Un sexenio de falsa paz laboral
Peña y Navarrete en Los Pinos. Foto: Eduardo Miranda
El 17 de abril, en la residencia oficial de Los Pinos, el funcionario dijo que iban 44 meses sin huelgas de ese tipo; lo repitió ahí mismo el 1 de mayo pasado, durante el acto conmemorativo del Día del Trabajo y, en una entrevista realizada por el reportero de Proceso, Carlos Acosta Córdova, el jueves 20 habló de “45 meses sin huelgas”.
Todo un récord, aunque los datos oficiales de la dependencia a su cargo lo desmienten.
El pasado 10 de marzo, este reportero solicitó información a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) –folio 0001400030817– para conocer el número de huelgas y emplazamientos. De la respuesta obtenida se desprende que desde el inicio del sexenio a febrero pasado hubo 22 paros legales, siete de los cuales ocurrieron en el Estado de México, de donde son originarios Peña Nieto y Navarrete Prida.
En algunos casos las huelgas duraron pocos días, algunas de las iniciadas en 2013 se prolongaron hasta este año: la de los sindicatos Revolucionario de Trabajadores de la Industria Química, en Jalisco; la de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión, Similares y Conexos, en Sonora, y la de Trabajadores de Servicios y Transporte en General, en Querétaro.
En la entrevista con el reportero Carlos Acosta, el titular de la STPS finalmente admitió una huelga: “Este país lleva 45 meses sin una sola huelga federal… hubo una en Durango, del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, y la respaldamos, como lo voy a seguir haciendo –son trabajadores– y se resolvió.
Domicilio conocido
La tarde del 16 de febrero, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) estalló la huelga.
En su pliego elemental, los paristas reclamaban por el incumplimiento de 12 cláusulas del contrato colectivo del trabajo, exigían también el servicio médico, el abasto inmediato de medicamentos y denunciaban irregularidades en el sistema pensionario.
El rector, Jesús Valenzuela, desconoció la huelga, aunque declaró al diario Vanguardia que no había logrado que la Secretaría de Hacienda reconociera algunas cláusulas del contrato, en tanto pedía a los trabajadores renunciar a prestaciones y contribuir a que las nuevas contrataciones se dieran bajo otras condiciones.
La UAAAN, de presupuesto federal, está ubicada en el ejido Buenavista, de Saltillo, Coahuila. Si bien el campus es grande, tiene las instalaciones más o menos concentradas en torno al viejo casco de hacienda que ocupa su rectoría, de manera que se trata de un “domicilio conocido”, así sin nomenclatura. Eso sirvió de pretexto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para declarar la huelga ilegal, si bien el paro se mantuvo durante tres semanas.
La huelga de la UAAAN no aparece en la lista remitida por la STPS, pues no tuvo reconocimiento legal y sólo fue uno de los 6 mil 375 emplazamientos registrados en 2016.
Entre diciembre de 2012, cuando se inició el gobierno de Peña Nieto, y febrero de 2017 sumaban 33 mil 417 emplazamientos de jurisdicción federal que finalmente se conjuraron.
El incumplimiento de un requisito –como ocurrió con la UAAAN–, se ha vuelto un criterio constante de la JFCA, cuyo titular, Jorge Alberto Juan Zorrilla Pérez, “es un empleado sin autonomía de hecho respecto al titular del Trabajo”, afirma el laboralista Manuel Fuentes Muñiz.
Doctor en derecho laboral por la Universidad Autónoma Metropolitana, Fuentes Muñiz asegura que, además, desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, la JFCA y las instancias de conciliación declaran improcedencia de huelga antes de que esta estalle, con el afán de inhibirla o forzar la negociación y terminar archivando expedientes.
Sin embargo, apunta, la procedencia o improcedencia no está prevista en la Ley Federal del Trabajo, por lo que la actuación de la JFCA es ilegal. Con ello, consigue diferir audiencias y luego imponer otras argucias. Mientras eso sucede, el secretario Navarrete llega a amenazar a los movimientos de trabajadores.
La alineación corporativa
Los dirigentes del sindicalismo oficial no desmintieron la versión de Navarrete Prida. Renovada su relevancia corporativa e invitados frecuentes a la residencia oficial de Los Pinos –a la que fueron poco asiduos durante los dos sexenios panistas–, simplemente callaron.
Desde el 1 de mayo de 2013, cuando los dirigentes de los corporativos sindicales y la cúpula de cámaras y organismos empresariales volvieron a reunirse en Los Pinos, las buenas relaciones entre los llamados factores de la producción se han convertido en presunción constante.
Aquella ocasión, el hoy extinto dirigente cetemista Joaquín Gamboa Pascoe arrancó los aplausos de sus compañeros dirigentes, al defender las reformas estructurales –la laboral incluida–, condenar las protestas del magisterio disidente y reiterarle a Peña Nieto –amenazado el Pacto por México, de cuya mesa se levantaron temporalmente PAN y PRD– que “el pacto de los trabajadores con él” era para siempre. Además, dijo, los sindicalistas de hoy “somos amigos de los empresarios”.
En enero pasado, el tono sindical varió ligeramente. Ahora encabezada por Carlos Aceves del Olmo, la CTM fijó una postura más crítica, exigiendo medidas eficaces pues sostuvo que cada dos meses se reunía el Comité Nacional de Productividad –que preside Peña Nieto– sin llegar a acuerdos ni acciones concretas.
No obstante, estuvieron prestos a firmar con Peña Nieto una reedición del Pacto de Solidaridad, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que se proponía enfrentar las adversidades económicas derivadas del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca y por la liberalización en el precio de las gasolinas que detonó protestas en diferentes regiones del país.
El 17 de abril, la cúpula del corporativismo sindical mexicano acudió otra vez a Los Pinos. En manos de Peña Nieto, los dirigentes fueron por la toma de nota y a que el mandatario tomara protesta al presidente entrante del Congreso del Trabajo, que esta vez correspondió al cetemista Aceves del Olmo.
Navarrete Prida, artífice de esos cónclaves gremiales, fue el primero en hablar. Y lo hizo sobre el sindicalismo posrevolucionario; es decir, el priista, que devino convocatoria para entender el momento del país y actuar en consecuencia, con base en el diálogo.
En entrevista, Fuentes Muñiz observa la irrealidad de esta última expresión, pues los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualizados a febrero pasado, reflejan que 24 millones de trabajadores ganan dos salarios mínimos o menos. La cantidad de trabajadores, en efecto, representa 47% de la población ocupada.
Navarrete Prida no ha sido el único que insiste en el récord sin huelgas del sexenio. Zorrilla Pérez presumió el 22 de noviembre pasado el mismo récord, afirmando que no hubo ninguna huelga en los 36 meses previos. Insistió en la cifra, asegurando que las 17 huelgas vigentes eran anteriores a Peña Nieto.
Sin embargo, Zorrilla mintió, pues conforme a la respuesta a la solicitud realizada a la STPS, un mes antes de su informe –el 23 de octubre de 2016– estalló una huelga en Siderúrgica del Golfo y otra en Sistemas Estructurales y Construcciones, ambas en Tamaulipas, de jurisdicción federal.
Con todo y los datos, los funcionarios peñanietistas mantienen el mensaje sobre el récord de cero huelgas y la habilidad conciliadora que, en palabras del presidente de la JFCA, constituye “una paz laboral consolidada”.
Fiel al dato, el funcionario expresó el 22 de noviembre: “En la Junta Federal fomentamos el diálogo y entendimiento entre los factores de la producción, utilizando la conciliación como un mecanismo primordial para consolidar la paz laboral (pues) transcurrieron 36 meses ininterrumpidos sin que hubiera estallado una sola huelga”.
Este reportaje se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.
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