Estados Unidos: una sociedad enferma y armada
Las tragedias por la venta y uso de armas en Estados Unidos siguen sin control y los fabricantes y vendedores obtienen grandes beneficios con esta industria al amparo de la segunda enmienda de la Constitución de ese país
El control de armas en Estados Unidos es
un debate que escapa a la racionalidad y al sentido común, reflexiona
el maestro Virgilio Muñoz Alberich, quien advierte que ante hechos como
el ocurrido en Las Vegas (y otro más ocurrido el domingo pasado en una
iglesia de Texas), los focos de atención dan cuenta de la inacción del
Congreso y la influencia política de la Asociación Nacional del Rifle
(NRA, por sus siglas en inglés).
La masacre del domingo 1 de octubre en
Las Vegas registró la mayor matanza a tiros en la historia de Estados
Unidos, cuando el millonario Stephen Paddock de 64 años disparó una
lluvia de balas contra 22 mil personas que asistían al festival de
música country Route 91 Harvest, con saldo de 58 personas muertas y 487
heridas.
El último acto de violencia masiva en
Estados Unidos ocurrió apenas el pasado domingo 5 de noviembre, cuando
un joven de 26 años disparó en contra de una multitud de fieles en una
iglesia de Texas y mató a por lo menos 26 personas.
Al respecto, el académico subraya que la
respuesta institucional a los más de mil 500 tiroteos masivos ocurridos
en ese país desde finales de 2012, ha sido la inercia en las
disposiciones que regulan la compra, portación y restricción de
armamento de asalto.
En su análisis El control de armas y los dilemas de la opinión pública
publicado en septiembre de 2017 por el Centro de Estudios Superiores
Navales (Cesnav), advierte que existe un elemento que suele pasar de
lado en el debate y explica los obstáculos en la construcción de
acuerdos políticos sobre el control de armas en Estados Unidos: el
perfil de la opinión pública norteamericana.
Muñoz Alberich refiere el estudio de
opinión pública “America’s Complex Relationship With Guns”, del Pew
Research Center, que retrata la percepción de los estadounidenses y el
mercado de armas e ilustra del porqué una sociedad que le resulta
natural la posesión y uso de armamento, es en sí misma un obstáculo a
vencer en la construcción de acuerdos políticos sobre el control de
armas.
“Más aún –destaca el catedrático-, en un
sistema de representación donde los legisladores tienen fuertes
incentivos para estar alineados con el parecer de sus votantes”.
El estudio revela que 72 por ciento de
los adultos estadounidenses está a favor de que casi toda persona posea
un arma legal, 61 por ciento de garantizar la disponibilidad de casi
todos los tipos de armamento y 56 por ciento de que pueda ser portado en
la mayoría de los lugares.
Asimismo, señala que el 70 por ciento de
los mayores de edad ha disparado con arma de fuego por lo menos una vez
en su vida; el 74 por ciento de poseedores de armas y 35 por ciento de
los adultos sin armas, afirman que el derecho a poseerlas es esencial
para su libertad.
El 73 por ciento de los dueños de
armamento no se conciben en el futuro sin armas en su poder y una leve
mayoría de adultos estadounidenses (52 por ciento) se pronuncia a favor
de leyes de control de armas más estrictas.
El documento del Pew Research Center
indica que poco menos de la mitad de los adultos señala que hacer más
difícil el acceso legal a armamento tendrá como consecuencia menos
tiroteos masivos y 13 por ciento que cualquier restricción adicional
llevará a mayores tiroteos masivos.
Muñoz Alberich, experto en seguridad
nacional, explica que el Congreso de Estados Unidos ha fallado por años
en un liderazgo político para endurecer el control de armas, “así derive
de la construcción de una estrecha mayoría bipartidista, lo cierto
también es que su falta de voluntad está alineada con la voz de sus
votantes.
“Al tiempo que los electores
republicanos son reacios a medidas que dificulten el acceso y portación
de armamento –muchos de ellos inclusive ven positivo que maestros se
armen en las escuelas y una mayor cantidad de personas adquieran
armamento, como vía para incrementar la seguridad de sus espacios
públicos–, del lado de los simpatizantes del partido demócrata los
consensos a favor de mayores controles tampoco se encuentran bien
definidos”, subraya.
En ese sentido, apunta que por el perfil
de la opinión pública descrito es más entendible que Paul Ryan, líder
de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, enfatice
la matanza de Las Vegas como un problema de salud mental y no de control
de armas.
Asunto público la salud mental -dice el
experto– que por cierto es uno de los escasos puntos de acuerdo entre
demócratas y republicanos, como causal para restringir el acceso a
armamento según el mismo estudio del Pew Research Center. Factor que no
garantiza por sí mismo una solución integral a los tiroteos masivos.
Para el doctor del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Ernesto Villanueva, la matanza de las Vegas sí es un caso de
problemas de carácter mental de quienes llevan a cabo este tipo de
actos, por lo que plantea que debe haber examen médico para minimizar
este tipo de eventos.
“Creo que en Estados Unidos debería
haber controles de carácter psiquiátrico para la venta de armas, pues ha
generado tragedias como la de Las Vegas (y ahora Texas), a las que sin
embargo ya están acostumbrados en ese país.
Explica que la Segunda Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos ha generado que la adquisición de armas
de cualquier calibre se haga sin mayores revisiones de antecedentes, sin
controles, lo cual hace que cualquier persona pueda tener el armamento
que quiera sin límite de calibres, como un asunto aparentemente normal
Autor del libro El Derecho de armarse,
Villanueva explica que la industria de las armas en Estados Unidos, con
una producción anual de más de 100 millones de artefactos para defensa
personal y militar, deja cada año ganancias superiores a los 1 mil
millones de dólares.
Actualmente, dice el investigador de la
UNAM, en EU hay aproximadamente 310 millones de armas en manos de
civiles, lo que hace que cada día se incremente la posibilidad de que
haya más homicidios, matanzas masivas o suicidios al tener a la mano
estos artefactos.
Sin embargo, acota que en ese país hay
estados con más restricciones que otros en el uso de armas, como Nueva
York y Nueva Jersey, que registran más delitos que Texas donde hay mayor
número de armas en manos de ciudadanos.
Virgilio Muñoz Alberich señala que a
pesar de que el círculo rojo y los medios de comunicación condenan la
amplia red de cabildeo construida por la Asociación Nacional del Rifle
en el Congreso de Estados Unidos, a las horas de la matanza en Las Vegas
el Washington Post publicó una relación de legisladores en funciones
que han sido beneficiarios con la distribución de 3.5 millones de
dólares.
El especialista estima que es difícil
restringir la capacidad del cabildeo que pone una sombra de duda sobre
la labor legislativa, “cuando 40 por ciento de los adultos consideran
que la Asociación Nacional del Rifle tiene el nivel correcto de
influencia sobre el Congreso y un 15 por ciento adicional opina que su
injerencia es menor”.
Además, subraya que a lo anterior se
suma que el presidente Donald Trump tiene pocos incentivos para disponer
de capital político en el ánimo de endurecer el control de armas, dado
que ello no le garantiza un mayor respaldo de votantes y le arriesga a
perder su propia base electoral –de ahí su énfasis en la acción reactiva
de la policía para inhabilitar al tirador solitario de Las Vegas y no
en la regulación preventiva necesaria–.
“Así como el conjunto de legisladores
que por el perfil de sus votantes ni siquiera se vieron motivados a
promover una reforma en la materia después de que, en junio pasado, una
veintena de representantes republicanos fueran baleados en una práctica
de béisbol”, agrega.
En Estados Unidos las muertes por armas
de fuego son tantas como las defunciones a causa de accidentes
automovilísticos. Según datos de la principal fuerza policiaca en
Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation (FBI), en 2014 se
registraron 11 mil 961 muertes vinculadas al uso de armas, explica Muñoz
Alberich.
El especialista concluye que todo ello
hace previsible que no se verá en el mediano plazo una legislación que
endurezca la compra y posesión de armas. “Este es un caso que muestra
con total claridad la importancia del perfil de la opinión pública en la
definición de las políticas de seguridad”.
El doctor Ernesto Villanueva señala que
en Méxic el uso de armas es un asunto controversial, pues mientras el
Artículo 10° constitucional sostiene el derecho a poseer armas para la
legitima defensa, “habitualmente se entiende ilícita dicha práctica por
las restricciones que establece la ley reglamentaria; pese a lo
anterior, en México mueren 122 personas por cada millón de habitantes a
causa del tráfico ilegal de armas”, apunta.
En México opera exactamente lo contrario
de la Segunda Enmienda de Estados Unidos, que se vio reflejada en el
artículo décimo de la Constitución de 1857, incluso más protegido,
porque expresa el derecho de los habitantes a poseer y eventualmente a
portar armas para su legítima defensa, lo cual también se contempla en
la Constitución de 1917.
Sin embargo, la ley reglamentaria del 10
constitucional, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es
contradictoria, porque establece restricciones como el calibre menor a
.9 milímetros, cuando la idea de tener un arma de fuego, pues es que
tenga capacidad de contención frente a un eventual agresor.
Otro obstáculo en México, dice el
catedrático de la UNAM, es que una vez obtenido el permiso de portación,
se tiene que estar sometiendo cada año a revisión, es una ley muy
estricta que contradice el 10 constitucional y prácticamente no permite
el uso de amas por los ciudadanos y los deja a disposición de policías
vinculados con el crimen organizado, que se nutre de armamento de
exagentes de las fuerzas del orden, lo cual coloca en un estado de
indefensión a la sociedad.
Aclara que eso no significa que la
posesión de armas sea la solución al problema de la violencia en México,
pero sí vulnera el derecho humano de los ciudadanos a poseer armas para
su legítima defensa.
En México hay 350 mil armas en posesión
de igual número de habitantes y en portación hay no más de 20 mil
permisos, lo cual considera que es muy poco comparado con Estados
Unidos. Mientras que la cifra negra es de una proporción de 3 a 4,
porque la mayor parte de la gente que tiene arma en su casa desconfía en
las autoridades y por tanto no la registra.
Sin embargo, sostiene que si bien en
México estamos diametralmente al lado opuesto al del vecino país, el
tener tantas restricciones en el uso de armas ha generado que entre la
sociedad, incluyendo el crimen organizado, no haya control alguno y la
Sedena, como no sabe si ya está registrada una arma, no tiene un
mecanismo de comparabilidad ni sabría si una arma determinada se usó o
no en un delito.
Ernesto Villanueva reivindica el derecho
de los mexicanos a poseer armas. “En México el derecho de posesión y
portación de armas de fuego es un derecho humano protegido por el
artículo 10 de la Constitución. Sin embargo, este derecho fundamental es
el hermano incómodo de los derechos humanos por su incomprensión, por
prejuicios y por conveniencias políticas”.
Refiere que con un proceso de
inseguridad en crecimiento, con más de 150 mil muertos en una guerra que
el gobierno ha convertido en una espiral de violencia, no se debe
omitir la discusión de cómo las personas de a pie pueden hacer algo para
defender su vida, la de los suyos y su patrimonio en el marco de la
Constitución.
Mario D. Camarillo Cortés, catedrático
de la UNAM, señala que de acuerdo con cifras del Centro para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y de organizaciones de
salud estadunidenses, de los 33 mil decesos anuales registrados con
armas de fuego en Estados Unidos, más de 20 mil son suicidios, de los
cuales 16 mil involucran a varones y 4 mil a mujeres.
Reportes publicados cada año para
evaluar las tendencias sobre muertes por armas de fuego, refieren que el
primer dato sorprendente es que, aunque los medios de comunicación se
centran siempre en los casos de tiroteos, terrorismo o violencia
policial, lo cierto es que la mayor parte de los fallecimientos no son
otra cosa que suicidios.
El articulista de La Crónica indica que
los periódicos The New York Times y The Washington Post refieren que de
acuerdo con un estudio de 2016 de la CDC, el suicidio en EU se ubicó
como la décima causa de muerte en el país, con más de medio millón de
decesos durante los años 2001 y 2015.
José Réyez
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