PEMEX Está Quedando en Ruinas LAS DOS CARAS DE LA REFORMA PETROLERA
*Sólo favorecieron a las empresas privadas, sobre todo transnacionales, debilitando a Pemex hasta su extinción.
*Siguen endeudando a Pemex, pese a su insolvencia, al fin que pagan los contribuyentes.
*Arrendaron la infraestructura de Pemex para que las empresas privadas le hicieran competencia con su propio equipo.
Por Juan Vásquez Ramírez,
Participación en el Programa Frecuencia Laboral del sábado 29 de julio del 2017
Tal como está diseñada e implementada, la
actual Reforma Energética en materia de petróleo ahondará la
dilapidación de la riqueza petrolera nacional, sólo favorecerá a las
empresas privadas participantes –sobre todo trasnacionales-, debilitará a
Pemex hasta su extinción, y convertirá el bolsillo de la población
mexicana en una fuente importante de ingresos y ganancias que esas
compañías dejarán de obtener en sus propios países o en otros países
desarrollados, debido a los cambios que se empiezan a impulsar en
algunos de esos mercados en cuanto al uso de combustibles fósiles.
Tales son las dos caras de la reforma
petrolera en curso: muy beneficiosa para muy pocos; perjudicial para la
mayoría de la población, y a la nación misma.
La reforma consiste en la apertura a la
inversión privada, nacional y extranjera, de la industria petrolera, en
todas sus etapas y productos (exploración, explotación, transformación,
distribución, comercialización e incluso venta al público –de
petrolíferos), mediante un conjunto de instituciones, leyes,
reglamentos, contratos, procedimientos, que norman las relaciones de las
empresas privadas entre sí, y con Pemex y el gobierno federal, toda vez
que, al menos constitucionalmente, “Tratándose del petróleo y de los
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad
de la Nación es inalienable e imprescriptible”.
La condición indispensable para acordar e
impulsar la reforma petrolera actual fue el debilitamiento persistente
de Pemex, por dos vías principales: la losa fiscal impuesta por el
gobierno federal; y una pésima administración de la compañía, al
someterla desde los años de Felipe Calderón a una política de
privatización de muchas de sus actividades operativas, y de
endeudamiento persistente.
Así, sólo Pemex es capaz de reportar
utilidades netas equivalentes a 200 millones de dólares en 2012 (cuando
la mezcla mexicana del crudo alcanza sus máximos históricos), con ventas
netas de poco más de 127 mil millones de dólares. Ello porque los
derechos e impuestos pagados suman el equivalente a casi 70 mil millones
de dólares. En 2013 y 2014 el deterioro de Pemex se acentúa y las
pérdidas netas son crecientes.
Cuando el declive de Pemex es evidente, Peña
Nieto lo toma como justificación y negocia el apoyo político del PAN y
PRD que le permite llevar a cabo las reformas constitucionales que
culminan esa política privatizadora. Pero no diseña una política de
apoyo a la petrolera estatal, más bien acentúa los factores de su
deterioro, sigue exprimiéndola fiscalmente y apoyando a la junta
directiva en la política de endeudamiento externo. En 2015 la petrolera
reportó una pérdida neta histórica, de casi 713 mil millones de pesos,
equivalente a poco más de 41 mil millones de dólares.
De hecho, Pemex es conducida a un estado de
quiebra técnica, en el cual se mantiene todavía: al cierre de junio de
2017 no tiene un peso de capital propio y su pasivo total (3.4 billones
de pesos) supera en un billón 120 mil millones de pesos a su activo
total (2.2 billones de pesos). Los dos componentes principales de su
alto endeudamiento son la deuda financiera y la deuda de pensiones. Por
su naturaleza pública, sin embargo, Pemex no puede ser declarada en
quiebra y los acreedores nacionales y sobre todo internacionales le
siguen prestando dinero a manos llenas porque esos préstamos están
respaldados en realidad por los contribuyentes mexicanos, no por la
empresa.
Derroteros concretos de la Reforma
El primero de enero del 2017 el gobierno
federal retiró el velo discursivo a la reforma petrolera e impuso el
gasolinazo, cuyo objetivo real es hacer atractiva la inversión privada
en la importación de gasolinas y diesel de los Estados Unidos, es decir
para reforzar la dependencia del país respecto de otro sector más de la
economía estadounidense.
Poco importó el daño colateral: un proceso
inflacionario que aún no termina y que daña seriamente la economía
familiar de la mayoría de la población nacional.
No se busca fortalecer la estructura de
refinación de Pemex (cada vez más deteriorada), al contrario se diseña
un mecanismo de arrendamiento para poner a disposición de las empresas
privadas la infraestructura de Pemex, para que le hagan competencia e
importen petrolíferos al país refinados en los Estados Unidos. En esto
consisten las subastas llamadas de “Temporada abierta”. Y se empiezan a
observar “ejemplos de previsión”. En noviembre de 2016 la empresa Tesoro
Corporation anunció el acuerdo de compra (concluido en junio pasado) de
una competidora en los Estados Unidos (Western Refining), con la cual
suma a su posesión tres refinerías más, una en Texas, otra en Nuevo
México y otra en Minnesota.
El valor de la adquisición suma seis mil 400
millones de dólares, 4 mil 100 en efectivo y el resto en asunción de
deuda neta. Y el 18 de julio pasado Pemex firma, precisamente con
Tesoro, “los contratos para que ésta utilice la capacidad de transporte
por ducto y almacenamiento de Pemex en los estados de Sonora y Baja
California”, e importe a México esos petrolíferos refinados en los
Estados Unidos, preferentemente en Texas. Tesoro gana todo lo que se
subastaba.
Al momento, la Secretaría de Energía ha
concedido 217 permisos de importación de gasolinas por un volumen total
de poco más de 248 mil millones de litros, y 307 permisos de importación
de diesel por casi 193 mil litros. Destacan varias trasnacionales entre
los autorizados. Ello no significa que todos los permisionarios vayan a
proceder necesariamente, pero para facilitarles las cosas está por
llevarse a cabo la segunda Temporada Abierta para que los ganadores
accedan a la renta de los poliductos y terminales de almacenamiento de
Pemex y estén en condiciones de hacer rentable la importación y la
competencia contra la propia petrolera nacional.
Aún cuando apenas se está instrumentando toda
esa política de la dependencia, ya en el primer semestre de 2017 se
observa el desequilibrio que provoca. En ese lapso, la balanza comercial
petrolera reporta un déficit de 8 mil 200 millones de dólares, se
realizan exportaciones petroleras por casi 10 mil 600 millones de
dólares pero se importan petrolíferos y petroquímicos por casi 18 mil
800 millones de dólares.
Vuelve a surgir en este punto la debilidad de
Pemex, cuya producción de petróleo crudo, petrolíferos y petroquímicos
cae en dicho periodo, respecto al mismo de 2016. Y el gobierno federal
no pretende facilitar las condiciones a Pemex para que pueda mejorar su
infraestructura de refinación. Los recursos que podría utilizar para
ello el gobierno federal se los reclama, de un modo u otro.
Por ejemplo, en mayo pasado la Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) autoriza a Pemex la migración de las
Asignaciones de los campos Ek y Balam (ubicados en aguas someras de la
Sonda de Campeche, con reservas aproximadas de 500 millones de barriles
de petróleo en reservas probadas y probables, 2P) a contratos de
producción compartida, sin socio (de momento).
Para poder migrar a esos contratos Pemex
entrega a la CNH una garantía corporativa por 5 mil millones de dólares,
ofrece al gobierno federal una contraprestación de 70.5 por ciento de
la utilidad operativa y se compromete a inversiones de poco más de 5 mil
millones de dólares para los próximos años. Con tales condiciones es
casi seguro que esos pozos serán explotados por algún socio que esos
contratos le permiten buscar a Pemex.
Formalmente
la reforma petrolera implica un cambio en el régimen fiscal de Pemex e
inaugura otro para los contratistas privados que participen en las
distintas modalidades aprobadas (licencias, utilidad compartida,
producción compartida, servicios), pero ello no implica que el gobierno
federal haya renunciado a seguir extrayendo recursos de la renta
petrolera para financiar el presupuesto público. La reforma petrolera
crea el Fondo Mexicano del Petróleo, que es el receptor y distribuidor
de los ingresos por la renta petrolera que genera Pemex y los
contratistas privados. En el caso de los contratos, calculará y pagará
lo que corresponda a los contratistas y al Estado; en el caso de las
asignaciones (Pemex), recibirá los derechos correspondientes y los
transferirá a la Tesorería de la Federación. El mandato principal del
Fondo es que las transferencias anuales que haga a la Tesorería de la
Federación deberán mantener los ingresos petroleros del gobierno federal
en el equivalente a 4.7 por ciento del PIB nacional. Ello equivale
(para 2016) a alrededor de 918 mil millones de pesos. Se está muy lejos
de esa cifra. En el primer semestre de 2017 las transferencias
ordinarias acumuladas ascendieron a 235 mil millones de pesos.
Es decir, ese Fondo no está diseñado para
administrar y acrecentar la renta petrolera nacional, sino para ser la
correa de transmisión de esa riqueza a las arcas presupuestales.
El problema de fondo con ese diseño de uso de
la renta petrolera es lo que en los últimos meses hemos venido
presenciando en el país: los escándalos mayúsculos e impunes de
corrupción en el uso del presupuesto público por parte de la élite
política, por y para sí misma, y también en asociación con empresarios
“contratistas” de cuanta obra o servicio se les ocurre a nuestros altos
funcionarios.
¿Hay en el entorno internacional una
experiencia exitosa en el manejo de la renta petrolera nacional? Me
informé brevemente de una: Noruega. Su Fondo de Pensiones del Gobierno
Global (antes Fondo Petrolero del Gobierno) tiene un valor de mercado de
932 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2017. Es
el principal Fondo Soberano del mundo, o uno de los principales.
La producción de petróleo en Noruega inicia
en 1971. En 1990 el parlamento noruego aprueba la Ley del Fondo y la
transferencia regular de capital al Fondo proveniente de los ingresos
petroleros del país. En 1996 recibe la primera transferencia; el mandato
de administración es que se inviertan todos sus recursos fuera del
territorio noruego, tal como las divisas nacionales. De ese año, hasta
marzo de 2017, las transferencias recibidas ascienden a un total de casi
400 mil millones de dólares y sus inversiones generan una ganancia
acumulada de 405 mil millones de dólares. En 21 años los gastos totales
de gestión ascienden a 4 mil 266 millones de dólares. Por fluctuaciones
cambiarias a favor gana poco más de 131 mil millones de dólares.
En la actualidad, el 64.6 por ciento de sus
recursos están invertidos en instrumentos de renta variable, el 33 por
ciento en renta fija y el 2.5 por ciento en bienes raíces. Posee
acciones de alrededor de 9 mil empresas en todo el mundo, su mayor
exposición geográfica es hacia Estados Unidos, Canadá y Europa, luego
mercados desarrollados de Asia y Oceanía, y por último mercados
emergentes. Sus inversiones principales en acciones son: Apple Inc,
Nestlé, Royal Dutch Shell, Alphabet Inc, Microsoft, Roche Holding,
Novartis, Johnson & Johnson, Amazon, Black Rock.
Tiene
la obligación de financiar los déficits públicos de su país cuando se
presentan, lo que ha hecho en los últimos años. Transfiere al Ministerio
de Hacienda los recursos que necesita, y al poco los rendimientos de
sus inversiones más que compensan lo erogado. Y ello a pesar que Noruega
también ha padecido la crisis de los precios internacionales del
petróleo y las transformaciones que ha experimentado esa industria en
los últimos años.
De hecho, a pesar de ser un país petrolero,
Noruega es de los países que está incidiendo en tales cambios. Para el
año 2025 el gobierno noruego se ha propuesto que dejen de circular en
ese país los automóviles con motor a gasolina y diesel, y ya está en
curso la política para alentar el uso de vehículos híbridos y
eléctricos.
Esa tendencia está presente en otros países
europeos: Países Bajos, Gran Bretaña, Francia, aunque en éstos ese
cambio se tiene contemplado para 2030, 2040, y lo más probable es que en
el curso del próximo lustro esa tendencia cobre más fuerza.
Y ante el evidente cambio climático, la
política de uso de energías no fósiles probablemente se refuerce en los
países desarrollados, sobre todo, aunque es una tendencia mundial.
En sus países de origen, pues, muchas
trasnacionales petroleras se verán limitadas en sus ventas de gasolinas y
diesel, de manera que les viene como anillo al dedo el deseo imperioso
del gobierno mexicano porque aquí exploren y exploten el “oro negro” y
vendan los petrolíferos que quieran importar y a continuación producir,
utilizando a México como plataforma de penetración a otros mercados
latinoamericanos.
El país necesita muchos cambios. Uno de
ellos, en la orientación e instrumentación de la reforma energética,
cuyo propósito real debe ser, en primer lugar, el beneficio de la
Nación, vale decir de la mayoría del pueblo mexicano, y en segundo lugar
de los inversionistas que estén dispuestos a compartir los riesgos en
ese propósito.
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