Conagua impone veda a comunidades de Oaxaca
Campesinos de los Valles Centrales de Oaxaca padecen una veda: se les ha prohibido hacer uso del agua de su región. Dieciséis comunidades en pobreza extrema han realizado trabajos para preservar el acuífero y explotarlo de manera sustentable. La Conagua no cede. La única opción es emigrar
Campesinos de los Valles centrales de
Oaxaca exigen se levante la veda de agua que hay en su territorio, por
tiempo indefinido. A contracorriente, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) pretende que continúe este mandato impuesto desde 1967, pese a
las obras que hacen los lugareños para recuperar el acuífero.
Importante por la producción de
alimentos para dotar a la ciudad del estado y distribuir en el país, el
acuífero del Valle se recupera a manos de los labriegos, sin que la
Conagua genere instrumentos en beneficio de la comunidad. Por el
contrario, realiza una consulta que a decir de los pobladores tiene
inconsistencias.
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Sumado a ello, el organismo encargado de
generar políticas públicas relacionadas con el agua en el país, ha
pretendido cobrar “excedentes” por el uso del líquido en regiones donde
escasea y donde decenas de ellos han tenido que abandonar sus campos de
cultivo para dedicarse a otra labor y sobrevivir.
“El agua es la sangre de la madre
Tierra”, dice Carmelina Santiago, coordinadora del Centro de Derechos
Humanos Flor y Canto, organización encargada de acompañar a los
indígenas zapotecos de esta región en el proceso de consulta.
En 1967 la entonces Secretaría de
Recursos Hidráulicos estableció, mediante un decreto presidencial, la
veda bajo el argumento de que era necesario evitar la extracción de agua
de manera desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero;
procurar la conservación y controlar las extracciones de agua.
El mecanismo para la aplicación del
decreto de veda son las concesiones que se obtienen mediante títulos que
otorga la Conagua y estas concesiones son la “llave de acceso” a
recursos y programas públicos dirigidos al campo, expone el Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca, elaborado por el Colectivo Oaxaqueño en Defensa del Territorio.
Bajo este control de la Conagua, dice el
documento, se ha impactado en los campesinos de la región de los valles
de Ocotlán y Zimatlán debido a que no todos “han podido acceder a una
concesión, además de no poder acceder a programas como Procampo y al
subsidio por consumo de energía eléctrica en la tarifa CU 09, para
productores del campo”.
En 2005, “la mayoría de los campesinos
nos quedamos sin agua, muchos dejaron de trabajar en la agricultura, se
fueron a otras partes del país o a Estados Unidos, se metieron de
choferes o de conductores de mototaxis. Ahora que revertimos esa escasez
de agua y la gente tiene donde trabajar en el campo, para que nuestros
productos sean trasladados al estado de Oaxaca o a la ciudad, estamos
impedidos por la veda”, dice Ángel Ruiz, campesino originario de
Santiago Apóstol, Oaxaca.
Los cobros
En 2005, la Conagua solicitó a los
poseedores de concesión, mediante cartas de invitación, “regularizar sus
pagos por consumos de excedentes de agua, los importes fueron
diferenciados y en varios casos se presentaron sumas ofensivas para la
economía de los campesinos. Esta molestia se ahondó debido a que en ese
año se resintió una fuerte sequía y se vieron obligados a extraer agua
mediante bombeo a mayor profundidad lo que les ocasionó también un
incremento en el pago del servicio eléctrico”, dice el informe.
Las comunidades se organizaron en lo que
hoy se conoce como la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y
Defensa del Agua (Copuda), para emprender acciones y, así, enfrentar la
problemática. Se iniciaron obras de captación de agua, reuniones de
capacitación y acciones jurídicas, entre otras.
La Copuda presentó peticiones a la
Conagua para que se revisara una posible modificación del decreto de
veda de 1967, a esta petición no hubo respuesta por lo que se procedió a
presentar un amparo ante el juzgado de distrito por incumplir el
derecho de petición, el proceso avanza hasta la promoción de un recurso
de revisión por parte de la Copuda.
Ya en 2012, la Copuda gana un amparo
directo y en abril de 2013 la Primera Sala Regional Metropolitana del
Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente
9216/11-17-01-5, dicta sentencia a favor de los pueblos con la
resolución. Ordena a la Conagua inicie un procedimiento por el cual
valore la procedencia para proponer al ejecutivo federal la modificación
del decreto de veda del acuífero Valles Centrales de Oaxaca,
consultando a la comunidad y pueblos indígenas zapotecas del Valle de
Ocotlán de Morelos y Zimatlán de Alvarez, en el estado.
Las comunidades involucradas en este
proceso son: Asunción Ocotlán, San Martín Tilcajete, San Pedro Mártir,
San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Apóstol, Santa Ana Zegache, San
Isidro Zegache, Santiago Apóstol, San Sebastián Ocotlán, La Barda Paso
de Piedras, Tejas de Morelos, San Jacinto Ocotlán, San Felipe Apóstol,
El Porvenir, Maguey Largo y San Matías Chilazoa.
La protección del acuífero
María de los Ángeles Santiago, campesina
originaria de San Antonino Castillo, comenta que los agricultores de la
región llevan un trabajo de captación de agua con el fin de recuperar
el acuífero, desde 2010, y con el antecedente de trabajo que ya tenían
sus compañeros en la Copuda, desde 2005.
Sin embargo, lamenta que las autoridades
de la Conagua no estén llevando de manera viable la consulta para
levantar la veda. “Desgraciadamente en todo este caminar de la consulta
han habido muchos errores de Conagua, no cumplen los acuerdos que marcan
en el protocolo, no se han llevado los términos, no giraban las
convocatorias a tiempo, se pedía que no hubiese apoyos de parte del
gobierno cuando nosotros realizábamos las reuniones y
desgraciadamente todo eso ocurrió”.
Expone que desde las comunidades se
realizaron reglamentos internos, originados desde las forma de vivir en
cada uno de los pueblos y que “cómo nosotros van a seguir haciendo obras
de captación del agua, de cómo seguir con el trabajo sigue y darle
mantenimiento”.
“Al hacer una obra de extracción tenemos
que hacer una obra de infiltración, con la finalidad de no
sobreexplotar el acuífero, poner sanciones desde nuestras comunidades y
nuestras autoridades, ya sea a través del tequio [faena o trabajo
colectivo prestado por los vecinos de una misma comunidad], mano de obra
para que la gente que por un descuido haya desperdiciado el agua
coopere con un tequio de limpia o una cuota en todo caso”, dice.
La coordinadora del Centro de Derechos
Humanos Flor y Canto, Carmelina Santiago, agrega que en las 16
comunidades involucradas, actualmente se revisan, estructuran y
fortalecen los estatutos y los reglamentos comunitarios, en donde hay
ejido o tierra en común.
Entre las propuestas que se llevan ante
la Conagua es que cada año, en los primeros meses del año, los
campesinos y las autoridades se coordinen para el desazolve de todas y
cada una de las obras de captación. “Este modo de trabajar se ha
presentado ante la Conagua, pero la dependencia no ha valorado este
proyecto porque dicen que las obras no tienen un impacto en el
acuífero”, acusa la defensora zapoteca.
El Informe de la observación de la consulta en los Valles Centrales de Oaxaca
indica que durante la fase informativa, “no se generaron las
condiciones convenientes para que las comunidades pudieran hacer una
valoración adecuada de la información en el tema de las concesiones,
debido que a la par se continuaron con las gestiones de concesiones
aunque muchas veces se pidió que se suspendieran en cuanto se
desarrollaba la consulta, esto se agrava ya que en las asambleas
personal de la Conagua invitaba de manera individual a que se acercaran
con ellos para revisar sus casos, lo cual limita a las comunidades en su
decisión y provoca divisiones innecesarias en las posiciones a favor o
en contra de las concesiones.
“Otro factor que violentó el principio
de consulta libre es el de los programas públicos, en algunas asambleas
se programaron reuniones de información o entrega de programas y en
otras las y los participantes expresaron que al incluir los temas de
apoyo al campo, se inducía a gestionar las concesiones, pues es un
requisito para acceder a ellos y en algunas más decidieron no incorporar
ese tema en el orden del día”, apunta.
La pobreza de los Valles Centrales
En la región de los Valles Centrales
habitan más de 255 mil personas que no tienen garantizados al menos uno
de sus derechos para el desarrollo social: educación, acceso a los
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de
vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación, porque sus ingresos son menores a 1 mil 921 pesos
mensuales, “insuficientes para adquirir los bienes y servicios que
requieren para satisfacer sus necesidades”, dice el documento Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca, elaborado por el gobierno del estado
Entre las comunidades que integran la
Copuda e intentan levantar la veda de la región, se encuentran los más
pobres del estado. Ejemplo de ellos, Asunción Ocotlán, municipio que
mantiene el 90 por ciento de población en situación de pobreza
multidimensional, porcentaje alto al igual que otros municipios de los
Valles Centrales. Esta situación coloca al municipio en el quinto lugar
de pobreza de todo el estado, indica el análisis.
El mismo análisis muestra a San Pedro
Mártir, otra de las comunidades que integran la Copuda, entre los cuales
la inseguridad alimentaria se impone. El informe indica que el 86 por
ciento de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar,
es decir que el ingreso que obtuvieron no les alcanzó para adquirir los
alimentos necesarios. Muestra que el 57 por ciento de los hogares
“estuvieron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa,
por no tener acceso a la alimentación”.
Érika Ramírez
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