Por qué decir “no” a la reforma energética: la voracidad de los panistas
Revista Contralínea
Segunda parte | Ver: Primera parte
Como quien comete un homicidio y con toda impunidad se pasea tranquilo por la calle muy quitado de la pena,
así los panistas se atreven a señalar que la reforma energética
presentada por el Ejecutivo se “queda corta” en comparación a la suya,
que plantea un esquema total de concesiones a particulares.
Voraces y desmemoriados, los exinquilinos
de Los Pinos deberán meditar el alcance de sus palabras, porque el
manejo que por 2 sexenios hicieron de la política energética en el país
fue por demás desastroso. Y ya ni qué decir sobre asuntos de
transparencia en donde, por el lado que se le quiera ver, no salieron
bien librados, sobre todo en la corrupción solapada en empresas del
sector energético que, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
se convirtió en una cueva de ladrones con Alfredo Elías Ayub y Néstor Moreno Díaz a la cabeza.
En la discusión de la reforma energética no les asiste ni calidad moral ni razón alguna para buscar colgarse como
defensores de los intereses nacionales, cuando, en su momento,
dilapidaron de inescrupulosa manera los excedentes petroleros. Por
ejemplo, en 2008 los recursos extras generados por tal circunstancia
llegaron a los 14 mil millones de dólares, pero la reasignación de los
mismos se manejó de manera discrecional, pues la misma Auditoría
Superior de la Federación, en su análisis de la Cuenta Pública 2009
sobre este asunto y en el de las coberturas petroleras y sus
licitaciones con bancos particulares, la dependencia apenas emitió un
somero informe. Por supuesto, al terrible hoyo negro en las
finanzas de la paraestatal habrá que sumarle, sin excepción, los 70 mil
millones de dólares también generados por los excedentes durante el
sexenio de Vicente Fox y de los que nunca se explicó a detalle su
paradero.
Su pésimo manejo de la entidad y su
errada política fiscal provocaron que por cada peso que entra a la
paraestatal, 70 centavos se destinen al pago de impuestos y derechos a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y como quebrada herencia,
luego de sobreexplotar el yacimiento de Cantarell, derrumbaron la
producción anual de un promedio de 3 millones de barriles a 2.5
millones. Por si fuera poco, en 11 años de administraciones panistas,
Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió 400 mil millones de pesos de capital,
lo que le orilló a contraer deuda para subsanar el remanente que no
alcanzó a cubrir con su utilidad operativa.
Y, seguramente, cuando salga a relucir el
tema en que habrán de operarse la transparencia en los contratos,
tendrán que hacer mutis cuando salte a la palestra un escabroso asunto
por todos ellos conocido de sobra, como las licitaciones entregadas en bandeja de plata
a quien fuera secretario de Gobernación y amigo de Felipe Calderón,
Juan Camilo Mouriño, quien mediante su empresa Transportes
Especializados Ivancar, obtuvo millonarias ganancias por sus servicios
prestados, a altos costos, a Pemex Refinación.
Pero aún fuera del poder los panistas
plantean, en su descabellada y entreguista propuesta, que en el ámbito
del sector eléctrico se supriman todas las restricciones para otorgar
concesiones a particulares, tanto nacionales como extranjeros, no
únicamente en la generación de energía, sino también en su
comercialización. Olvidan que debido a su desastrosa política en este
sector se terminó por entregar casi el 50 por ciento de la generación de
energía a las trasnacionales a un alto costo para el país, al haber
pactado en desventajosos contratos por más de 25 años.
Con la extinción de Luz y Fuerza del
Centro (LFC), operada mediante el ilegal decreto de Felipe Calderón
Hinojosa, los panistas no se cansaron de señalar, a la par que su
presidente, de que bajarían las tarifas eléctricas y se mejoraría el
servicio, lo que redundaría en el fortalecimiento económico de la zona
centro del país y en la creación de empleos. Al bajar la cortina
de su desastrosa gestión, ninguno de los compromisos se cumplió. En
cambio dejaron un servicio colapsado y a miles de usuarios en un franco
descontento y rebeldía por los elevados cobros en sus recibos. Y como
colofón, se negaron a aclarar las razones de haber otorgado, a precio de
ganga, la fibra óptica de LFC a empresas privadas donde aparecieron
como accionistas nada menos que los exsecretarios de Energía en el
sexenio de Fox: Ernesto Martens y Fernando Canales.
Ahora que se dé la discusión energética tendrán que explicar al país bajo qué criterios antinacionalistas abrieron de par en par las puertas
del sector eléctrico nacional a las multinacionales, al otorgar 772
permisos a productores independientes de energía entre las que destacan
Iberdrola –que ya genera el 17 por ciento de la energía en México y a la
que asesora Georgina Kessel, extitular de Energía con Calderón–; EDF
International; Unión Fenosa, Mitsubishi; Intergen; Mitsui; TransAlta y
AES, entre otras.
Muchas de las multinacionales, además de
haber obtenido beneficios a través de financiamiento vía proyectos de
infraestructura diferidos en el registro del gasto (Pidiregas), han
asegurado su inversión; 25 de ellas obtuvieron el compromiso de CFE para
adquirirles, al precio establecido a su conveniencia, la compra de su
energía, ocasionando con ello mayores costos operativos a la
infraestructura eléctrica nacional que al final del sexenio de Calderón
quedó subutilizada, generando un excesivo margen de reserva: del 44 por
ciento alcanzando en 2009, contra un 21 por ciento observado en 2000.
Los panistas tendrán que decirle a los
mexicanos, en el marco de la reforma energética, cómo es posible que
hayan aceptado no sólo dar todas las facilidades a las compañías
extranjeras, sino además adquirir compromisos de compra de energía que
tan sólo en 2009 ya había representado erogaciones de fondos públicos
por 269 mil millones de pesos. De tal manera que, para cumplir los
contratos con las 25 trasnacionales signados hasta 2040, el país deberá
pagar 1.6 billones de pesos por una energía que sencillamente no
necesita el país.
Pero además deben un buen cúmulo de
explicaciones, pues el costo de su extraviada política en el sector
eléctrico será mayor a la nación si se considera que los proyectos
desarrollados y aprobados por la Comisión Federal de Electricidad a
favor de las trasnacionales, bajo el esquema financiero de los
Pidiregas, y su pasivo acumulado de 1999 a 2043, ascenderá a 545 mil 300
millones de pesos, según lo establecido en la tabla de amortización y
pago de intereses registrado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2010.
Y pese a haber masacrado el sector
energético por 12 años, aún se atreven a ponderar –como la mejor opción
para el “futuro del país”– su iniciativa dictada, con toda seguridad,
desde los escritorios de los monopolios internacionales a los que tan
eficazmente sirvieron como gobierno.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Comentarios