La Corte asesinó el derecho de amparo
Agravio a todos los mexicanos
Martín Esparza Flores
Revista SIEMPRE!
El fallo emitido por la Corte negando la
protección de la justicia al Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), no únicamente lesiona y pisotea los derechos laborales y humanos
de los trabajadores electricistas, sino que se constituye en un agravio
a todos los mexicanos que tienen plena conciencia de que para obtener
un veredicto a su favor, deben presentarse ante los ministros con una
nacionalidad extranjera.
En el caso de la secuestradora francesa
Florence Cassez, los integrantes de la Corte aplicaron la técnica
jurídica tomando en cuenta la violación a sus derechos humanos en el
desaseo procesal en su contra. Dentro de las reformas hechas al marco
constitucional, se estableció precisamente tales derechos como
inviolables en el artículo primero de nuestra Carta Magna, no
contemplando salvedad o prerrogativa especial para los extranjeros.
El derecho al trabajo es parte inherente
de los derechos humanos y negarlo a los mexicanos es cancelarles su
derecho a la vida misma, a su subsistencia y la de sus familias. No
puede concebirse el porqué ahora los derechos laborales que ya habían
sido salvaguardados en favor de los miembros del SME por los propios
ministros, ahora son cancelados de tajo. Baste recordarles que si bien
el 5 de julio del 2010 aceptaron la constitucionalidad del decreto de
extinción de Luz y Fuerza, dejaron a salvo la defensa de los derechos de
los electricistas que se negaron a aceptar las migajas de la
liquidación.
En su resolución, estableció la Corte:…
“del análisis de los preceptos contemplados en el Decreto impugnado,
puede llegarse a la convicción de que sus efectos no están dirigidos a
extinguir, menoscabar o vulnerar los derechos subjetivos que conforman
el núcleo de las garantías de la estabilidad en el empleo, máxime si se
comprende que los mismos constituyen una serie de derechos exigibles…”.
Como quedó establecido en el largo
proceso jurídico de nuestra lucha, de manera errada, la Junta Especial
Número 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), tomó
como vía libre para pisotear los derechos del SME, sólo la parte del
dictamen de los Ministros concerniente a la constitucionalidad del
decreto, ignorando su decisión de dejar resguardados los derechos
laborales, como también pasó por alto en su amañada fundamentación la
incosteabilidad financiera de Luz y Fuerza, principal argumento de
Calderón, y emitió un laudo el 30 de agosto del 2010, donde por
supuestas causas de fuerza mayor y caso fortuito, daba por terminadas
las relaciones laborales con el SME, negando de manera rotunda la
sustitución patronal.
Ante esta barbarie jurídica e innegable
abuso de poder, el SME recurrió al amparo en contra de tal decisión,
topándose en el camino con un recurso de atracción promovido por la
Procuraduría General de la República (PGR), ante la Corte a fin de que
declarara improcedente tal recurso.
El 4 de mayo del 2011, los ministros de
la Segunda Sala, Sergio A. Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales,
la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el presidente Sergio Salvador
Aguirre Anguiano, resolvieron “no ejercer la facultad de atracción”,
peticionada por la PGR, pues señalaron “falta de fundamentación y
motivación por no darse los supuestos de un caso fortuito o de fuerza
mayor que son útiles para solicitar la terminación colectiva de la
relación laboral”.
Fue así que el 13 de septiembre pasado,
los magistrados del segundo tribunal decidieron otorgar por unanimidad
el amparo a favor del SME donde se instruía de manera directa a la JFCA
a emitir un nuevo laudo reconociendo los derechos laborales del SME y
obligando a la CFE a asumir la sustitución patronal, pero como todo el
país lo constató, lejos de acatar el fallo el gobierno de Felipe
Calderón instruyó al abogado del SAE, el mataelefantes, Humberto
Cavazos Chena, para presentar un recurso de revisión ante la Corte,
recayendo nuevamente en ministros como Luis María Aguilar Morales, tal
decisión.
Como el SME lo denunció, lo único que
buscó el expresidente fue ganar tiempo para no asumir su responsabilidad
jurídica y política; ahora, de manera insólita, los ministros de la
Corte no sólo ignoran lo ya resuelto por ellos mismos, sino que
utilizan la técnica jurídica como arma para asesinar al derecho de
amparo que en la historia de México ha sido el único baluarte de defensa
del pueblo en contra de los abusos del poder.
Su irresponsable veredicto no sólo
constituye una gigantesca aberración sino además se convierte, en el
camposanto del absurdo, en la sepultura a la independencia del Poder
Judicial y al Estado de derecho.
A los mexicanos nos cierran el camino de
la legalidad como medio para dirimir nuestros conflictos y hacer valer
nuestros derechos, al dejar en manos de una caterva de pillos,
revestidos de toga y birrete, la justa aplicación de los derechos
humanos y de la Constitución misma.
La lucha, a pesar de todo, no concluye;
llevaremos nuestras justas demandas a los tribunales internacionales
como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde habremos de
denunciar que, por desgracia, en México la justicia ha muerto, y el
derecho al trabajo, a criterio de la Corte, es equiparable al peor de
los delitos.
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