Los fideicomisos públicos que quebraron a las pensiones
/Tercera parte
Como
se estableció en las leyes secundarias derivadas de la reforma
energética, el gobierno federal se comprometió a asumir una “proporción
de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones en curso de
pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, siempre y cuando se
cumpliera el “requisito indispensable” de que la ASF realizara una
auditoría específica respecto del pasivo laboral de Pemex y sus
subsidiarias con el objeto de “identificar las características de las
obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los
determinantes de la evolución del mismo”.
Según
lo establecieron los nuevos decretos y ordenamientos sobre el
particular, la inspección financiera debía concluirse en un periodo no
mayor a 12 meses, no escatimando en delimitar las responsabilidades que
pudieran aflorar. De manera textual, señaló: “La Auditoría Superior de
la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, procederá al fincamiento de las
responsabilidades que correspondan, en caso de que derivado de la
auditoría practicada detecte actos ilegales relacionados con las
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones mencionadas,
incluyendo, en caso de ser procedente, el inicio de los procedimientos
en materia de responsabilidad penal”.
El
problema es que seguramente quienes determinaron tales lineamientos no
pensaron que el asunto sería como abrir una insospechada Caja de Pandora,
pues ya con antelación y en años anteriores la ASF y auditores externos
habían detectado serias irregularidades en el Fideicomiso de Cobertura
al Pasivo Laboral y de Vivienda (Ficolavi), constituido en 1989 con
Pemex como fideicomitente, diversos trabajadores sindicalizados, activos
y jubilados, como fideicomisarios y Santander como fiduciaria que
posteriormente fue cambiada por BBVA Bancomer. El otro fideicomiso
auditado, el Fondo Laboral de Pensiones (Folape), también mostró
significativas alteraciones en su operación, y surgió en junio de 1998,
constituido por Pemex y sus organismos subsidiarios como fideicomitentes
y Bancomer como fiduciario, concentrando las transferencias
presupuestales destinadas a las jubilaciones.
En
sus orígenes se establecieron las reglas de operación bajo las que
deberían operar estos fideicomisos, prohibiendo el traslado de recursos a
inversiones o proyectos ajenos a su naturaleza, pues ello implicaría
responsabilidades administrativas tanto de los funcionarios que las
autorizaran como quienes dieran el visto bueno a estas operaciones. En
el contrato del Folape, en su cláusula 5, subrayaba que su creación
“buscaba la finalidad de que los fideicomitentes contaran con un fondo
que les permitiera maximizar los recursos destinados a solventar las
obligaciones que tienen con sus trabajadores, respecto del pago de los
beneficios al retiro, consignadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y
el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios”.
De
acuerdo con los arqueos e indagatorias, algunas ya radicadas en la
Secretaría de la Función Pública (SFP), los fondos de los fideicomisos
para sufragar las pensiones de los trabajadores de Pemex se emplearon,
entre otras anomalías, para la compra de títulos carreteros adquiridos
para financiar obras carreteras privadas que entraron en el esquema de
privatización de gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari, y más
tarde en el gobierno de Ernesto Zedillo, para canalizar recursos al
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de las Autopistas Concesionadas.
En
la denuncia y petición de justicia planteada por la UNTYPP, se
establece que en el actual contexto el pago de las pensiones de los
jubilados de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios no debe
ser asumido por el gobierno federal, para convertirlo en deuda pública,
pues como ha determinado la propia ASF, los fideicomisos que fueron
creados ex profeso para ello, existen.
De
hecho, y para dimensionar la gravedad que implica lo ordenado en las
leyes secundarias, el Ficolavi inició sus operaciones con una aportación
de Pemex a la fiduciaria por 271 mil 751 millones de pesos. Sin
embargo, y de manera muy similar a las Administradoras de Fondos para el
Retiro (Afore), las ganancias obtenidas al paso de los años muestran
una clara disminución en los montos de los fideicomisos, pues en el
informe de los resultados de las indagatorias de la ASF se estipula en
el rubro de los pasivos laborales:
“Los
estados financieros no consolidados de Petróleos Mexicanos al cierre
del ejercicio 2010 mostraron un pasivo laboral por 79 mil 720 millones
605 mil pesos: sin embargo, el patrimonio del Folape es de 3 mil 52
millones 245 mil 600 pesos, lo que denota insuficiencia de recursos
financieros por 76 mil 668 millones 359 mil 400 pesos (96.2 por ciento),
para cubrir obligaciones en un futuro con sus trabajadores, lo cual
representa un riesgo, toda vez que las aportaciones no aumentan para
conformar un monto de reserva y afrontar el creciente número de
pensionados y jubilados.”
El asunto
es que a diferencias de las Afore, a las que la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) deslinda de responsabilidad
alguna por la pérdida de los ahorros de los trabajadores en sus
inversiones de riesgo, el manejo irregular de los fideicomisos creados
por Pemex ya hace más de 2 décadas para atender sus obligaciones en el
pago de pensiones a sus trabajadores sí es motivo de responsabilidades
oficiales, como lo han remachado las leyes secundarias, por lo
que la pregunta obligada es: ¿por qué desde antes de aprobarse la
reforma energética y una vez puesta en marcha, ninguna voz oficial se ha
atrevido a denunciar este multimillonario quebranto que se acumuló al
paso de los años por el desvío de los recursos de Pemex a inversiones
tan absurdas como el rescate carretero?
El
fraude a los recursos públicos y a las pensiones de los trabajadores de
Petróleos Mexicanos es tan cuantioso y cargado de complicidades que se
prefirió, como lo establecen en su petición de justicia los técnicos y
profesionistas petroleros, encubrirlo con la conversión de los pasivos
laborales a deuda pública, antes que aplicar la ley castigando a los
responsables en cuya lista están lo mismo exdirectores de la entidad que
hasta expresidentes.
Por eso, lo
estipulado en las leyes secundarias para fincar responsabilidades a
quienes quebraron y saquearon las pensiones de la exparaestatal, no
pasará más allá de la aduana de los buenos deseos y el silencio cómplice de la ASF.
Martín Esparza Flores*/Tercera parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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