Siete de los 11 denuncian golpes, tortura sicológica y amenazas

Víctor Ballinas

 

Periódico La Jornada
Lunes 1º de diciembre de 2014, p. 3 

De los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo, que fueron consignados y enviados a penales federales de Veracruz y Nayarit y que el pasado sábado salieron libres, ayer, en conferencia de prensa, seis de los siete presentes en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, anunciaron que este lunes marcharán en la movilización por Ayotzinapa: Ejerceremos nuestro derecho constitucional porque aunque nos detuvieron arbitrariamente, nos golpearon y torturaron sicológicamente, el gobierno no nos va a intimidar ni a limitar nuestro derecho.

Hillary Analí González Olguín, Tania Ivonne Damián Rojas, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Isaac Domínguez Ayala y Atzín Andrade, todos ellos estudiantes, y Luis Carlos Pichardo Moreno, cineasta y colaborador del Museo de la Memoria Indómita, denunciaron que al ser detenidos en el Zócalo y en los alrededores, primero fueron golpeados, luego padecieron tortura sicológica y amenazas.
Los siete dieron testimonio y coinciden: Nos golpearon a patadas, con macana y con los escudos. Nos arrastraron hacia Palacio Nacional. Ahí nos entregaron a otras policías. Había militares que nos amenazaron.
Los siete sostuvieron: “Se trató, en nuestro caso, de detenciones arbitrarias; nos mantuvieron incomunicados, nunca nos dijeron por qué nos detuvieron. Tampoco nos informaron que nos iban a llevar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), ni a qué penales nos llevaban. Nos tomaron fotos, nos hicieron pruebas de sangre, de orina, de voz –misma que grabaron– y de escritura. Nos obligaron a declarar y a firmar, sin tener un abogado, porque nos lo negaron”.
Atzín Andrade, estudiante de la Esmeralda de Bellas Artes, dijo que él salió, en la marcha el día 20, del Monumento a la Revolución. “Llegué al Zócalo y estuve con Issac Domínguez, a quien conozco de muchos años, de pronto llegó un ejército de granaderos, pero como había tantas personas nadie creyó que nos iban a reprimir de esta manera; por eso todo mundo se quedó y los granaderos fueron avanzando.
“Ante la agresión pensé en grabar con mi celular. Corrí, todo era caos, no se podía ver. La movilización de granaderos hizo que la gente saliera por Pino Suárez, Madero, 5 de Mayo, y muy pocas personas se fueron a Catedral, yo era una de ellas junto con Isaac.

De pronto quedamos aislados. Llegaron a golpearnos en las espinilas, costillas, en la cabeza y nos arrastraron hacia Palacio Nacional. Ahí nos entregaron a otros policías. Nos meten al edificio que estaba lleno de militares y personas de civil, nos tiran al piso, nos arrastran y nos sacan a un calle aledaña al Palacio Nacional. Luego nos llevaron a la Seido.
Tania Ivonne Damián, estudiante de sociología: “Yo sí me encontraba en la marcha del 20 de noviembre. Estaba con mi novio, Hugo Bautista. Después del Zócalo nos llevaron a la Seido, así como llegamos nos empezaron a tomar fotos, yo me negué. No dejé que tomaran huellas, dije que estaba en mi derecho de negarme. Me aislaron hasta una esquina... vi que a mis compañeros les pedían que aceptaran hacerse las pruebas periciales. No todos accedían.
“Rotundamente dije que no. Entones, un policía federal me dijo: ‘coopera, si no es por las buenas va a ser por las malas’. Conforme pasó el tiempo ya habían declarado casi todos. Una ministerial me dijo: ‘a ti se te acusa de terrorismo, si cooperas y declaras te podemos ayudar quitándote ciertos delitos’. Me seguí negando.
Pedía que me dejaran hacer una llamada, no me lo permitieron. Me condicionaron a que declarara y me dejara hacer las pruebas periciales. Me volvieron a golpear, entonces acepté declarar; firmé por miedo, para que no me golpearan más.
Hugo Bautista sostuvo: “Después de mi detención me llevaron a Palacio Nacional. Ahí me rodearon militares y me dijeron: te vamos a desaparecer. Sentí miedo, creí que nos iban a matar y que nuestros cuerpos los iban a tirar en otros estados.
Los abogados Alfredo Jímenez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y Luis Alberto Muñoz y Mariana Gil, de la Oficina de los Derechos de la Infancia, manifestaron que lo que sigue lo decidirán las víctimas, ellos y ellas nos dirán si quieren seguir en la lucha, pporque lo que seguiría es la denuncia contra funcionarios de los gobiernos federal y de la ciudad de México.

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