DIRECTIVOS PEMEX y CFE PROVOCAN PÉRDIDAS MULTIMILLONARIAS
Por sus malas decisiones de inversión : Auditoría Superior de la Federación
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En el Informe General Ejecutivo
Cuenta Pública 2016, que entregó la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) en marzo de 2018 en la Auditoría Superior de la Federación al
Senado de la República y que se publica en la gaceta parlamentaria,
acusa a los directivos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de Comisión
Federal de Eectricidad (CFE) de tomar decisiones de inversión que le
provocan pérdidas a la nación y a esas empresas productivas, a
continuación publicamos textualmente los detalles proporcionó:
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Algunas de las revisiones practicadas por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a PEMEX y a la CFE indican que
los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no
reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano.
La ley correspondiente que norma a estas empresas productivas del
Estado, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención
de utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados
financieros positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su
conjunto.
Sin embargo, en forma sintética, se apuntan
cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones
tendientes al logro de dicho objetivo, ya que en un conjunto de
operaciones trascendentes para las empresas, se ha constatado que hubo,
desafortunadamente, resultados negativos.
El marco legal y regulatorio que rige la actuación de ambos entes es
claro en cuanto a que éstas deben disponer de un ambiente de autonomía
en la toma de decisiones, bajo un esquema de negocios sustentado en una
visión de gobierno corporativo. Resulta relevante destacar, por ejemplo,
que el concepto de gobierno corporativo que emplea PEMEX considera la
adopción de decisiones empresariales económicamente viables y
favorables.
En contraste con lo anteriormente expuesto,
los resultados de las revisiones de la ASF constatan que las empresas
productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como
consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica,
la ASF identificó que, en cuanto a la adquisición del Grupo Fertinal,
por parte de PEMEX, se registró una pérdida integral neta de más de 565
mdp (auditoría 468-DE)
La transacción se
realizó considerando que se adquiría un negocio en marcha que contaba
con sinergias en las distintas etapas de su operación. Sin embargo,
debido a diversos factores, el resultado fue negativo.
Entre ellos
destaca la 54 Auditoría Superior de la Federación 2018 información
disponible sobre las valuaciones del capital que se adquiría de Fertinal
(con base en un due diligence financiero) a las que tuvo acceso el
Comité de Estrategias e Inversiones de PEMEX, para tomar la decisión
correspondiente.
Las mismas consideraciones son aplicables en
el caso de la reactivación de la cadena productiva del Acrilonitrilo
(auditoría 470-DE) en donde el potencial del negocio está limitado, toda
vez que PEMEX-Etileno no ha definido un plan de acción renovado en
cuanto a la utilización de los activos y el personal del Complejo
Petroquímico Morelos Unigel.
Por su parte, en cuanto a la contratación y
suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI (auditoría
1800-DE), la ASF identificó que PEMEXTransformación Industrial (PTI)
incurrió en pérdidas por más de 1,900 mdp, toda vez que el precio al que
vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de
transportación incurridos.
De la misma
forma, el Consejo de Dirección de PEMEX aprobó la adjudicación directa
para la contratación del servicio relacionado con el mantenimiento de la
capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de
Salamanca y Tula (auditoría 479-DE), la cual presenta problemáticas que
se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización
practicada, por un monto de más de 1,178 mdp.
En esta revisión han quedado de manifiesto
los riesgos que enfrenta la empresa, en cuanto a la utilización de los
recursos que se asignan para este tipo de proyectos, toda vez que la
normativa que rige a PEMEX es más laxa que la federal. Estas condiciones
propician un ambiente de discrecionalidad que, sin un marco de control
interno adecuado, colocan en una posición vulnerable la ejecución
eficiente de las inversiones.
Aunado a lo anterior, se han realizado otro tipo de
negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido
en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que
esa decisión haya contribuido, en la práctica, al fortalecimiento de la
posición estratégica de PEMEX. Esta situación está presente en la compra
de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas
de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz
(auditoría 438-DE).
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017.
Cabe aclarar que la ley correspondiente que norma a estas empresas productivas del Estado, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados financieros positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en forma sintética, se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro de dicho objetivo, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes para las empresas, se ha constatado que hubo, desafortunadamente, resultados negativos.
A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran la problemática identificada. • Adquisiciones de complejos industriales no vinculadas directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado; como son los casos de las plantas de fertilizantes Agro Nitrogenados y de tipo fosfórico.
• Enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de este tipo de empresas –rentables y productivos– para superar problemas temporales de liquidez, pero que posteriormente su utilización debe ser pagada en condiciones desfavorables; como son los casos de venta de gasoductos en operación.
• Contrataciones a largo plazo para suministrar insumos para la operación de otras cadenas productivas con precios de referencia muy por debajo de los de mercado internacional; como son las obligaciones de suministro de etano y coque. • Contrataciones a largo plazo para obtener insumos para las empresas productivas con precios que difícilmente se traducen en ganacias; como es el caso de adquisiciones de energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios.
• Adjudicaciones para mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas emergencias, autorizan precios unitarios fuera de mercado; como es el caso del mantenimiento de la Refinería en Tula, Hidalgo.
Fuente
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017.
Cabe aclarar que la ley correspondiente que norma a estas empresas productivas del Estado, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados financieros positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en forma sintética, se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro de dicho objetivo, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes para las empresas, se ha constatado que hubo, desafortunadamente, resultados negativos.
A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran la problemática identificada. • Adquisiciones de complejos industriales no vinculadas directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado; como son los casos de las plantas de fertilizantes Agro Nitrogenados y de tipo fosfórico.
• Enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de este tipo de empresas –rentables y productivos– para superar problemas temporales de liquidez, pero que posteriormente su utilización debe ser pagada en condiciones desfavorables; como son los casos de venta de gasoductos en operación.
• Contrataciones a largo plazo para suministrar insumos para la operación de otras cadenas productivas con precios de referencia muy por debajo de los de mercado internacional; como son las obligaciones de suministro de etano y coque. • Contrataciones a largo plazo para obtener insumos para las empresas productivas con precios que difícilmente se traducen en ganacias; como es el caso de adquisiciones de energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios.
• Adjudicaciones para mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas emergencias, autorizan precios unitarios fuera de mercado; como es el caso del mantenimiento de la Refinería en Tula, Hidalgo.
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