Calderón y su atroz legado: campesinos y agricultura en ruinas
Martín Esparza Flores*/ segunda parte
Contralínea
Bajo el esquema de alentar de manera
indiscriminada las importaciones agropecuarias y otorgar recursos
presupuestales sólo a quienes “son productivos”, el gobierno de Felipe
Calderón terminó por llevar al campo a la peor de las ruinas y al país a
la antesala de la más absoluta dependencia alimentaria. No conforme con
ello, sentenció a los 30 millones de habitantes de las zonas rurales a
una ineludible miseria, pues 27.4 millones no perciben los ingresos
suficientes para adquirir los alimentos más elementales de la canasta
básica como leche o huevo.
Irónicamente
el exmandatario Felipe Calderón tuvo el cinismo de declarar en abril
pasado en Washington, ante los miembros de la Cámara Americana de
Comercio, que por primera vez en la historia de México la migración de
connacionales a Estados Unidos era cero, como producto de “las
oportunidades de empleo, la cobertura de salud y de educación en el
país”, cuando son factores como el desmesurado control y brutalidad de
la Patrulla Fronteriza y la extorsión aplicada a los aspirantes de
braceros por parte de grupos delincuenciales, como Los Zetas, las
causales que han desalentado el fenómeno.
De acuerdo con las cifras
extraoficiales, mientras de 2000 a 2005 emigraron al país vecino 3
millones de mexicanos, de 2005 a 2010 únicamente lo hicieron 1.4
millones, de los cuales, el 70 por ciento tienen su origen en las zonas
rurales marginadas del país: son los campesinos olvidados de los
programas de asistencia y producción de dependencias estatales como la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa). Ésta, como admitió en una de sus últimas
comparecencias ante el Congreso de la Unión su extitular, Francisco
Javier Mayorga, exclusivamente otorgó recursos presupuestales a quienes
“son más productivos”.
Bajo tal esquema, miles y miles de
campesinos y pequeños productores agrícolas quedaron al margen de los
beneficios oficiales, no así los poderosos consorcios que, como Grupo Maseca, Bachoco, Cargill, Gradesa, Grupo Gamesa y
otros cinco más, obtuvieron tan sólo en 2011 del dadivoso gobierno de
Calderón y de su secretario de la Sagarpa recursos superiores a los 1
mil millones de pesos, dejando fuera de las asignaciones al 80 por
ciento de los pequeños productores nacionales.
Tal sistema, que ha terminado por
acaparar en unas cuantas manos la producción, comercialización y toda la
infraestructura básica del sector agropecuario, provocó que del
universo de 30 millones de mexicanos que viven en el medio rural, sólo
8.5 millones tengan trabajo en actividades agrícolas y ganaderas, 10
millones estén cesantes y carezcan de ingreso alguno y 8.8 millones
apenas perciban un salario mínimo.
Por si esto no fuera suficiente para
minar al agro nacional, la criminal e irresponsable política que en
conjunto realizaron la Sagarpa y la Secretaría de Economía, con Bruno
Ferrari a la cabeza, devastaron áreas enteras de producción al permitir
el ingreso de productos agrícolas contaminados, como sucedió con la
llegada al país de una variedad de papa estadunidense que traía
insertadas 58 tipos de plagas y que acabó por afectar en nuestro
territorio, además del cultivo de la propia papa, a otros como la
berenjena y el frijol.
En el Congreso de la Unión están
registradas infinidad de atrocidades cometidas por los exfuncionarios
del sector. En la pasada LXI Legislatura, por ejemplo, se hicieron a
tiempo las reconvenciones a la Sagarpa para que atendiera la alerta
sobre la propagación de la bacteria conocida como dragón amarillo que
estaba reproduciéndose con rapidez en los limoneros del país.
Inexplicablemente el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria se cruzó de brazos y dejó que las afectaciones
causaran estragos en miles de árboles productores de limón en 13 estados
de la República. La devastación no se hizo esperar: impactó no
únicamente a la producción sino a los precios del mercado y causó el
despido de por lo menos 93 mil jornaleros agrícolas que subsistían de la
actividad.
Actualmente en la Cámara de Senadores
se encuentra pendiente una investigación sobre este sector, y cuyos
resultados podrían sacar a la luz pública la delincuencial actitud de
algunos monopolios nacionales que han recurrido a lo que podría
considerarse una guerra bacteriológica con el fin de hacer quebrar a sus
competidores, y en cuyas responsabilidades estarían nuevamente
relacionados los exsecretarios de la Sagarpa, Francisco Mayorga, y de
Economía, Bruno Ferrari.
De acuerdo con las indagatorias todo
hace suponer que el brote de la gripe aviar que mató a más de 22
millones de gallinas por la propagación del virus H7N3, no fue natural
sino inducido e instrumentado por órdenes de dos poderosos consorcios
avícolas: El Calvario y Bachoco, que buscaron sacar del mercado a los
productores de huevo de Jalisco, principalmente a la firma San Juan.
Tal vandalismo empresarial, operado
bajo la complicidad de los funcionarios del sector, no sólo dejó sin
trabajo a más de 100 mil empleados que laboraban en las granjas avícolas
de Jalisco, sino que incidió de manera negativa en el precio del
producto básico hasta elevarlo de 12 a 40 pesos; esto ocasionó un duro
golpe a la economía de millones de familias de escasos recursos. Peor
todavía, los exfuncionarios de la administración calderonista no
tuvieron empacho en asegurar que “difícilmente el huevo volvería a su
anterior precio”, y en autorizar importaciones masivas del producto con
dudosos estándares de calidad.
Las pesquisas que se realizan en el
seno de la Cámara de Senadores no se han adentrado a otro tema que
amenaza con acabar con cultivos tradicionales como el maíz, pues también
en el pasado gobierno se permitió el uso de un sinfín de variedades de
semillas transgénicas prohibidas en otros países por sus desastrosos
efectos no sólo a la actividad agrícola sino a la salud de las personas.
En sus últimos días de gestión, Felipe
Calderón todavía envió al Congreso de la Unión un proyecto de ley para
cambiar el régimen de propiedad ejidal al transformarlo en propiedad
privada y anular el derecho hereditario de los hijos de los campesinos,
como si no le hubiera bastado con dejar al agro nacional en una
indudable quiebra. Las cifras sobre la caída en la producción
agropecuaria en México son alarmantes al grado de que si no se realiza
un cambió de rumbo en lo inmediato, para 2020 nos convertiremos en el
primer importador de alimentos en el mundo, con lo desplazaremos de
dicho sitio a Japón.
Estudios realizados por el equipo de
transición del hoy presidente Enrique Peña Nieto establecen que
importamos, gracias al abandono en que los gobiernos panistas dejaron al
campo, el 40 por ciento del maíz que consumimos, la mitad del trigo que
empleamos en nuestra alimentación, y el 70 por ciento del arroz.
Todavía hace unas décadas, en
gobiernos como el de Adolfo López Mateos, el 50 por ciento del ingreso
de nuestras divisas era producto de nuestras exportaciones agrícolas,
pero ahora estamos a las puertas de la total dependencia alimentaria. Y
es que, como también han denunciado otras organizaciones, entre ellas la
Confederación Nacional Campesina, el precio de los fertilizantes se
disparó en un 400 por ciento en la pasada administración. Ello, sumado a
los nulos apoyos a los productores agrícolas, desplomó la actividad y
dejó en el peor de los escenarios de miseria y desempleo a millones de
mexicanos en el sector rural. Otra de las atrocidades del ominoso Felipe
Calderón.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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