Flexibilización laboral, el futuro de Francia
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Los franceses están descubriendo con inquietud que en realidad no conocían a Emmanuel Macron, a quien eligieron como nuevo presidente de la República. La reformas que persigue el político buscarán flexibilizar las relaciones laborales a tal punto que los nuevos contratos podrían violar la ley; y en materia política, no sólo se despedirán legisladores, también se suprimirán las comunas y departamentos
Desde
que el presidente Jacques Chirac sufrió su accidente cerebro-vascular,
en 2005, Francia no ha tenido un verdadero jefe de Estado. Debilitado
por la enfermedad, Chirac permitió la lucha interna entre sus ministros
Dominique de Villepin y Nicolas Sarkozy. Y después, los franceses
llevaron sucesivamente a la presidencia de la República a dos personajes
–Sarkozy y Francois Hollande– que nunca llegaron a cumplir realmente
con lo que debería ser un presidente de Francia. Ahora acaban de elegir
para ese cargo a Emmanuel Macron, creyendo que se trataba de un joven
impetuoso y capaz de recuperar la dirección del país.
La
campaña que antecedió la elección presidencial de 2017, al contrario de
las anteriores, no dejó espacio a un debate de fondo. Fue cuando más la
ocasión de comprobar que todos los candidatos de menor importancia –es
decir, los que no contaban con el respaldo de las grandes formaciones
políticas– ponían en tela de juicio a la Unión Europea, institución que
todos los candidatos importantes consideraban la panacea. Esta campaña
presidencial fue fundamentalmente una especie de serie de televisión que
denunciaba la supuesta corrupción de la clase política en general y en
particular la del candidato favorito, Francois Fillon –narrativa típica
de las “revoluciones de colores”. Y como en todos los modelos anteriores
de revoluciones de colores, sin excepción alguna, la opinión pública
reaccionó a favor de lo que podríamos llamar la “política de la escoba”,
o sea todo lo anterior es corrupto y hay que liquidarlo, mientras que
todo lo nuevo es justo y bueno. Pero no se ha comprobado ninguno de los
delitos mencionados.
En las
revoluciones de colores anteriores, la opinión pública demoraba entre 3
meses –como en la “revolución del cedro” libanesa– y –como en la
“revolución de las rosas” de Georgia– 2 años en despertar y darse cuenta
de que había sido manipulada. Y esa opinión pública volvía entonces a
lo que quedaba del anterior equipo gobernante. La habilidad de los
organizadores de las revoluciones de colores consiste, por tanto, en
realizar de inmediato los cambios que sus padrinos quieren imponer en
las instituciones.
Emmanuel Macron
anunció desde el principio que reformaría urgentemente el Código
Laboral, recurriendo para ello a un procedimiento que le permitiría
hacerlo por decreto. También anunció importantes reformas
institucionales: modificación del Consejo Económico y Social,
eliminación –en términos empresariales podría hablarse más bien de
“despido”– de la mitad de los diputados y senadores y “moralización” de
la vida política. Todos esos proyectos corresponden punto por punto al
contenido del informe de la Comisión para la Liberación del Crecimiento
Francés elaborado en 2008, comisión que tuvo como presidente a Jacques
Attali y cuyo secretario general adjunto fue precisamente Emmanuel
Macron.
El informe de la Comisión
Attali, creada por el presidente Sarkozy, comienza con las siguientes
palabras: “Esto no es un informe ni un estudio sino una serie de
instrucciones para reformas urgentes y fundadoras. No tiene carácter
partidista ni bipartidista. Es no partidista.”
El Código Laboral
En
lo tocante al Código Laboral existe, efectivamente, un amplio consenso a
favor de adaptarlo a las situaciones económicas contemporáneas. Sin
embargo, el análisis de los documentos preparatorios disponibles,
muestra que el gobierno no es parte de ese consenso. La intención del
actual gobierno francés es abandonar el sistema jurídico latino para
adoptar el que se encuentra en vigor en Estados Unidos. Eso implica que
un empleado y su patrón podrían negociar entre ellos un contrato que
viole la ley. Y, para que no queden dudas sobre la amplitud y la
importancia de esta reforma, el sistema educativo francés tendrá que
“producir” niños bilingües, que sean capaces de hablar francés e inglés
al terminar le enseñanza primaria.
Pero
no ha existido en Francia ningún tipo de debate sobre este cambio de
paradigma. Como máximo, se mencionó en debates parlamentarios sobre la
ley El-Khomri-Macron, en 2016. Algunos observadores señalaron en aquel
momento que el predominio de las negociaciones en el seno de la empresa
sobre los acuerdos por sectores de actividad abría el camino a una
posible caída de Francia en el derecho estadunidense en materia laboral.
Esta
opción resulta particularmente sorprendente dado que, si bien Estados
Unidos es la primera potencia financiera mundial, en el plano económico
ese país se ha quedado detrás de naciones tan diferentes como China y
Alemania. Además, si el Reino Unido respeta el voto de sus electores y
sigue adelante con el proceso de salida de la Unión Europea, el modelo
dominante en el seno de la Unión ya no será el modelo anglosajón –de
carácter financiero– sino el modelo económico de Alemania.
Las instituciones
En
cuanto a la reforma de las instituciones, llama la atención ver que,
aún en caso de que resultaran excelentes las reformas que el presidente
Macron pretende imponer, ninguna responde a lo que esperan los
franceses. Nadie había denunciado hasta ahora una cantidad excesiva de
parlamentarios ni de concejales. Sí existen, por el contrario, muchos
informes que denuncian la acumulación de estratos administrativos
(comunas, comunidades de comunas, departamentos, regiones y Estado) y la
proliferación de comités o comisiones considerados inútiles.
La
realidad es que el presidente Macron esconde sus verdaderas
intenciones. Su objetivo a mediano plazo, ampliamente anunciado desde
2008, es suprimir las comunas y departamentos. Se trata de homogeneizar
las colectividades locales francesas según el modelo que la Unión
Europea ya impuso en todas partes fuera de Francia. Rechazando la
experiencia histórica francesa, en la presidencia de la República se
considera que los franceses pueden ser administrados como todos los
demás europeos.
La reforma del
Consejo Económico y Social sigue siendo nebulosa. Sólo se sabe que se
trataría simultáneamente de disolver los innumerables comités o
comisiones clasificados como inútiles y dejar el diálogo social en manos
del Consejo. El fracaso del presidente De Gaulle en ese tema, en 1969,
hace pensar que si se realizara esa reforma no sería en aras de resolver
un problema sino de enterrarlo definitivamente. En efecto, aunque el
diálogo social se efectúa actualmente a nivel sectorial, la reforma del
Código Laboral dejará ese diálogo sin objetivo concreto.
En
1969, el presidente De Gaulle se resignó a abandonar nuevamente su
viejo proyecto de “participación”, o sea de redistribución del
incremento del capital de las empresas entre los propietarios y sus
empleados. De Gaulle propuso, en cambio, hacer que el mundo del trabajo
participara en el proceso legislativo. Y para eso se le ocurrió
organizar la fusión del Consejo Económico y Social con el Senado, de
manera que la cámara alta reuniese simultáneamente a representantes de
las regiones y del mundo profesional. Lo más importante es que propuso
que esa cámara no pudiera seguir redactando leyes por sí misma sino que
emitiese una opinión sobre todos los textos antes de la presentación de
estos en la Asamblea Nacional. Se trataba, por tanto, de otorgar un
poder de opinión legislativa a las organizaciones campesinas y
liberales, a los sindicatos obreros y patronales, a las universidades y a
las asociaciones familiares, sociales y culturales.
Las
dos prioridades que el presidente Macron pretende llevar adelante antes
del “despertar” de sus electores pueden entonces resumirse de la
siguiente manera:
-Regular el mercado laboral francés según los principios del derecho estadunidense.
-Adaptar
las colectividades locales a las normas europeas y enquistar las
organizaciones representativas del mundo laboral en una asamblea
puramente honorífica.
Además de
borrar, sólo en beneficio de los capitalistas, toda huella de varias
siglos de luchas sociales, Emmanuel Macron tendría entonces que lograr
alejar a los parlamentarios de los electores que votaron por ellos y que
esos parlamentarios renuncien a implicarse en los asuntos públicos.
Thierry Meyssan/Red Voltaire
[ANÁLISIS INTERNACIONAL]
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