabilidad por la masacre de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
Tal solicitud ya había sido presentada, el 6 de enero de este año, por el mismo Zedillo, tomando como precedentes los casos de criminales tan connotados como Álvaro Uribe Vélez, quien, protegido por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, fue declarado inmune de gravísimos delitos cometidos contra el pueblo colombiano, e igualmente con un terrorista israelí, asesino de civiles palestinos.
El último presidente del Partido Revolucionario Institucional fue acusado por algunos sobrevivientes de la masacre de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños, entre quienes se hallaban cuatro mujeres embarazadas. Conforme a la denuncia, tales acontecimientos tuvieron lugar en el marco de la ejecución del llamado Plan de campaña Chiapas 94, criminal plan táctico para liquidar las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpieron el 1 de enero de 1994.
Excélsior y otros medios impresos, informaron: "La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), en nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos, y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva".
En México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide laudos que permiten la privatización de Petróleos Mexicanos, mediante triquiñuelas del gobierno vendepatria del PAN; legaliza la "extinción" de Luz y Fuerza del Centro que decretó, sin tener atributos para ello, el presidente ilegítimo de la República Mexicana; no se entera de la invasión del país por policías, militares, espías, provocadores y "contratistas" norteamericanos; desconoce los vuelos, solicitados por los entreguistas del partido blanquiazul, en territorio nacional de los drones, aeronaves especialmente diseñadas para el espionaje y la realización de acciones terroristas por parte de Estados Unidos, y no tiene información acerca de la instalación en suelo patrio de dependencias militares y policíacas de la potencia al norte del río Bravo. En tales condiciones, está descartado en nuestra nación, de plano, proceder judicialmente contra el conocido neoliberal privatizador, genocida y criminal de guerra Ernesto Zedillo Ponce de León, destacado agente de empresas trasnacionales.
Por ello, no yerra La Jornada al plantear en su editorial del 11 de enero retropróximo: "Sin embargo, ninguno de los políticos en altos cargos, responsables de garantizar la vida de los pobladores de Acteal, fue sometido a proceso: ni Zedillo, ni su entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; ni Julio César Ruiz Ferro, a la sazón gobernador de Chiapas; ni sus secretario y subsecretario de Gobierno, Homero Tovilla y Uriel Jarquín, ni el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar --a quien se señala por haber encubierto responsabilidades y fabricado pruebas--, ni los mandos militares a cargo de la zona.
"El crimen en el poblado tzotzil, cabe recordar, ocurrió en un contexto marcado por la promoción de grupos paramilitares antizapatistas hecho por el gobierno federal, y por la traición de Zedillo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, toda vez que desconoció los acuerdos de paz signados en San Andrés Larráinzar en febrero de 1996 y saboteó la iniciativa de reformas constitucionales elaborada, sobre la base de los acuerdos mencionados, por la comisión legislativa".
Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León no sólo tuvo enorme responsabilidad en la masacre de Acteal, sino también en la matanza del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y en otros crímenes políticos y sociales. Para ilustrar la política criminal del gobierno proyanqui de Ernesto Zedillo, conviene transcribir, con leves modificaciones, partes de una cronología publicada en el sitio de Sipaz sobre el conflicto en Chiapas, que abarca desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la administración de Vicente Fox Quesada, pero que en este artículo sólo se reproducen algunas fechas que corresponden al zedillato:
1994
1º de diciembre
Ernesto Zedillo toma de posesión de la Presidencia de la República.
19 de diciembre
Los zapatistas rompen el cerco militar, y en forma pacífica establecen posiciones en 38 cabeceras municipales declarándolos municipios autónomos y rebeldes.
24 de diciembre
El EZLN y el gobierno federal aceptan a la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, presidida por el obispo Samuel Ruiz, como mediadora.
1995
9 de febrero
El gobierno revela la supuesta identidad del subcomandante Marcos y ordena la detención de los líderes zapatistas. Más de 20,000 campesinos huyen a las montañas por temor al Ejército. Se establece una fuerte presencia militar en toda la zona del conflicto. En México, DF, miles de personas manifiestan su oposición a la ofensiva militar.
11 de marzo
El Congreso de la Unión aprueba la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. La ley define un marco para retomar el proceso de paz, y, por el tiempo que dure el diálogo, suspender las órdenes de aprehensión y los operativos militares en contra de los zapatistas. Se crea la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso, con el objetivo de facilitar este nuevo diálogo.
9 de abril
Se realiza un primer encuentro entre los zapatistas, la CONAI y la delegación gubernamental en el ejido de San Miguel, municipio de Ocosingo. La negociación se prolongará durante meses, con múltiples interrupciones, en un poblado de los Altos de Chiapas, San Andrés Larráinzar, que los zapatistas rebautizan con el nombre de Sacamch'en de los Pobres.
1996
16 de febrero
Al cabo de cinco meses de negociaciones, el gobierno y el EZLN firman en San Andrés, los primeros acuerdos sobre Derechos y Culturas Indígenas.
3 de septiembre
El EZLN decide retirarse de las negociaciones hasta en tanto no se cumplan las condiciones necesarias para la credibilidad del proceso: liberación de todos los presuntos zapatistas presos, una comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación zapatista, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER), propuestas serias y concretas para la Mesa de "Democracia y Justicia", y el fin del clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades indígenas.
A lo largo de 1995 y 1996
Violencia en la zona Norte (asesinatos, desplazados, emboscadas, bloqueos de carretera, etc). La mayoría de las acciones son atribuidas al grupo 'Paz y Justicia' y a 'Los Chinchulines' en la zona de Chilón-Bachajón.
1997
16 de febrero
Más de 10,000 indígenas zapatistas marchan en San Cristóbal para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés aceptando la iniciativa de ley de la COCOPA.
14 de marzo
En San Pedro Nixtalucum (municipio de El Bosque), en un despliegue represivo, la policía estatal abate a civiles simpatizantes del EZLN, resultando cuatro muertos, 29 heridos, 27 detenidos y 300 desplazados.
25 de abril
200 desplazados choles de la zona Norte de Chiapas rompen el cerco de "Paz y Justicia", con la caravana "Wejlel" ("Libertad" en la lengua chol), y marchan hacia la capital del estado para reclamar soluciones a la situación en su región. Hacen un plantón de 87 días ante el Palacio de Gobierno sin ser atendidos por el gobierno estatal.
4 de noviembre
Ataque en contra de los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas cerca de Tila, zona Norte de Chiapas.
29 de noviembre
10 mil indígenas de diversas regiones de Chiapas realizan una marcha en San Cristóbal para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Fin de noviembre
Más de 4 mil 500 indígenas (de "Las Abejas" y simpatizantes zapatistas) han huido de la violencia en el municipio de Chenalhó.
22 de diciembre
Cruel matanza de 45 personas, la mayoría niños y mujeres pertenecientes al grupo civil "Las Abejas", refugiadas en Acteal, municipio de Chenalhó, por parte de paramilitares.
Fin de diciembre
Decenas de personas son detenidas, acusadas por su presunta participación en la matanza de Acteal, entre ellas un comandante de la Seguridad Pública y el presidente priísta del municipio de Chenalhó. El gobierno mexicano manda cinco mil soldados más a Chiapas, incluyendo 2 mil a Chenalhó.
1998
Mediados de marzo
El PRI y el PAN presentan una iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas. El presidente Zedillo finalmente entrega un proyecto similar a la iniciativa del PRI.
11 de abril
El municipio autónomo Ricardo Flores Magón es desmantelado en un operativo policíaco-militar en la comunidad de Taniperlas, municipio de Ocosingo. Se detiene a nueve mexicanos, y 12 extranjeros son expulsados del país.
1 de mayo
En un operativo policíaco-militar se desmantela el municipio autónomo Tierra y Libertad con cabecera en Amparo Agua Tinta. Se detiene a 53 personas.
25 de mayo
El coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, presenta la estrategia del gobierno federal para apoyar el proceso de pacificación en Chiapas.
3 de junio
En un operativo policiaco-militar más de mil elementos de las fuerzas de seguridad entran en Nicolás Ruiz. Los policías detienen a más de 100 pobladores.
10 de junio
En un operativo policíaco-militar para desmantelar el municipio autónomo San Juan de la Libertad, ubicado en El Bosque mueren ocho civiles y dos policías.
3 de agosto
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas difunde un informe donde dice que en los últimos 6 meses en Chiapas se registraron 57 ejecuciones sumarias, seis asesinatos políticos y más de 185 expulsiones de extranjeros. Denuncia que en este tiempo hubo en el estado varios casos graves de tortura, decenas de atentados en contra de defensores de Derechos Humanos, organizaciones civiles y líderes sociales, y cientos de acciones militares y policíacas en la zona del conflicto.
1999
20 de febrero
Se pone en libertad a seis integrantes del grupo paramilitar "Los Chinchulines" que tiene su base en Bachajón.
Las primeras dos semanas de junio
Aumento significativo en incursiones militares y policíacas en comunidades zapatistas, detenciones arbitrarias de presuntos zapatistas, hostigamiento por parte de los militares en los retenes y concentración de tropas. En cada uno de las incursiones participan entre cien y mil militares y policías. Como pretexto de todos estos operativos, las autoridades estatales y federales mencionan la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes y la protección de los habitantes que lo pidieron.
12 de agosto
Aproximadamente 500 militares llegan por tierra y aire a la comunidad Amador Hernández (Selva). Las fuentes oficiales argumentan que su presencia tiene el objetivo de proteger a los topógrafos que harán las mediciones para una carretera. Los habitantes se oponen a la construcción de dicha carretera.
26 de agosto
Enfrentamiento entre el Ejército y bases de apoyo zapatistas en la comunidad San José la Esperanza, municipio de Las Margaritas. Tres indígenas son detenidos y siete militares son heridos a machetazos.
6 de octubre
La Procuraduría General de la República instala una oficina especial en Chiapas para la investigación de los grupos armados que operan en la entidad.
2000
18 de octubre
El presidente Zedillo expropia 3,5 hectáreas del ejido Amador Hernández, comunidad zapatista en el municipio de Ocosingo, para construir instalaciones militares.
28 de octubre
La Procuraduría General de la República detiene a 11 miembros de los grupos paramilitares Paz y Justicia, y Unión Campesina e Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF, escisión de Paz y Justicia) en la zona Norte, acusados de terrorismo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo.
13 de noviembre
La comunidad Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, impide con violencia a la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un operativo en el que participaron 150 policías judiciales federales y 20 agentes del Ministerio Público con el fin de buscar armas en manos de presuntos paramilitares.
Los hechos anteriores son un reflejo de la violencia oficial contra el EZLN, sus bases de apoyo y las comunidades indígenas. Si a ellos se suman las acciones represivas del Ejército, las distintas policías y los cuerpos irregulares de matones al servicio de los caciques y capitalistas en Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas, la lista de sucesos antipopulares se incrementaría mucho más.
Es obvio que no es fácil presentar un registro pormenorizado de la violencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo contra los campesinos e indígenas, estudiantes, trabajadores asalariados y militantes de izquierda, ya que habría que incluir las matanzas de diversos lugares, así como los asesinatos, encarcelamientos, golpizas y otros medios de represión utilizados para derrotar movimientos sociales, impedir el desarrollo de organizaciones representativas y frustrar la proyección de líderes de masas.
No se abordan en esta entrega otros aspectos de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, conocido agente del capital extranjero y destructor de la seguridad social de los trabajadores mexicanos, pero puede agregarse que su entreguismo lo continuó de manera viviente al ponerse a las órdenes de poderosos monopolios imperialistas, por lo que no extraña que reciba el Premio Internacional Trayectoria Humana 2011 de la Fundación Cristóbal Gabarrón, de la derecha española. Zedillo debe ser condenado por sus delitos, y aunque está claro que el juicio civil que se le sigue en Estados Unidos es meramente propagandístico y con objetivos de reparación económica, no debe menospreciarse el aspecto positivo de su desenmascaramiento como represor y criminal de guerra, pese a que la Unión Americana es el país que mayores delitos internacionales comete y las organizaciones de derechos humanos de ese país deberían proceder judicialmente contra los presidentes terroristas George W. Bush y Barack H. Obama, culpables de genocidio y crímenes de guerra por sus intervenciones militares en el mundo árabe y musulmán.
Finalmente, es evidente que, en previsión de futuras denuncias judiciales contra Felipe Calderón y sus principales colaboradores y achichincles, el gobierno panista protege a Ernesto Zedillo y se "apalabra" con la administración de Barack H. Obama. Es una componenda entre caballeros perpetradores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: Calderón en México y Obama en Irak, Afganistán y Libia.
Gerardo Peláez Ramos es autor, entre otras obras, de Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. (Cronología. 1919-1968), 2 tomos, Culiacán, UAS, 1980; Situación actual y perspectivas del movimiento sindical en México, Puebla, UAP, 1978; Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, ECP, 1984, y Ed. del STUNAM, 2ª ed. corr. y aum., 2000; Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984; Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG, 1990; El sindicalismo magisterial. 1935-1943, México, SNTE, 1994; Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), México, Ed. del STUNAM, 1999; Breve historia del STUNAM, México, UNAM-STUNAM, 2001, y Resumen histórico del SUNTU (1979-1995), Culiacán, SUNTUAS Académicos, 2004.
Fuente
Por Gerardo Peláez Ramos
Rebanadas de Realidad - Distrito Federal, 25/01/12.- Con el objeto de que en el futuro no se proceda judicialmente contra funcionarios panistas actuales, el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa solicitó a la administración gringa de Barack Obama que conceda a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México, la inmunidad legal que se otorga a los gobernantes en ejercicio, para que sea desechada la demanda civil que se presentó en la Corte Federal de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, contra este connotado neoliberal por su presunta culpabilidad por la masacre de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997.
Tal solicitud ya había sido presentada, el 6 de enero de este año, por el mismo Zedillo, tomando como precedentes los casos de criminales tan connotados como Álvaro Uribe Vélez, quien, protegido por el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, fue declarado inmune de gravísimos delitos cometidos contra el pueblo colombiano, e igualmente con un terrorista israelí, asesino de civiles palestinos.
El último presidente del Partido Revolucionario Institucional fue acusado por algunos sobrevivientes de la masacre de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños, entre quienes se hallaban cuatro mujeres embarazadas. Conforme a la denuncia, tales acontecimientos tuvieron lugar en el marco de la ejecución del llamado Plan de campaña Chiapas 94, criminal plan táctico para liquidar las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que irrumpieron el 1 de enero de 1994.
Excélsior y otros medios impresos, informaron: "La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami (Florida), en nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos, y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva".
En México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide laudos que permiten la privatización de Petróleos Mexicanos, mediante triquiñuelas del gobierno vendepatria del PAN; legaliza la "extinción" de Luz y Fuerza del Centro que decretó, sin tener atributos para ello, el presidente ilegítimo de la República Mexicana; no se entera de la invasión del país por policías, militares, espías, provocadores y "contratistas" norteamericanos; desconoce los vuelos, solicitados por los entreguistas del partido blanquiazul, en territorio nacional de los drones, aeronaves especialmente diseñadas para el espionaje y la realización de acciones terroristas por parte de Estados Unidos, y no tiene información acerca de la instalación en suelo patrio de dependencias militares y policíacas de la potencia al norte del río Bravo. En tales condiciones, está descartado en nuestra nación, de plano, proceder judicialmente contra el conocido neoliberal privatizador, genocida y criminal de guerra Ernesto Zedillo Ponce de León, destacado agente de empresas trasnacionales.
Por ello, no yerra La Jornada al plantear en su editorial del 11 de enero retropróximo: "Sin embargo, ninguno de los políticos en altos cargos, responsables de garantizar la vida de los pobladores de Acteal, fue sometido a proceso: ni Zedillo, ni su entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; ni Julio César Ruiz Ferro, a la sazón gobernador de Chiapas; ni sus secretario y subsecretario de Gobierno, Homero Tovilla y Uriel Jarquín, ni el ex procurador Jorge Madrazo Cuéllar --a quien se señala por haber encubierto responsabilidades y fabricado pruebas--, ni los mandos militares a cargo de la zona.
"El crimen en el poblado tzotzil, cabe recordar, ocurrió en un contexto marcado por la promoción de grupos paramilitares antizapatistas hecho por el gobierno federal, y por la traición de Zedillo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, toda vez que desconoció los acuerdos de paz signados en San Andrés Larráinzar en febrero de 1996 y saboteó la iniciativa de reformas constitucionales elaborada, sobre la base de los acuerdos mencionados, por la comisión legislativa".
Sin embargo, Ernesto Zedillo Ponce de León no sólo tuvo enorme responsabilidad en la masacre de Acteal, sino también en la matanza del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y en otros crímenes políticos y sociales. Para ilustrar la política criminal del gobierno proyanqui de Ernesto Zedillo, conviene transcribir, con leves modificaciones, partes de una cronología publicada en el sitio de Sipaz sobre el conflicto en Chiapas, que abarca desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la administración de Vicente Fox Quesada, pero que en este artículo sólo se reproducen algunas fechas que corresponden al zedillato:
1994
1º de diciembre
Ernesto Zedillo toma de posesión de la Presidencia de la República.
19 de diciembre
Los zapatistas rompen el cerco militar, y en forma pacífica establecen posiciones en 38 cabeceras municipales declarándolos municipios autónomos y rebeldes.
24 de diciembre
El EZLN y el gobierno federal aceptan a la Comisión Nacional de Intermediación, CONAI, presidida por el obispo Samuel Ruiz, como mediadora.
1995
9 de febrero
El gobierno revela la supuesta identidad del subcomandante Marcos y ordena la detención de los líderes zapatistas. Más de 20,000 campesinos huyen a las montañas por temor al Ejército. Se establece una fuerte presencia militar en toda la zona del conflicto. En México, DF, miles de personas manifiestan su oposición a la ofensiva militar.
11 de marzo
El Congreso de la Unión aprueba la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. La ley define un marco para retomar el proceso de paz, y, por el tiempo que dure el diálogo, suspender las órdenes de aprehensión y los operativos militares en contra de los zapatistas. Se crea la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) integrada por legisladores de todos los partidos políticos representados en el Congreso, con el objetivo de facilitar este nuevo diálogo.
9 de abril
Se realiza un primer encuentro entre los zapatistas, la CONAI y la delegación gubernamental en el ejido de San Miguel, municipio de Ocosingo. La negociación se prolongará durante meses, con múltiples interrupciones, en un poblado de los Altos de Chiapas, San Andrés Larráinzar, que los zapatistas rebautizan con el nombre de Sacamch'en de los Pobres.
1996
16 de febrero
Al cabo de cinco meses de negociaciones, el gobierno y el EZLN firman en San Andrés, los primeros acuerdos sobre Derechos y Culturas Indígenas.
3 de septiembre
El EZLN decide retirarse de las negociaciones hasta en tanto no se cumplan las condiciones necesarias para la credibilidad del proceso: liberación de todos los presuntos zapatistas presos, una comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación zapatista, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER), propuestas serias y concretas para la Mesa de "Democracia y Justicia", y el fin del clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades indígenas.
A lo largo de 1995 y 1996
Violencia en la zona Norte (asesinatos, desplazados, emboscadas, bloqueos de carretera, etc). La mayoría de las acciones son atribuidas al grupo 'Paz y Justicia' y a 'Los Chinchulines' en la zona de Chilón-Bachajón.
1997
16 de febrero
Más de 10,000 indígenas zapatistas marchan en San Cristóbal para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés aceptando la iniciativa de ley de la COCOPA.
14 de marzo
En San Pedro Nixtalucum (municipio de El Bosque), en un despliegue represivo, la policía estatal abate a civiles simpatizantes del EZLN, resultando cuatro muertos, 29 heridos, 27 detenidos y 300 desplazados.
25 de abril
200 desplazados choles de la zona Norte de Chiapas rompen el cerco de "Paz y Justicia", con la caravana "Wejlel" ("Libertad" en la lengua chol), y marchan hacia la capital del estado para reclamar soluciones a la situación en su región. Hacen un plantón de 87 días ante el Palacio de Gobierno sin ser atendidos por el gobierno estatal.
4 de noviembre
Ataque en contra de los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas cerca de Tila, zona Norte de Chiapas.
29 de noviembre
10 mil indígenas de diversas regiones de Chiapas realizan una marcha en San Cristóbal para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
Fin de noviembre
Más de 4 mil 500 indígenas (de "Las Abejas" y simpatizantes zapatistas) han huido de la violencia en el municipio de Chenalhó.
22 de diciembre
Cruel matanza de 45 personas, la mayoría niños y mujeres pertenecientes al grupo civil "Las Abejas", refugiadas en Acteal, municipio de Chenalhó, por parte de paramilitares.
Fin de diciembre
Decenas de personas son detenidas, acusadas por su presunta participación en la matanza de Acteal, entre ellas un comandante de la Seguridad Pública y el presidente priísta del municipio de Chenalhó. El gobierno mexicano manda cinco mil soldados más a Chiapas, incluyendo 2 mil a Chenalhó.
1998
Mediados de marzo
El PRI y el PAN presentan una iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas. El presidente Zedillo finalmente entrega un proyecto similar a la iniciativa del PRI.
11 de abril
El municipio autónomo Ricardo Flores Magón es desmantelado en un operativo policíaco-militar en la comunidad de Taniperlas, municipio de Ocosingo. Se detiene a nueve mexicanos, y 12 extranjeros son expulsados del país.
1 de mayo
En un operativo policíaco-militar se desmantela el municipio autónomo Tierra y Libertad con cabecera en Amparo Agua Tinta. Se detiene a 53 personas.
25 de mayo
El coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, presenta la estrategia del gobierno federal para apoyar el proceso de pacificación en Chiapas.
3 de junio
En un operativo policiaco-militar más de mil elementos de las fuerzas de seguridad entran en Nicolás Ruiz. Los policías detienen a más de 100 pobladores.
10 de junio
En un operativo policíaco-militar para desmantelar el municipio autónomo San Juan de la Libertad, ubicado en El Bosque mueren ocho civiles y dos policías.
3 de agosto
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas difunde un informe donde dice que en los últimos 6 meses en Chiapas se registraron 57 ejecuciones sumarias, seis asesinatos políticos y más de 185 expulsiones de extranjeros. Denuncia que en este tiempo hubo en el estado varios casos graves de tortura, decenas de atentados en contra de defensores de Derechos Humanos, organizaciones civiles y líderes sociales, y cientos de acciones militares y policíacas en la zona del conflicto.
1999
20 de febrero
Se pone en libertad a seis integrantes del grupo paramilitar "Los Chinchulines" que tiene su base en Bachajón.
Las primeras dos semanas de junio
Aumento significativo en incursiones militares y policíacas en comunidades zapatistas, detenciones arbitrarias de presuntos zapatistas, hostigamiento por parte de los militares en los retenes y concentración de tropas. En cada uno de las incursiones participan entre cien y mil militares y policías. Como pretexto de todos estos operativos, las autoridades estatales y federales mencionan la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes y la protección de los habitantes que lo pidieron.
12 de agosto
Aproximadamente 500 militares llegan por tierra y aire a la comunidad Amador Hernández (Selva). Las fuentes oficiales argumentan que su presencia tiene el objetivo de proteger a los topógrafos que harán las mediciones para una carretera. Los habitantes se oponen a la construcción de dicha carretera.
26 de agosto
Enfrentamiento entre el Ejército y bases de apoyo zapatistas en la comunidad San José la Esperanza, municipio de Las Margaritas. Tres indígenas son detenidos y siete militares son heridos a machetazos.
6 de octubre
La Procuraduría General de la República instala una oficina especial en Chiapas para la investigación de los grupos armados que operan en la entidad.
2000
18 de octubre
El presidente Zedillo expropia 3,5 hectáreas del ejido Amador Hernández, comunidad zapatista en el municipio de Ocosingo, para construir instalaciones militares.
28 de octubre
La Procuraduría General de la República detiene a 11 miembros de los grupos paramilitares Paz y Justicia, y Unión Campesina e Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF, escisión de Paz y Justicia) en la zona Norte, acusados de terrorismo, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo.
13 de noviembre
La comunidad Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, impide con violencia a la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un operativo en el que participaron 150 policías judiciales federales y 20 agentes del Ministerio Público con el fin de buscar armas en manos de presuntos paramilitares.
Los hechos anteriores son un reflejo de la violencia oficial contra el EZLN, sus bases de apoyo y las comunidades indígenas. Si a ellos se suman las acciones represivas del Ejército, las distintas policías y los cuerpos irregulares de matones al servicio de los caciques y capitalistas en Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas, la lista de sucesos antipopulares se incrementaría mucho más.
Es obvio que no es fácil presentar un registro pormenorizado de la violencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo contra los campesinos e indígenas, estudiantes, trabajadores asalariados y militantes de izquierda, ya que habría que incluir las matanzas de diversos lugares, así como los asesinatos, encarcelamientos, golpizas y otros medios de represión utilizados para derrotar movimientos sociales, impedir el desarrollo de organizaciones representativas y frustrar la proyección de líderes de masas.
No se abordan en esta entrega otros aspectos de la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, conocido agente del capital extranjero y destructor de la seguridad social de los trabajadores mexicanos, pero puede agregarse que su entreguismo lo continuó de manera viviente al ponerse a las órdenes de poderosos monopolios imperialistas, por lo que no extraña que reciba el Premio Internacional Trayectoria Humana 2011 de la Fundación Cristóbal Gabarrón, de la derecha española. Zedillo debe ser condenado por sus delitos, y aunque está claro que el juicio civil que se le sigue en Estados Unidos es meramente propagandístico y con objetivos de reparación económica, no debe menospreciarse el aspecto positivo de su desenmascaramiento como represor y criminal de guerra, pese a que la Unión Americana es el país que mayores delitos internacionales comete y las organizaciones de derechos humanos de ese país deberían proceder judicialmente contra los presidentes terroristas George W. Bush y Barack H. Obama, culpables de genocidio y crímenes de guerra por sus intervenciones militares en el mundo árabe y musulmán.
Finalmente, es evidente que, en previsión de futuras denuncias judiciales contra Felipe Calderón y sus principales colaboradores y achichincles, el gobierno panista protege a Ernesto Zedillo y se "apalabra" con la administración de Barack H. Obama. Es una componenda entre caballeros perpetradores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad: Calderón en México y Obama en Irak, Afganistán y Libia.
Gerardo Peláez Ramos es autor, entre otras obras, de Partido Comunista Mexicano. 60 años de historia. (Cronología. 1919-1968), 2 tomos, Culiacán, UAS, 1980; Situación actual y perspectivas del movimiento sindical en México, Puebla, UAP, 1978; Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, México, ECP, 1984, y Ed. del STUNAM, 2ª ed. corr. y aum., 2000; Las luchas magisteriales de 1956-1960, México, ECP, 1984; Historia del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, CESS del STAUAG, 1990; El sindicalismo magisterial. 1935-1943, México, SNTE, 1994; Diez años de luchas magisteriales (1979-1989), México, Ed. del STUNAM, 1999; Breve historia del STUNAM, México, UNAM-STUNAM, 2001, y Resumen histórico del SUNTU (1979-1995), Culiacán, SUNTUAS Académicos, 2004.
Fuente
Comentarios