La sombra de Paulette
Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- “Ayúdame a regresar a mi casa. Me llamo Paulette y tengo 4 años. Tengo discapacidad motriz y del lenguaje, presento una cicatriz en la espalda del lado izquierdo, no puedo valerme por mí misma, necesito a mis papás.”
Así decía el texto del cartel que apareció en las avenidas del Estado de México, y en miles de mensajes por Facebook y Twitter, el lunes 22 de marzo de 2010, día que inició uno de los casos más vergonzosos para la historia judicial del país y del Estado de México.
El caso Paulette sintetizó en menos de diez días el uso y abuso de los medios de comunicación para explotar el morbo frente al caso de una menor desaparecida, en medio de múltiples sospechas de complicidad de los propios padres, y de una procuración de justicia que al estilo Atlacomulco se vende y se negocia al mejor postor o en función de la red de intereses que estaban ya implicados en torno a la campaña de Enrique Peña Nieto, el gobernador.
Tres hipótesis en menos de diez días desfilaron en los medios de comunicación: secuestro, homicidio y, finalmente asfixia, ante el azoro de todas las audiencias televisivas que creyeron que se trataba de un engaño. El mismo empeño para volverlo un escándalo nacional se transformó también en una gran mascarada para “convencer” que la niña se había asfixiado con sus propias sábanas, en la misma cama donde todos los reporteros televisivos grabaron. Y nadie se dio cuenta que el cuerpo de la menor ahí permanecía, según la versión oficial.
En Youtube se generaron 76 videos del caso, la mayoría para cuestionar las versiones de la Procuraduría, en especial, el titulado “El misterio de la ropa de Paulette” que hasta abril del 2010 tenía 162,600 reproducciones. En Facebook se creó la página “Si no se hace justicia en el caso Paulette no voto por Peña Nieto”. Y en Google, más de 5 millones de vínculos hacen aún referencia al secuestro que resultó suicidio involuntario.
Las televisoras hicieron todo lo posible por “convencer” a una opinión pública atónita del giro de 180 grados. Un gran montaje televisivo, con animación incluida, se transmitió entre el 5 y el 6 de abril. Tan sólo el noticiario de Joaquín López Dóriga, en Canal 2, le destinó 36.8 y 33 minutos al caso, en ambos días, más de la mitad del tiempo.
A pesar de eso, el descrédito por la sobrexplotación del caso y lo inaudito de sus resultados acompañó, en especial, a tres personajes: al entonces procurador Alberto Bazbaz Sacal, a su sucesor Alfredo del Castillo, y al enigmático secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, compadre de Peña Nieto, gobernador de facto durante la anterior administración y responsable de la “operación” para revertir toda la investigación que apuntaba hacia un homicidio.
Ahora, los tres forman parte del gabinete de Peña Nieto en el gobierno federal. En cargos de importancia medular: Bazbaz Sacal es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray; Del Castillo dejó la Procuraduría en el gobierno de Eruviel para ser designado subprocurador de la PGR, bajo el mando de Jesús Murillo Karam; y Luis Enrique Miranda Nava es el subsecretario de Gobierno de la secretaría que encabeza Miguel Angel Osorio Chong.
Sólo la apuesta por la desmemoria frente al escándalo del caso Paulette o el cinismo de defender las redes de intereses imbricadas entre estos personajes y una poderosa red de empresarios de la construcción, donantes en la campaña de Peña Nieto, explican el “premio” a estos tres personajes. En Atlacomulco se diría que es un asunto de lealtad. En un estado de derecho se llama impunidad.
El personaje central de esta trama, Alberto Bazbaz Sacal, entonces procurador del gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó la dependencia en medio del escarnio, pero arropado por la red de intereses que representa.
Bazbaz llegó en 2008 a la procuraduría mexiquense con el apoyo de su socio en el despacho de abogados y poderoso representante de los negocios de la comunidad judía en Huixquilucan y todo el Estado de México, David Korenfeld. Este abogado-empresario también fue ratificado por Peña Nieto como responsable de la Comisión Nacional del Agua.
El despacho de Bazbaz Sacal y de Korenfeld estuvo involucrado en la defensa de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del expresidente Carlos. El diputado local panista Carlos Alberto Pérez declaró que Bazbaz y Korenfeld forman parte de la red de negocios e influencia salinista en el Estado de México. Señaló a Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Salinas y actual secretaria de Turismo federal, como principal impulsora de la llegada de Bazbaz a la procuraduría mexiquense.
La familia Sacal forma parte de una red de empresas inmobiliarias que incluyen a Sacal Inmobiliaria, de Moisés Micha Sacal, y Servicios de Agentes Inmobiliarios, de Elías Micha Sacal.
Bazbaz Sacal fue sustituido en mayo de 2010 por el subprocurador Alfredo del Castillo, el primero de los 100 agentes judiciales y 40 peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México que ingresaron al departamento del edificio Porto Vita 2, de la exclusiva zona de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, donde vivían los padres de Paulette, Lisette Farah y Mauricio Gebara Rahal. Nunca se percató que pudiera estar el cuerpo de la menor en esa cama.
“Nunca se inspeccionó a fondo la recámara de la menor”, declaró ante las cámaras de televisión el inefable Del Castillo, porque sus muchachos de la procuraduría buscaban “a una persona con vida, no muerta”.
Del Castillo fue subprocurador en Cuatitlán Izcalli, Bazbaz lo llamó para que colaborara con él en la Subprocuraduría de Procesos Penales de la PGR y en la Dirección de Planeación Estratégica de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) antes de que llegaran a la procuraduría de Peña Nieto.
Del Castillo se convirtió en un procurador estatal muy mediático. Gustaba de dar entrevistas ante la televisión, aunque la eficacia de la dependencia fuera muy menor a lo presumido. Del Castillo gustaba de dar golpes mediáticos espectaculares, como el reciente caso del feminicida apodado El Coqueto.
El tercer personaje de esta trama, Luis Enrique Miranda Nava, poderoso secretario general de Gobierno en la administración de Enrique Peña Nieto, no es sólo el compadre, sino el principal operador de las “situaciones difíciles” del actual mandatario federal.
Miranda Nava fue el artífice del giro de 180 grados en la investigación del caso Paulette. Distintos legisladores de oposición entrevistados corroboraron que fue Miranda el que les pasó los videos y las imágenes para convencerlos de que Paulette se asfixió.
“Una empresa constructora de Atlacomulco presionó para que liberaran del arraigo a los dos padres” de Paulette, me confiaron al investigar sobre el caso. Y una red de intereses político-empresariales y familiares de una clase política que ahora lleva hasta nivel federal sus vínculos es lo que explica que la sombra de una niña de 4 años, fallecida en las peores circunstancias y con el más grotesco manoseo judicial y mediático, vuelva a aparecer en el arranque del gobierno peñista.
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