Pretenden farmacéuticas influir en políticas de salud pública
MÉXICO, D.F. (apro).- La industria farmacéutica pretende
interferir en los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y
atención médica, según se desprende del borrador del acuerdo de
Asociación Transpacífico (ATP) suscrito por 12 países de la región Asia
Pacífico incluido México.
El diario La Jornada obtuvo copia del documento vía Wikileaks que se negoció en secreto por los gobiernos de las 12 naciones y que presuntamente fue suscrito el 17 de diciembre de 2014.
Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia, emitió su opinión sobre dicho documento:
“Tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, además de que incrementaría su influencia en “los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y de instrumentos médicos, y daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia”.
Según especialistas como la profesora de derecho en la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, las disposiciones del ATP están dirigidas principalmente contra Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública.
La nota de La Jornada destaca que también se ha advertido que se afectará de manera seria la capacidad de la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de Nueva Zelanda para ofrecer aparatos médicos y medicinas a precios asequibles, lo cual va a implicar menos fármacos subsidiados y serán más los que deberán ser parcialmente pagados por los pacientes.
El texto podría establecer un precedente para que acuerdos comerciales regionales interfieran con los sistemas de salud nacionales, lo que podría reducir las opciones para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica en países en vías de desarrollo.
El diario consultó al director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, Peter Maybarduk, quien señaló que no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo el contenido del referido anexo afectará a los países en desarrollo.
En cuanto al caso de Estados Unidos, indicó que la filtración da a conocer que el gobierno del presidente Barack Obama lleva a cabo acciones bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a reglas de procedimiento que son negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de fármacos bajo prescripción.
Los países que están dentro de la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que representan un tercio del comercio mundial– se han puesto ya de acuerdo en casi todo.
Aunque la redacción del texto está casi concluida, todavía no existe acuerdo acerca de qué programas de asistencia estarán incluidas en las obligaciones del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica.
Sobre los conflictos entre gobiernos y empresas, la ATP ha señalado que un tribunal supranacional se encargará de su resolución.
“El mayor riesgo es la obligación (de los gobiernos) de proveer ‘un trato justo y equitativo’, que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que las autoridades acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, afirmó Jane Kelsey.
Fuente
El diario La Jornada obtuvo copia del documento vía Wikileaks que se negoció en secreto por los gobiernos de las 12 naciones y que presuntamente fue suscrito el 17 de diciembre de 2014.
Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia, emitió su opinión sobre dicho documento:
“Tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”, además de que incrementaría su influencia en “los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y de instrumentos médicos, y daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia”.
Según especialistas como la profesora de derecho en la Universidad de Auckland, Jane Kelsey, las disposiciones del ATP están dirigidas principalmente contra Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública.
La nota de La Jornada destaca que también se ha advertido que se afectará de manera seria la capacidad de la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de Nueva Zelanda para ofrecer aparatos médicos y medicinas a precios asequibles, lo cual va a implicar menos fármacos subsidiados y serán más los que deberán ser parcialmente pagados por los pacientes.
El texto podría establecer un precedente para que acuerdos comerciales regionales interfieran con los sistemas de salud nacionales, lo que podría reducir las opciones para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica en países en vías de desarrollo.
El diario consultó al director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, Peter Maybarduk, quien señaló que no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo el contenido del referido anexo afectará a los países en desarrollo.
En cuanto al caso de Estados Unidos, indicó que la filtración da a conocer que el gobierno del presidente Barack Obama lleva a cabo acciones bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a reglas de procedimiento que son negociadas en secreto, que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de fármacos bajo prescripción.
Los países que están dentro de la negociación –Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, que representan un tercio del comercio mundial– se han puesto ya de acuerdo en casi todo.
Aunque la redacción del texto está casi concluida, todavía no existe acuerdo acerca de qué programas de asistencia estarán incluidas en las obligaciones del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica.
Sobre los conflictos entre gobiernos y empresas, la ATP ha señalado que un tribunal supranacional se encargará de su resolución.
“El mayor riesgo es la obligación (de los gobiernos) de proveer ‘un trato justo y equitativo’, que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que las autoridades acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, afirmó Jane Kelsey.
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