Comité 68 advierte sobre riesgos de ley de seguridad

César Arellano García

 

Periódico La Jornada
Jueves 27 de abril de 2017, p. 11

Si el Congreso aprueba la ley de seguridad interior, esta norma representará una limitación para las garantías individuales, las fuerzas armadas tendrán protección e impunidad y México se encaminaría a un Estado de excepción permanente, afirmaron ayer integrantes del Comité 68.

En conferencia de prensa, Félix Hernández Gamundi y Víctor Guerra dijeron que los grupos castrenses podrán detener a civiles, realizar investigaciones sobre delitos federales y locales, dictar sentencia a los acusados y efectuar labores de espionaje si algo les parece sospechoso.
La iniciativa de ley de seguridad interior es violatoria de los artículos 21 y 129 de la Carta Magna y pondría en riesgo los derechos humanos de la sociedad civil y las libertades democráticas logradas mediante la lucha popular.
Manifestaron que en los 10 años recientes de la supuesta guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, hubo un incremento en los niveles de violencia contra el pueblo: “homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, y los grupos delincuenciales han crecido 900 por ciento, según refieren estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas. También aumentaron las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos.

Debido a que Ejército y Marina salieron a las calles para realizar tareas de seguridad pública y su labor no está prevista en ninguna ley, el Congreso pretende regular su actuación mediante la mal llamada ley de seguridad interior.
Afirmaron que la milicia “ha sido utilizada para reprimir, torturar y ejecutar civiles. Ejemplos de esto sobran, desde el 2 de octubre en Tlatelolco, pasando por la guerra sucia, hasta Tlatlaya y Ayotzinapa. Las fuerzas armadas se han utilizado contra el pueblo en forma constante y contundente; las víctimas del Estado son miles”.
Además, aseguraron que en todos los crímenes en los que han estado implicadas las fuerzas armadas nunca se han desarrollado procesos de justicia. Con las nuevas atribuciones que les otorgaría la ley, se convierte de facto en una declaración de guerra permanente contra el pueblo. Por esto y por muchas otras razones llamamos a los legisladores a no aprobarla”.

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