Murillo considera “absurdo” buscar a normalistas en bases militares
4 de diciembre de 2014
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Jesús Murillo Karam, titular de la PGR. Foto: Benjamin Flores |
IGUALA, Gro., (proceso.com.mx).- El Procurador General de la
República, Jesús Murillo Karam, dijo que el gobierno no buscará en bases
militares a los 43 normalistas desaparecidos, porque “sabemos que ahí
no están” y señaló que es “absurdo” suponerlo.
Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.
Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.
Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.
Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.
A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).
Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.
“No llovió en Cocula”.
En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:
–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.
Sospecha hacia el 27 batallón.
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.
Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:
1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.
2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.
3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.
4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.
5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).
6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.
Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.
En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.
El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.
Fuente
Cuestionado al término del anuncio del Operativo Tierra Caliente, en una atropellada entrevista realizada antes de subirse al helicóptero que lo llevaría de regreso a la ciudad de México, Murillo contestó telegráficamente y con gesto de exasperación algunas preguntas relacionadas con las declaraciones de los Abarca (la pareja detenida que gobernaba Iguala), las lluvias en Cocula el día del supuesto asesinato de los estudiantes.
Consultado sobre la exigencia de las familias de los normalistas de que los jóvenes desaparecidos sean buscados en bases militares, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos, dijo a Proceso: “Eso depende del gabinete, no de mí, si quieren revisar que revisen, no tenemos ningún problema”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no dio contestación a la pregunta cuando se le planteó.
Mientras los miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto se retiraban del astabandera donde se realizó el acto, decenas de militares levantaban el escenario donde minutos antes se había echado a andar el operativo de seguridad que tuvo como único público a periodistas, policías federales, gendarmes y militares. No hubo pueblo. Tampoco fueron requeridos presidentes municipales.
Los asientos designados a los ciudadanos fueron ocupados por soldados vestidos de civil. La mayoría pertenecía al 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, el batallón señalado por no haber prestado auxilio a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el día de la cacería en su contra por parte de los policías municipales y sicarios, que dejó el saldo de seis personas asesinadas (entre ellos tres normalistas; uno desollado), decenas de heridos, 43 desaparecidos y una crisis política que obligó a Peña Nieto a inventar un plan de seguridad.
A kilómetros de distancia del astabanderas plantada encima de un cerro y con la bandera tricolor más grande de México (después de la del Campo Marte), alejados del escenario y detrás de las vallas de seguridad, un grupo de igualtecos exigía que el próximo 6 de diciembre no sea reinstalada la policía municipal –la fecha la anunció el Cabildo–, por considerarla cómplice de asesinatos y desapariciones de personas (entre sus víctimas hubo incluso otros policías).
Los manifestantes cerraron el paso al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, a quien le plantearon que toda la corporación estaba corrompida por el crimen organizado y no únicamente los 22 policías detenidos por PGR por la desaparición de los normalistas.
El gobernador les dio la razón: “Es una policía que agravió a Iguala y no se debe permitir que esta gente regrese aún con la capacitación que reciba. Nada más pensar que regrese se revive el temor”.
“No llovió en Cocula”.
En la entrecortada conversación que Proceso pudo realizar al procurador Murillo Karam -quien no ha aceptado dar entrevistas a este semanario-, el funcionario mencionó:
–¿Qué han declarado los Abarca sobre la desaparición de los 43 jóvenes?
–No han declarado absolutamente nada, se reservaron su derecho.
–Las familias (de los estudiantes desaparecidos) exigen que sean revisadas también las bases militares, ¿ahí ya buscaron?
–Hemos hecho toda la búsqueda que se nos ha solicitado, ahí no tenemos que buscar, sabemos que ahí no.
–¿No van a buscar en las instalaciones de la Sedena, en el 27 Batallón?
–La Sedena es la más preocupa buscándolos así que seria un absurdo que si los tuviera ahí, los buscara; es un absurdo completamente
–Entonces no serán buscados ahí.
–No tenemos que buscarlos lo que sabemos que no está. Es absurdo
–Se han seguido haciendo nuevas detenciones como las de ayer, ¿han surgido nuevas declaraciones?
–Los estamos declarando y al momento que tengamos las declaraciones las haremos públicas.
–¿Ha cambiado en algo la versión que usted dio sobre el basurero de Cocula? –se le preguntó en referencia al lugar donde supuestamente los estudiantes habrían sido asesinados, calcinados y triturados en pedazos.
–En absoluto
–¿Ni por las lluvias?
(Esto en referencia a los reportes que han existido sobre las lluvias que cayeron la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día 27 sobre la región y que hubieran hecho imposible la quema de los estudiantes por 12 horas, como sostiene la versión de la PGR).
–¿Las lluvias?, mire usted todo el espacio –dijo el funcionario mostrando la vista panorámica hacia los cerros–, las lluvias que reporta el metereológico son lluvias en la región y dice (el reporte) ‘son chubascos aislados’. Puede haber llovido ahí y en ese cerro no. Nadie me puede decir si llovió o no llovió ahí, nadie y he preguntado a todos.
–La gente del lugar dice que sí llovió.
–¿La gente del lugar?, perdóneme, es un lugar como ese –dijo señalando un cerro despoblado– y es posible que sea por ahí. No hay una sola casa a 10 kilómetros a la redonda, no hay nadie, ¿ustedes vieron el video? No hay nadie, ni una sola casa alrededor, ni una, ni personas. Vacas sí, yo las vi, por cierto, flacas, sueltas.
–¿Habló con los cuidadores de las vacas?
–No había.
–Sí hay.
–Tráigamelos, para que los declare. Los voy a llamar para que declaren.
–Sobre las investigaciones del caso del joven que fue desollado…
–Fue suficiente. Ya contesté.
Con esas palabras dio por terminada la entrevista y se dirigió al helicóptero que transportó a los gobernadores y secretarios de Estado.
Sospecha hacia el 27 batallón.
Las dudas sobre la participación del Ejército en Iguala, cuando los normalistas estaban siendo atacados y detenidos por policías y sicarios, no son exclusivas de las familias de las víctimas, también han sido planteadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso, la organización internacional Human Rights y el Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” que exigió investigar la falta de prevención de los hechos por parte del Ejército y la ausencia de información de inteligencia sobre cómo operaban los grupos criminales en Iguala.
Algunos de los señalamientos contra los militares, que fueron planteados en la edición 1984 de Proceso (8 de noviembre de 2014), en el reportaje ‘Inacción militar que olió a complicidad’, son los siguientes:
1. La cacería de estudiantes por parte de policías y sicarios del cártel Guerreros Unidos duró más de tres horas y ocurrió a dos kilómetros de distancia de las instalaciones del 27 Batallón. El personal militar no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones, también negó atención a los heridos que encontró la noche del 26 de septiembre en el Hospital Cristina.
2. Existen evidencias de que no atendió las denuncias que había recibido antes de la tragedia en las que se señalaba por comportamiento criminal de las policías de Iguala y de Cocula.
3. Tenía una relación particular con el alcalde detenido José Luis Abarca, a quien acompañaba a muchos de sus actos y a quien cedió un terreno para su negocio.
4. El personal del 27 Batallón está señalado como culpable de desaparición forzada de seis jóvenes en el año 2010.
5. La tarde del 26 de septiembre, en la primera fila del informe de gobierno de la presidenta del DIF de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del presidente municipal José Luis Abarca, se encontraba un enviado de la zona militar (sobre la identidad del invitado se manejan cuatro nombres distintos).
6. Durante las semanas posteriores a la desaparición de los estudiantes, cuando se realizaron brigadas de búsqueda ciudadanas, en no pocas ocasiones dirigentes de la UPOEG se quejaron de que miembros del Ejército bloquearon el paso a los parajes en Cocula e Iguala donde tenían indicios de que podían estar los estudiantes y no apoyaron en los operativos donde se requería su presencia.
Uno de los señalamientos directos contra el Ejército como cómplice de las desapariciones de los normalistas lo hizo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que, a través de un comunicado, indicó que los jóvenes estaban retenidos en cuarteles militares.
“Los 43 normalistas que permanecen en desaparición forzada están siendo torturados en los cuarteles de la Policía Federal, instalaciones del Ejército y la Marina como sucedió en la represión del 28 de abril y el 15 de octubre de 2012 en Michoacán, cuando los mantuvieron desaparecidos temporalmente en las instalaciones de la academia de policía donde fueron también brutalmente torturados”, indicó sin precisar más datos.
En una supuesta ‘narcomanta’, firmada presuntamente por “El Cabo Gil”, señalado por el gobierno federal como lugarteniente del líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, se menciona como parte de la estructura criminal a un capitán y a un teniente del 27 Batallón de Infantería, identificados sólo como Barbosa y Crespo. Este último existe y apareció al lado del alcalde José Luis Abarca, en varios actos públicos.
El 13 de noviembre pasado, el secretario Cienfuegos explicó a legisladores que los integrantes del 27 Batallón no intervinieron en el ataque contra los normalistas porque “siguieron un protocolo” que indica que sólo pueden actuar a petición la autoridad local, y cuando preguntaron a las policías municipal y estatal si pasaba algo en Iguala éstas mintieron porque aseguraron que “no sucedía nada”.
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