Exigen resarcir daños a indígenas que perdieron la vista tras cirugías promovidas por Fundación Cinépolis

El presidente de la la Fundación No Más Negligencias Médicas, Fernando Avilez Tostado. Foto: Especial

 

PROCESO 

 

Por La Redacción , 10 diciembre, 2017 Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente de la la Fundación No Más Negligencias Médicas, Fernando Avilez Tostado, pidió la mediación del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y del Congreso del Estado de esa entidad para atender a los indígenas que perdieron la vista a consecuencia de una mala praxis médica realizada por una clínica privada contratada por la Fundación Cinépolis para su programa “Del Amor Nace la Vista” en 2015.
El viernes pasado, la Fundación No Más Negligencias Médicas entregó en el Palacio de Gobierno y al Congreso, sendos oficios dirigidos al gobernador Carlos Joaquín González y al presidente de la Mesa Directiva, diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, para solicitarles su intervención a fin de mediar frente al Poder Judicial de Quintana Roo los daños a las víctimas.

Recordó que en ese año, dicha fundación inició su campaña en esta entidad con el propósito de devolver la vista a personas de sectores más vulnerables de la sociedad (en este caso indígenas mayas) que padecen ceguera por catarata, para ello contrató los servicios de la clínica denominada Instituto de Salud Visual (ISVI) para realizar operaciones oftalmológicas.
Precisó que después de las cirugías practicadas, los pacientes –todos ellos adultos mayores– padecieron graves infecciones intraoculares, producto de mala asepsia en quirófanos e instrumental médico que derivó en dos casos en la pérdida de los globos oculares y el resto con la ceguera en uno de sus ojos, además de graves consecuencias para su salud.

A partir de esa fecha, agregó el ombudsman de la salud, se inició una serie de demandas legales contra la Fundación Cinépolis, la Secretaría de Salud Estatal y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Quintana Roo –durante el gobierno de Roberto Borge Angulo (hoy preso)– que tenían la responsabilidad y obligación de verificar que el Instituto de Salud Visual (ISVI) contara con la certificación, capacidad técnica y profesional para llevar dichas cirugías.
A consecuencia de estos acontecimientos, acotó, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instruyó a la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud quintanarroense suspender en su totalidad las actividades realizadas en esta clínica y brindar atención médica a los afectados.
Además, como parte de las acciones que tomó la Cofepris, determinó colocar sellos de suspensión de actividades e inició una investigación para deslindar responsabilidades por las presuntas malas prácticas en las cirugías de cataratas. Finalmente, clausuró e impuso una multa –que pudo superar un millón de pesos– a dicho establecimiento.
A dos años de estos hechos, lamentó, los afectados han sido olvidados tanto por la Fundación Cinépolis y las autoridades de Quintana Roo, encabezadas en ese año (2015) por el exgobernador Roberto Borge Angulo.
La Fundación No Más Negligencias Médicas hizo un llamado al director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, así como al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que las víctimas sean atendidas, ya que muchas de ellas se encuentran con un grave deterioro en su salud y económico.
El ombudsman de la salud recordó que existe una demanda legal en tribunales administrativos, pero la saturación de expedientes y la falta de administradores de justicia especializados en Derecho a la Salud, han empantanado la aplicación de la justicia.
“Estos hombres y mujeres podrían perder la vida antes de obtener justicia y una justa indemnización para resarcir los daños sufridos a su salud”, lamentó Avilez Tostado.

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