Lorenzo Córdova y los trasfondos antiindigenistas
Contralínea
7. junio, 2015
Autor: Martin Esparza
El antiindigenismo mostrado por el máximo
árbitro de las elecciones en el país puso en claro no sólo su
intolerancia al reclamo de diversos grupos sociales por mayores espacios
políticos; además, vino a comprobar que su designación como consejero
presidente no obedeció, en contrasentido a sus funciones y
responsabilidades, a proceso democrático alguno, sino al nombramiento
impuesto desde las altas esferas del poder por sus influyentes amigos,
como el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.
Y en consecuencia, como él mismo lo ha
aceptado, no representa a los ciudadanos, sino a los partidos que
conforman hoy en día una clase política que ha dejado de defender los
derechos de millones de mexicanos. En una palabra: Lorenzo Córdova
encarna a la figura de la más burda simulación y antidemocracia
nacionales.
Lo que de acuerdo con su responsabilidad
debió ser un asunto de análisis y reflexión serias, por las profundas
implicaciones sociales que representa, entre ellas la exigencia de los
pueblos originarios de elegir a sus propios diputados y senadores, y no a
los supuestos legisladores indígenas plegados a las directrices e
intereses partidistas y carentes de un consenso real de las etnias, se
transformó, al decir del frívolo funcionario electoral, en un
“desafortunado” comentario “jocoso”.
Más todavía, el presidente del INE buscó la salida fácil
al endosar a la indiscreta e inoportuna filtración matices de
ilegalidad, que acentúo al presentar su denuncia ante la Procuraduría
General de la República (PGR) por la intervención telefónica a su
“conversación privada”; es decir, Córdova trató de cobijarse en
la aparente causa sin ir al verdadero fondo del asunto: la inobjetable
discriminación con que, de hecho, no sólo descalificó la forma de hablar
de Mauricio Mata Soria, gran jefe de la comunidad chichimeca, quien
estuvo acompañado de Hipólito Arriaga Pote, gobernador indígena
nacional, sino el desdén con que recibió los planteamientos expuestos
por los agraviados. De la “jocosa” conversación que sostuvo con el
secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo
Molina, se desprende que Córdova en ningún momento tomó en serio lo
expuesto en la reunión por los dirigentes indígenas que, como cruel
paradoja, llevó por título “Elecciones sin Discriminación”.
Por supuesto que la mayoría de los partidos con registro se aprestaron, junto con la clase política y la burocracia de oro
del organismo –en primera fila todos sus consejeros–, a arropar a su
consejero presidente ante los “intentos deliberados por lastimar al INE y
erosionar su credibilidad pública”. Resulta cuestionable que hasta la
fecha, ni representantes de los partidos ni consejeros hayan aclarado al
país el origen de la premeditada intención que, según ellos, estuvo
detrás de las grabaciones y las filtraciones ilícitas, aún cuando
terminaron perdonando por mayoría los abusos y reiteradas violaciones a
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte
del Partido Verde Ecologista de México, pues incluso llevaron al punto
de los debates el retiro de su registro. Hoy la propuesta está congelada y en manos del también “jocoso” interlocutor privado de Córdova, el secretario técnico Jacobo Molina.
En el intento por mantener la línea de flotación
del INE a salvo, tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(Conapred) no les importó poner en entredicho su función misma en pro de
los derechos de los pueblos originarios. De forma por demás inverosímil
y en vez de exigir al titular del INE el más amplio respeto a los
derechos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en convenios internacionales como el
169 de la Organización Internacional del Trabajo, el titular de la
CNDH, Luis Raúl González Pérez, salió en defensa del responsable del INE
al condenar el espionaje telefónico del que fue objeto, “pues atenta
contra el estado de derecho”. De igual forma, el presidente del
Conapred, Ricardo Bucio Mújica, se aprestó a cerrar toda posibilidad
para que los ofendidos iniciaran un procedimiento administrativo en
contra de Lorenzo Córdova, argumentando que sus declaraciones “fueron
obtenidas y exhibidas de manera ilegal”.
Para los consejeros del INE, arropar a su
presidente luego de su “desafortunada declaración” resultó, más que una
cuestión de principios, una cuestión de intereses personales, pues por nada del mundo
están dispuestos a renunciar a sus prebendas y canonjías que tan sólo
de sueldo mensual les representa un ingreso de 269 mil 252 pesos, y les
permite tener asesores con percepciones superiores a los 100 mil pesos
mensuales (amén de otras prestaciones que los ubican en el selecto nivel
de la burocracia de oro en el país).
No debe soslayarse, de ningún modo, que
la denostación de Córdova Vianello a las comunidades indígenas forma
parte de una campaña nacional impulsada por los gobiernos neoliberales
para despojar a los pueblos originarios de sus recursos naturales y sus
territorios. Tras la actitud de intolerancia que derivó en la grotesca
mofa del presidente del INE se ocultan, además de la discriminación en
sí, las intenciones de las empresas trasnacionales por arrebatar sus
tierras y riquezas naturales a 15 millones de indígenas que hoy en día
se asientan en la quinta parte del suelo nacional, y que son el objetivo
del saqueo contenido en reformas como la energética.
Tras sopesar la terrible realidad contra
la que luchan los 62 pueblos originarios del país, nada graciosa resulta
la burla del que se ostenta como doctor en investigación de teoría
política de la Universidad de Turín, Italia, que, de paso, mostró una
inconcebible ignorancia respecto a la persistente discriminación
política de los indígenas de México y a los que desde hace varias
legislaturas, la Cámara de Diputados les ha escamoteado la discusión
abierta, y en foros nacionales, para crear la sexta circunscripción
electoral, a través de la cual puedan elegir a sus verdaderos
representantes al Congreso de la Unión luego de que los partidos
políticos terminaron por desvirtuar los Acuerdos de San Andrés mediante
los cuales 28 distritos electorales fueron clasificados como indígenas.
Mediante los lesivos acuerdos cupulares,
los aparentes candidatos y portavoces de este sector de la población han
sido cooptados por los lineamientos partidistas, convirtiendo sus
demandas en moneda de cambio para negociaciones cupulares a favor
de sus dirigentes, relegando la opinión y ancestrales reclamos de los
pueblos originarios. Ante este contexto de hartazgo indígena, se
entiende con claridad el porqué representantes de las diversas etnias
del país no se han tragado el timo publicitario de las disculpas
de Córdova, pues saben perfectamente que de la parte oficial existe una
embestida en su contra que busca imposibilitarlos a tener voz en el
Poder Legislativo para pelear sus derechos.
Es imprescindible colocar, a la luz
de las polémicas circunstancias derivadas de lo expresado por el
titular del INE, las conclusiones a que llegaron las cientos de
organizaciones indígenas, campesinas, sociales y sindicales que, como el
Sindicato Mexicano de Electricistas, participaron en la Caravana
Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida,
encabezada por la Tribu Yaqui de Sonora, y que en el Zócalo de la
Ciudad de México establecieron una pactada agenda de cooperación mutua
donde ya no habrá más luchas aisladas al existir el compromiso de
articular todos los referentes para frenar los despojos y saqueos a las
riquezas naturales y defender no sólo los derechos de los pueblos
originarios sino de los trabajadores del campo y la ciudad. En sus 11
días de recorrido, por 27 estados del país y 85 comunidades, se
encontraron por doquier un país destrozado y teñido de sangre.
Atroz situación a la que ahora se suma la falta de legitimidad y
credibilidad a las que ha llevado Lorenzo Córdova las elecciones del
próximo siete de junio, al exhibir con creces que el INE y sus
consejeros no representan ni escuchan la voz de los ciudadanos, como
aconteció con la encubierta pero contundente discriminación a los
indígenas.
La burocracia dorada de este
organismo únicamente está para servir a los intereses de los partidos;
es decir, los menos interesados en la consolidación de una auténtica
democracia en México. Por eso, el barco piloteado por el árbitro
electoral se ha ido a pique.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
[OPINIÓN]
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