Del indio sin alma al indígena sin cultura: respuesta a GMI Consulting
Cuando los
europeos descubrieron para sí el “Nuevo Mundo”, se preguntaron con
insistencia si sus pobladores tenían alma. Como su primer impulso fue
responder con una negativa, el papa Pablo III tuvo que dictar en 1537 la
bula Sublimis Deus para que la naturaleza racional de los
indios fuera oficialmente reconocida. Esto significaba reconocer tanto
su capacidad como la necesidad de ser cristianizados y, en consecuencia,
su derecho a ser respetados como seres libres y con facultades para
ejercer el dominio sobre sus propiedades. Por esta razón, los indios
fueron declarados vasallos libres de la Corona y sujetos al pago de
tributos. En forma paralela a este proceso se desarrollaba una intensa
explotación del trabajo indígena en todos los órdenes de la economía,
particularmente en la explotación minera para obtener oro y plata. Los
mineros españoles, con la técnica del socavón, extrajeron 191 mil 835
kilos de oro –casi 200 toneladas– entre 1521 y 1830. En cambio, en tan
sólo en 10 años –entre 2000 y 2010–, las empresas modernas, con métodos
devastadores de la naturaleza como la técnica del tajo abierto, han
extraído más de 400 toneladas: 419 mil 97 kilogramos de oro [1].
Durante el periodo colonial, dice Lidia
Gómez García [2], con el establecimiento de la República de Indios, la
figura jurídica del cabildo de indios que ejercía funciones de gobierno
bajo la supervisión de un corregidor o alcalde mayor, le dio al concepto
de “indio” un sustento legal, formalmente establecido durante los
primeros años del virreinato. Después de largas discusiones sobre los
derechos que debía otorgarse a los nativos de América, se decidió
considerar jurídicamente al indio como menor de edad, definición que le
concedió el derecho a ser protegido por la Corona Española frente a los
abusos de los españoles colonizadores. La definición de indio, en
consecuencia, no correspondía a una clasificación racial, sino a un
estado jurídico y su reconocimiento como “sujeto de derecho”, aunque, en
realidad, las diferencias con los pueblos indios no se asumieron como
una diferencia cultural sino racial, lo que implicaba una discriminación
mayor pues se les prohibió el trato con los españoles, no podían usar
la vestimenta europea, ni tener caballos con silla y freno y tampoco
armas. Es decir, el indio novohispano fue, sobre todo, una construcción
racista de los europeos. En México, desde la conquista se convirtió en
el nombre del habitante que antes y siempre había
vivido en este Continente porque el concepto no provenía, dice Carlos
Montemayor [1], del sujeto mismo a quien se aplicaba, sino de la
sociedad que lo conquistaba. A partir del siglo XVII, cuando la palabra
indio aparece en los diccionarios europeos, ya está impregnada de una
serie de significados despectivos forjados en la imaginación de los
colonialistas: bárbaro, cruel, grosero, ignorante, inhumano, aborigen,
antropófago, natural y salvaje. El primer Diccionario de la Real Academia Española, publicado en 1726, agregó otros calificativos despectivos: tonto y crédulo.
En 1798, el Diccionario de la Academia Francesa introdujo una importante modificación al emplear la palabra indígena,
que comenzó a utilizarse para nombrar a quienes nacen en una región
específica. Si utilizáramos esta palabra en un sentido amplio, indígena
sería tanto un parisino nacido en París, como un ixtacamaxtitleco nacido
en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Esta acepción la
conserva el Diccionario de la Real Academia Española en la
actualidad. Estrictamente hablando, entonces, son comunidades indígenas
las comunidades campesinas asentadas desde hace siglos en la región de
Ixtacamaxtitlán. Como el significado del término indígena es tan amplio,
se ha optado últimamente por emplear el concepto de “pueblos
originarios” para referirnos a los descendientes de las antiguas
culturas que ocupan ancestralmente un territorio.
En buena medida, las políticas
indigenistas de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI son una
continuación de las políticas coloniales de los Austrias, los Borbones y
las Cortes de Cádiz, con las modificaciones que cada época fue
implementando. Pero en el centro de las políticas del Estado (sea la
Corona Española, la República Independiente o el Estado moderno) siempre
ha estado la relación de los indígenas con su tierra y su territorio,
que ha sido concebido desde los remotos tiempos precolombinos como un
ser vivo, como un ámbito sagrado habitado por los hombres al que debe
retribuírsele ritualmente de diversas maneras porque de él se obtienen
los mantenimientos indispensables para gozar del bienestar que un
ambiente saludable ofrece. Pero ha sido siempre esta reciprocidad con la
tierra, el cielo y el inframundo lo que ha causado la incomprensión de
los conquistadores, que han visto en ello desde actos demoniacos hasta
costumbres reprobables por estar sustentadas en una supuesta ignorancia.
La relación con el mundo natural ha sido vista por los conquistadores,
desde Cristóbal Colón y Hernán Cortés hasta la trasnacional Monsanto y
las mineras modernas, como un recurso susceptible de ser explotado al
máximo, cueste lo que cueste, porque promete jugosas ganancias para los
inversionistas. De manera que a los ojos de los empresarios, cuya lógica
responde exclusivamente al incremento de una ganancia, un territorio y
su población consiste únicamente en un espacio que debe ser sometido a
la mercantilización de la naturaleza y a la cosificación de los humanos.
No hay plantas, ni animales, ni agua y aire puros, ni tierra que
produzca alimentos saludables, ni vida apacible y digna de las
comunidades que importe, todo ello debe someterse a la implacable ley
del capital.
Aunque el equipo de GMI Consulting no ha
informado aún cuál fue el procedimiento de su investigación, algo que
esperamos den conocer pronto, se les puede juzgar si atendemos a sus
conclusiones. Parodiando un precepto bíblico podríamos decir: “Por sus
conclusiones los conoceréis”. La conclusión a la que ha llegado el
equipo de la consultora GMI Consulting, contratada por la minera
canadiense Almaden Minerals, es insólita por su cinismo, pero explicable
por la trayectoria ideológica a la que se debe. La conclusión a la que
ha llegado este equipo es que las comunidades indígenas no existen en el
entorno donde se desempeñarían las actividades de extracción de oro a
cielo abierto y, en consecuencia, no hay a quién consultar, como obliga
el marco internacional y la ley constitucional. Y obliga a una consulta
“libre e informada”, no a una simulación de consulta, como se pretende
hacer ahora, induciendo la voluntad de la gente con obsequios, engaños y
promesas, visitas guiadas a otras minas para mostrar que son inocuas y
demás ardides para lograr su objetivo.
Lo que ha hecho la empresa GMI con una
supuesta metodología científica (que en realidad es la aplicación de un
método que intenta una especie de etnocidio cultural al desconocer
deliberadamente usos y costumbres que responden a una tradición
indígena) es colocar a la compañía minera en una situación ideal para
justificar que el Estado no realizó la consulta a la población que se
vería afectada con la devastación de la naturaleza, que implica la
extracción de oro mediante métodos que envenenan la tierra y el agua y
destruyen no sólo la belleza natural del lugar, que merece un mejor
futuro, sino que impactan negativamente en la flora, fauna y vida humana
saludable, como lo demuestra puntualmente el libro de Paul Hersch al
analizar la perniciosa instrumentación de estos métodos en Carrizalillo,
Guerrero, y en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, por la minera
San Xavier, que sacaba del manto freático 16 millones de litros de agua
al día, para mezclarlos con 16 toneladas de cianuro. Esta compañía
utilizaba 25 toneladas de explosivos diarios creando ya un cráter de 67
hectáreas.
Desaparecer “metodológicamente” a las
comunidades indígenas en Ixtacamaxtitlán es la versión actual de un
ideal liberal del siglo XIX personificado por el doctor José María Luis
Mora, cuando propuso al Congreso de la Unión, en 1824, que sólo se
reconocieran en la sociedad las diferencias económicas y que
desapareciera la palabra indio del lenguaje oficial, es decir, que se
declarara, por ley, la inexistencia de los indios. Quienes comulgaban
con esta estupidez comenzaron a llamar a los pueblos originarios “los
antes llamados indios”. Es sabido que el pensamiento liberal se opuso
frontalmente a la orientación comunal de la propiedad. La consecuencia
de esta política fue el apoderamiento privado de las tierras de estos
pueblos lanzando millones de hectáreas al mercado, de donde surgieron
los inmensos latifundios y el trabajo semifeudal de los peones
acasillados en las haciendas del porfiriato. ¿Debo recordar que esta
situación provocó la violenta irrupción de la revolución mexicana y la
restitución a lo largo de varias décadas de las tierras comunales, vía
el ejido, a los pueblos originarios que las demandaban?
En febrero de 2017 se publicó un minucioso informe titulado Minería
canadiense en Puebla y su impacto en los derechos humanos. Por la vida y
el futuro de Ixtacamaxtitlán y la Cuenca del Río Apulco. Sus
autores, Alejandro González, Tamar Hayrikyan, Patricia Legarreta, Mayeli
Sánchez, Julieta Lamberti, Oscar Pineda, Silvia Villaseñor, Alejandro
Marreros y Esmeralda García forman parte de las organizaciones IMDEC,
Poder, CESDER y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la
Tierra, al Agua y la Vida, Atcolhua. Se trata de una investigación
cuidadosa y muy bien sustentada que pinta de cuerpo entero a la minera
Almaden Minerals como perniciosa en sus procedimientos administrativos y
en sus afectaciones ambientales, que ha impactado negativamente en los
derechos humanos en México y otros países. Tengo la certeza de que la
minera canadiense recurrió a la empresa GMI Consulting para
contrarrestar la demoledora crítica que llevaron a cabo estos colegas.
En las próximas semanas instalaremos en
el auditorio de Ixtacamaxtitlán la exposición itinerante que han
organizado los antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia-Morelos, que muestra los daños que la minería a cielo abierto
causa al medio ambiente y a la salud humana. Es un buen espacio para
tener también un debate con el equipo de investigación de GMI
Consulting. Están cordialmente invitados a participar en una mesa
redonda donde analicemos tanto la existencia de comunidades indígenas en
la región, como los perjuicios irreversibles que puede causar la
minería. Si aceptan debatir con nosotros háganlo saber por este medio
para ponernos de acuerdo en los términos de la discusión.
Referencias:
-
Hersch, Paul; El oro o la vida. Patrimonio cultural y megaminería: un reto múltiple, INAH, 2015.
-
Gómez García Lidia; La construcción del Estado nacional desde la perspectiva de los pueblos indios en Puebla, Educación y Cultura-BUAP, México, 2010.
-
Montemayor, Carlos; Los pueblos indios de México hoy, Planeta, México, 2001.
Julio Glockner*
*Antropólogo egresado de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia. Co-fundador del Colegio de
Antropología Social de la UAP. Autor de Los volcanes sagrados. Mitos
y rituales en el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl; Así en la tierra como
en el cielo. Pedidores de lluvia del volcán; Mirando el paraíso y La
realidad alterada. Drogas enteógenos y cultura. Investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP
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