CFE: el mito de sus tarifas y sus ahorros
Estándares de eficiencia no fueron los esperados
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
Si a los ministros de la Suprema Corte les queda alguna duda sobre los inexistentes argumentos esgrimidos por el gobierno de Felipe Calderón para justificar su Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre del 2009, entre los que se ponderaron el bien público y de la economía nacional, harían bien en revisar el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la CFE.
El documento, cuyo contenido no obstante ser una matizada apología de los supuestos logros de la entidad, revela de manera clara los objetivos de la estrategia contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND) del expresidente, en el área del sector eléctrico nacional y en la que se establecen, entre otros, dos factores que echan por tierra las supuestas “bondades” que conllevaría, para las finanzas del país y la economía familiar de la población, la autoritaria medida que, además de ilegal, se planeó de manera irresponsable y contraria a los intereses nacionales.
El primero, y que ahora explica el porqué millones de usuarios de escasos recursos en el territorio nacional pagan de sus bolsillos las consecuencias de una silenciosa política privatizadora del sector, reflejada en los altos cobros en sus recibos de electricidad, deja establecido en el informe: “La política tarifaria se enfocó al fortalecimiento financiero de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo real del suministro eléctrico”.
La premisa del “bien público” con la que se engañó al país en octubre del 2009, cuando Calderón Hinojosa anunció una reducción en las tarifas eléctricas, nunca estuvo contemplada, como lo demuestran los reportes del fin de sexenio de la CFE. La paraestatal establece además en sus documentos: “Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios municipales fueron actualizadas mensualmente con factores fijos”. Tales incrementos, además del costo social, han dejado en la insolvencia de pagos a muchos ayuntamientos que han tenido que suspender servicios básicos a la población como el bombeo de agua potable.
El segundo demuestra que mientras la CFE se ha jactado de atender a los seis millones de usuarios de la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro, con un promedio de 10 mil trabajadores, con lo que según sus exfuncionarios logró importantes ahorros, la propia entidad acepta en su propio informe que los estándares de eficiencia no fueron los esperados, razón por la cual las fallas en el servicio han estado a la orden del día y a la vista de todos desde octubre del 2009 a la fecha, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a los usuarios. De igual forma, el documento de CFE revela que hasta diciembre del 2011 su plantilla de trabajadores sindicalizados era de 77 mil 329, que sumados a los 20 mil 034 de confianza, hacen la suma de 97 mil 363 empleados, sin contar los 35 mil 826 jubilados. Si se tomara como cierta la afirmación de eficiencia de CFE, los 24 millones de usuarios que atendía la paraestatal hasta antes de octubre del 2009 hubieran requerido únicamente de una plantilla de 40 mil trabajadores, que sumados a los 10 mil empleados luego del Decreto de Extinción llegarían a cincuenta mil; es decir, que CFE, según sus proyectos de eficiencia, está empleando el doble de trabajadores.
Además, en su informe de Egresos se puede verificar con claridad que el cierre de Luz y Fuerza, lejos de haber representado un beneficio a las finanzas públicas, terminó por disparar los gastos de la empresa, bajo el argumento de los costos extras generados por el “operativo de mantenimiento” en la zona centro del país. Al analizar los incrementos de operación a partir del 2009, quedan al descubierto las consecuencias financieras de tan brutal error político.
De tal forma que mientras en el 2009 el gasto autorizado era de 199 mil 040 millones, se elevó a 241 mil 481 millones 161 mil pesos; es decir, tuvo un incremento de 42 mil 441 millones 161 mil pesos; en 2010, de un gasto autorizado de 210 mil 459 millones 375 mil pesos, su ejercicio de disparó a 267 mil 175 millones 664 mil pesos; 56 mil 716 millones 269 mil pesos más de lo programado; y en 2011, de un presupuesto de 238 mil 543 millones 300 mil pesos, lo gastado se incrementó a 285 mil 753 millones 227 mil pesos; un sobreejercicio de 47 mil 209 millones 927 mil pesos. Si sumamos los excedentes, éstos rebasan los 140 mil millones de pesos.
Multimillonaria cifra que no puede sostener la endeble tesis de que la extinción de Luz y Fuerza fue en bien de la economía nacional. Los ministros tienen suficientes elementos para normar su criterio jurídico y avalar lo ya dictaminado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito a favor de los derechos laborales del SME, cuyos magistrados desecharon acertadamente las inexistentes causales del bien público y de la economía nacional. Esperemos que la contundencia de las cifras y el sentido común hablen por sí solas.
Fuente
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
Si a los ministros de la Suprema Corte les queda alguna duda sobre los inexistentes argumentos esgrimidos por el gobierno de Felipe Calderón para justificar su Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro del 11 de octubre del 2009, entre los que se ponderaron el bien público y de la economía nacional, harían bien en revisar el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la CFE.
El documento, cuyo contenido no obstante ser una matizada apología de los supuestos logros de la entidad, revela de manera clara los objetivos de la estrategia contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 (PND) del expresidente, en el área del sector eléctrico nacional y en la que se establecen, entre otros, dos factores que echan por tierra las supuestas “bondades” que conllevaría, para las finanzas del país y la economía familiar de la población, la autoritaria medida que, además de ilegal, se planeó de manera irresponsable y contraria a los intereses nacionales.
El primero, y que ahora explica el porqué millones de usuarios de escasos recursos en el territorio nacional pagan de sus bolsillos las consecuencias de una silenciosa política privatizadora del sector, reflejada en los altos cobros en sus recibos de electricidad, deja establecido en el informe: “La política tarifaria se enfocó al fortalecimiento financiero de la entidad a través de estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo real del suministro eléctrico”.
La premisa del “bien público” con la que se engañó al país en octubre del 2009, cuando Calderón Hinojosa anunció una reducción en las tarifas eléctricas, nunca estuvo contemplada, como lo demuestran los reportes del fin de sexenio de la CFE. La paraestatal establece además en sus documentos: “Las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios municipales fueron actualizadas mensualmente con factores fijos”. Tales incrementos, además del costo social, han dejado en la insolvencia de pagos a muchos ayuntamientos que han tenido que suspender servicios básicos a la población como el bombeo de agua potable.
El segundo demuestra que mientras la CFE se ha jactado de atender a los seis millones de usuarios de la zona que atendía Luz y Fuerza del Centro, con un promedio de 10 mil trabajadores, con lo que según sus exfuncionarios logró importantes ahorros, la propia entidad acepta en su propio informe que los estándares de eficiencia no fueron los esperados, razón por la cual las fallas en el servicio han estado a la orden del día y a la vista de todos desde octubre del 2009 a la fecha, ocasionando cuantiosas pérdidas económicas a los usuarios. De igual forma, el documento de CFE revela que hasta diciembre del 2011 su plantilla de trabajadores sindicalizados era de 77 mil 329, que sumados a los 20 mil 034 de confianza, hacen la suma de 97 mil 363 empleados, sin contar los 35 mil 826 jubilados. Si se tomara como cierta la afirmación de eficiencia de CFE, los 24 millones de usuarios que atendía la paraestatal hasta antes de octubre del 2009 hubieran requerido únicamente de una plantilla de 40 mil trabajadores, que sumados a los 10 mil empleados luego del Decreto de Extinción llegarían a cincuenta mil; es decir, que CFE, según sus proyectos de eficiencia, está empleando el doble de trabajadores.
Además, en su informe de Egresos se puede verificar con claridad que el cierre de Luz y Fuerza, lejos de haber representado un beneficio a las finanzas públicas, terminó por disparar los gastos de la empresa, bajo el argumento de los costos extras generados por el “operativo de mantenimiento” en la zona centro del país. Al analizar los incrementos de operación a partir del 2009, quedan al descubierto las consecuencias financieras de tan brutal error político.
De tal forma que mientras en el 2009 el gasto autorizado era de 199 mil 040 millones, se elevó a 241 mil 481 millones 161 mil pesos; es decir, tuvo un incremento de 42 mil 441 millones 161 mil pesos; en 2010, de un gasto autorizado de 210 mil 459 millones 375 mil pesos, su ejercicio de disparó a 267 mil 175 millones 664 mil pesos; 56 mil 716 millones 269 mil pesos más de lo programado; y en 2011, de un presupuesto de 238 mil 543 millones 300 mil pesos, lo gastado se incrementó a 285 mil 753 millones 227 mil pesos; un sobreejercicio de 47 mil 209 millones 927 mil pesos. Si sumamos los excedentes, éstos rebasan los 140 mil millones de pesos.
Multimillonaria cifra que no puede sostener la endeble tesis de que la extinción de Luz y Fuerza fue en bien de la economía nacional. Los ministros tienen suficientes elementos para normar su criterio jurídico y avalar lo ya dictaminado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito a favor de los derechos laborales del SME, cuyos magistrados desecharon acertadamente las inexistentes causales del bien público y de la economía nacional. Esperemos que la contundencia de las cifras y el sentido común hablen por sí solas.
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